Montoro, de Guindos y la Ley del embudo

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Luis de Guindos, a la izquierda, y Cristóbal Montoro en el último pleno del Congreso de los Diputados. / Chema Moya (Efe)

La penuria no es causa absolutoria de la arbitrariedad, salvo para los imitadores de El Príncipe de Maquiavelo. Como no es el caso de Mariano Rajoy, que no deja de insistir en la búsqueda de la verdad y la coherencia como los vectores que impulsan la fuerza moral de su Gobierno, deberemos achacar las contradicciones que afectan a sus dos principales ministros económicos a un misterio que entre todos tendremos que desentrañar. Para estas pesquisas detectivescas les propongo la utilización de la Ley del embudo, a tenor de la cual lo que es ancho para el Gobierno resulta muy estrecho y difícil de digerir para los contribuyentes. Aunque, con el mismo objetivo de averiguación del supuesto misterio, podemos jugar al juego de Luis de Guindos, alias El Bueno, y de Cristóbal Montoro, que aquí, a simple título gnoseológico, será conocido como El Malo. Quien sea El Feo se sobreentiende.

El Bueno, en su condición de ministro de Economía y Competitividad, ha sido el promotor del Real Decreto-ley 2/2012, de saneamiento del sector financiero. Con esta norma no ha tenido empacho en reconocer el fuerte declive que ha sufrido en los últimos años el valor de mercado de los bienes raíces, pese a lo cual “hasta ahora no se han adoptado previsiones conducentes a lograr el saneamiento de los balances de las entidades de crédito afectados negativamente por el deterioro de sus activos vinculados al sector inmobiliario”. Como esta situación, que atenta contra la credibilidad y la confianza en el sistema bancario español, no podía prolongarse más, El Bueno ha obligado a las entidades financieras a provisionar sin demora las pérdidas correspondientes a sus carteras inmobiliarias para garantizar su solvencia, restablecer los precios reales en el mercado inmobiliario y contribuir a la recuperación del crédito imprescindible para la actividad económica. Y además lo ha hecho imputando los costes de la operación íntegramente al sector financiero. Se trata de que la contabilidad bancaria se ajuste al menor valor de la propiedad inmobiliaria, especialmente en lo que afecta al valor del suelo, cuya caída ha sido de órdago. En los dos Anexos al Decreto-ley pueden consultarse las provisiones (con porcentajes de cobertura, según la clase y la antigüedad de los activos inmobiliarios, que oscilan entre el 20% y el 60%), cuya contabilización, dada la gravedad de la crisis, deberá hacerse de forma inmediata, “de modo que, antes del 31 de marzo, [las entidades financieras] habrán de presentar al Banco de España su estrategia de ajuste para dar debido cumplimiento al ejercicio de saneamiento”.

No sé si tendrá éxito o no la reforma de Luis de Guindos, pero no creo que nadie pueda negarle el baño de realismo inmobiliario con el que ha regado los balances bancarios para que sus dueños recuperen la buena costumbre de la higiene y el aseo cotidianos. Los bancos y cajas de ahorros tendrán que inmovilizar 52.000 millones de euros para respaldar el deterioro de sus terrenos y edificios. Lo que más llama la atención es la exigencia legal relativa al suelo, debiendo dotarse como porcentaje de cobertura el 60% del valor en libros de los terrenos para promoción inmobiliaria recibidos por los bancos, siendo nada menos que el 80% de su valoración el equivalente al exceso adicional de capital con el que ahora deben reforzarse muchas entidades para cumplir el nivel mínimo de su capital principal.

¿Y qué hace mientras tanto El Malo?, ¿a qué dedica su tiempo libre? Pues a ejercer su poder como ministro de Hacienda, el que le da el ser dueño absoluto y señor del valor catastral de los inmuebles urbanos. Un poder que ejerce a la contra y a base de codazos, como si fuera el mismísimo Pepe del Real Madrid, C.F. Montoro es el defensa central del equipo de Rajoy, el poli malo que mantiene las subidas espectaculares (como ha sucedido este mismo año en Madrid) de los valores catastrales del parque inmobiliario nacional, pese a su depreciación continua desde el año 2008 (como el mismo Gobierno reconoce en el artículo 8 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre). Con esta actitud se permitirá injustamente la (im)pertinente “mordida” de todas las Haciendas Públicas. En el IRPF (régimen de imputación de rentas inmobiliarias), en el Impuesto sobre el Patrimonio ahora redivivo, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones… Pero lo que más insulta a la inteligencia común son los nuevos recargos extraordinarios del Impuesto sobre Bienes Inmuebles durante los años 2012 y 2013, que se acumularán a las cuotas ordinarias, ya de por sí incrementadas en muchos municipios como consecuencia de las nuevas ponencias de valores. Miento. Lo más monstruoso es la irracionalidad actual de la llamada plusvalía municipal, un tributo que no admite, teórica y legalmente, el cómputo de una eventual depreciación efectiva del suelo, pese a que en la reforma financiera, como hemos visto, se obliga a los bancos a reflejar en sus balances una pérdida efectiva del 60%-80% de su valor oficial. En la última revisión catastral de Madrid, por ejemplo, el promedio del alza del valor catastral del suelo duplica con creces los valores anteriores.

En el ordenamiento tributario español todos los impuestos que gravan la propiedad y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles determinan sus bases imponibles de acuerdo con su valor real o, al menos, lo utilizan como término de referencia. Abdicar de este principio, incrementando los impuestos sobre unos bienes cuyo valor se ha depreciado con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, además de denotar muy poca imaginación (todos los Gobiernos gravan a modo el ladrillo, lo mismo da si baja como si sube), demuestra también falta de coraje para buscar los necesarios recursos públicos allí donde se manifiesta en todo su esplendor la posesión de la riqueza nacional. En sectores, por ejemplo, como el consumo de bienes de lujo, cuyas ventas han aumentado un 15% en el último año. O, respecto al Impuesto sobre Sociedades, en todo lo que afecta a la deducibilidad de las retribuciones de los administradores sociales. La lista podría ser demasiado larga. Algo habrá que hacer. Todo menos poner, como hace Rajoy, una vela a Dios y otra al diablo. Y, ojo, porque llegan los Presupuestos. ¿Los Presupuestos del ministro de Guindos o los de Cristóbal Montoro? ¿Los del doctor Jekyll o los de misterr Hyde?

1 Comment
  1. ANTONIO ORDOÑEZ says

    CUADRAR LAS CUENTAS
    El déficit público se nos dispara al 8,51 % del PIB, en lugar del 6 comprometido con Bruselas, sobre todo por culpa de las comunidades autónomas. Está claro y coinciden todos, políticos y analistas, hay que aumentar los ingresos y reducir gastos.
    Para aumentar ingresos y una vez que el IRPF ha subido para el común de los mortales con nómina es hora de que paguen más los ricos. La carga fiscal para los que cobran 300.000 euros al año, cayó el 37,6% en los últimos 15 años, mientras que los que cobran 50.000 euros, lo hizo el 2,3%, (16 veces menos) según Alberto Montero, presidente del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS).
    Sería deseable que los ricos pagasen la subida a titulo voluntario, como hacen otros países de Europa, pero eso aquí, en el país con el mayor fraude fiscal del viejo continente, no parece posible. Eso sin contar con los que no pagan los impuestos en nuestro país, como son la mayoría de artistas y deportistas de élite. A los que hay que añadir, para completar esta injusta situación, el sector empresarial que como botón de muestra tenemos el reciente conocido caso Zara, pero que son muchas más y deberíamos conocerlas. Pero lo que si conocemos es que pagar, lo que se dice pagar, los que tienen nómina.
    En cuanto a recortar gastos, hay más tela que corta, que la de los funcionarios, la sanidad o la educación.
    ¿Es necesario el Senado?. Noruega, Suecia, Dinamarca, no lo tienen, nosotros tenemos 260 senadores.
    ¿No se podría reducir el cuerpo diplomático?, España gasta más que Alemania y El Reino Unido juntos.
    Y porqué se ha parado el debate abierto en las elecciones de suprimir las Diputaciones Todo no va ser cerrar hospitales y guarderías…., o reducir pensiones y gastos sociales.
    Lo razonable es que una democracia tenga los suficientes instrumentos o instituciones para que sean útiles al pueblo y eso dentro del paraguas constitucional, dándoles protagonismo de auto gobierno a las 17 comunidades autónomas, lo que se dio en llamar café para todos. Pero creo que se nos fue la mano y hemos creado una red de instituciones duplicadas y a veces triplicadas con la del Estado, todas las instituciones reproducidas 17 veces, que tendríamos que replantearnos, porque su coste económico es brutal.
    ¿Cuántos organismos y por tanto nóminas de políticos y personal inscritos a ellos nos sobran por costosos e ineficaces? (Ayuntamientos pequeños, diputaciones, institutos de la juventud, deportes. mujer… y consejos varios, departamentos de empleo, etc., etc…).
    ¿No se podría reducir el número de escaños en los distintos Parlamentos (Nacional, Europeo, de Nacionalidad o Región, Provinciales)?.
    Con todas estas medidas, desaparecería el déficit y tendríamos superávit. Porqué los políticos piensan en los sacrificios ajenos y no en los propios.

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