Dilemas fiscales y de los mercados

Los últimos días ha cundido el temor a que  los mercados castigarán a España la semana entrante por suavizar el objetivo europeo de reducción del déficit para el 2012, e incluso algunos ultraliberales han aseverado que ese será el precio del error de Rajoy. Ambas opiniones parten de premisas falsas. No hay tal error: aspirar a planes de austeridad más duros sería imposibilitar incluso el nuevo objetivo de déficit, conducir a la economía española a una tragedia como la griega, y desperdiciar los ingentes recursos próximos al 20% del PIB español ya adelantados por el BCE para facilitar la renovación de la deuda pública y privada en el curso mas difícil de la historia.

A quienes les parece poco esfuerzo deberían sumar los importes de las operaciones de reducción de deudas públicas preparadas por Montoro desde Hacienda, De Guindos desde Economía y Soria desde Industria: casi 30.000 millones de déficit público, 35.000 millones de pagos en mora a anticipar a los proveedores de ayuntamientos y comunidades, 52.000 de saneamientos bancarios, 24.000 del déficit tarifario eléctrico, 15.000 sanitarios. Total: 156.000 millones, casi el 16% del PIB anual,  sin contar con el ajuste adicional de 8.400 millones que provocará la propia recesión. Sí, salvo las primeras son para varios años y no tienen  que generar aumentos de ingresos o reducciones de gastos, porque los 35.000 y los 15.000 ya eran deuda periférica que ahora financiarán los bancos cinco años y el ICO otros cinco, los 24.000 vienen de la deuda también reconocida desde los años noventa a las eléctricas a cargo de futuras subidas de la luz, y los 52.000 son provisiones a cargo de menores beneficios para sanear la cartera inmobiliaria de la banca también acumulada desde los noventa. Y el efecto del anticipo de deudas será algo expansivo: paliará el carácter contractivo de los demás en la actividad y el empleo a corto plazo.

¿Qué agente de los mercados puede pedir mas sin pasar directamente a nutrir la creciente masa de locura del actual capitalismo global? Afortunadamente, las dos lineas de opinión que abren esta pieza son minoría, al menos entre cerca de 300 economistas españoles que participamos en el ultimo consenso de PWC: para el 56%, la política de ajuste podría llegar a fracasar si no coincide en el tiempo con medidas que incentiven el crecimiento económico, para lo cual es mas importante recuperar el crédito que reducir el déficit público. La de no demorar mas el pago de las deudas públicas resulta, aunque necesaria, escasamente incentivadora, porque tras cuatro años de iniciarse la crisis el crédito sigue y seguirá ausente, pese a que en las dos subastas últimas los bancos españoles han recibido del Banco Central Europeo (BCE) para los tres próximos años y al 1% mas de 200.000 millones de euros (un 20% del PIB anual en cifras redondas), a fin de aliviar los efectos negativos de la reducción de deuda por parte de administraciones, empresas y familias.

Déficit y deuda pública

La encuesta de PWC reafirma que el problema principal de la deuda española se centra en el sector privado. Un 66% opinamos que la deuda del sector público es poco o muy poco significativa. Y, del conjunto de esa deuda pública, son las de las Autonomías y Ayuntamientos, a partes iguales, las que menos  esfuerzo o interés aplican para reducir su volumen. Más del 77% creemos que han sido las promesas electorales del año pasado las que han impedido tomar decisiones. ¿Recuerdan la serie de este blog sobre la inicial ausencia de debate real en la campaña autonómica y munipal?. Mi sospecha de junio del 2011 sobre que al final el Estado tendría que acudir a rescatar a las administraciones territoriales ya es un hecho. Propaganda política aparte, de ahí y del déficit tarifario viene la llamada “herencia recibida”, como reconocen las propias cifras del Gobierno de Rajoy: la Administración Central ha tenido un déficit del 5,1% (4,8% previsto), atribuible a la mayor desaceleracion del PIB y del empleo; las Comunidades Autónomas, el 2,94% del PIB, contra el 1,3% previsto; las corporaciones locales el 0,38% del PIB, 0,08 puntos por encima de la cifra estimada inicialmente. Por último, la Seguridad Social terminó con un déficit de 995 millones, el 0,09% del PIB, ante un superávit que se auguraba del 0,4%.

Mas polémicas son las causas de estas desviaciones territoriales. En el consenso de PWC, el 41% de las respuestas atribuyen como factor más importante del déficit y del consiguiente exceso de deuda a los menores ingresos, mientras que al  descontrol en el gasto se apuntan el 81%, quizá por no tener suficientemente presentes los efectos del fraude y la corrupción fiscal y laboral, así como de la falta de transparencia y control del gasto público. Sólo para un 10% de las respuestas el empeoramiento de la coyuntura económica ha tenido poca o ninguna importancia en la evolución de la deuda respecto de lo previsto.

Por contra, a quienes preconizan mayores ajustes presupuestarios y de otro tipo les debe parecer poco que el PIB español vaya a reducirse durante este año otro 1,7% adicional al mas del 3% del 2009, cuando empezaron a hundirse los ingresos por la menor actividad, el menor empleo y el aumento de la economía sumergida y del fraude. No les basta con reducir el consumo publico casi el 12% y enviar al paro a otras 630.000 personas, con la consiguiente reducción de riqueza colectiva, recorte de ingresos y aumento de gastos públicos.

Por si les queda duda del efecto contrativo que tendrá el anunciado ajuste presupuestario público desde el 8,5 al 5,8% del PIB (los citados 30.000 millones inicialmente previstos antes de la prorroga presupuestaria), deben de ver que su demora parece haber provocado una menor caida de la actividad económica en el primer trimestre, pese a lo cual el paro se ha disparado hasta hacer previsibles los 6 millones este mismo año. Por tanto, como los presupuestos se anuncian para después de las elecciones andaluzas y tardan normalmente en ser debatidos tres meses, concentrarán su impacto restrictivo en la segunda mitad del año. Detraer en solo seis meses ese 2,7% del PIB será la mayor restricción que se recuerda, por mucho que parte de ella ya se haya anticipado por la prórroga. Pero duplicarla, como precononizan los ultraliberales mas locos, nos llevaría al guines del disparate nacional. ¿Para qué? Sólo para mantener intocable el objetivo anunciado por otro Gobierno a una UE que ellos mismos se pasan también por el forro cada vez que los mercados la envisten.

No es de extrañar que el 92% de las opiniones recogidas por PWC estimemos muy o bastante adecuado el proponer una suavización del compromiso de reducción al 4,4% del nivel de deuda sobre PIB. El 51,3% de los encuestados vemos poco o totalmente inadecuado intentar cumplir con el compromiso europeo en cualquier circunstancia para reducir cualquier posible duda en la calidad de las emisiones del Tesoro de España. Una amplia mayoría del 75% de las respuestas considera como instrumento más adecuado el proyecto de ley de estabilidad aprobado por el Gobierno en enero pasado, tras la reforma constitucional que daba prioridad absoluta a los mercados. El listado de medidas de esa ley que parecen más oportunas son la obligación de aprobar un techo de gasto coherente con el objetivo de estabilidad; la posibilidad de prohibir la emisión de deuda o de sancionar a las Administraciones incumplidoras.

Mis colegas del consenso de PWC no confían en la lucha contra la economía sumergida y el fraude y la corrupción derivados del aumento de transparencia y control, aunque nada menos que el 62 % opinamos que la reducción del gasto social es poco adecuada para contener el crecimiento del déficit; los planes anunciados dias despues pasan por reducir mas el gasto que aumentaran los ingresos, y el primero sobre todo entre las comunidades autónomas (que gestionan la sanidad y la educación), por lo que descartados el desempleo y las pensiones. Frente a esas medidas olvidadas, la subida del IVA , los tipos de IRPF y del gravamen del IBI reciben el apoyo decidido del 53,6%, 45,3 % y 42,2%, respectivamente. La congelación de salarios de los funcionarios tiene el apoyo del 83,5% de  los encuestados. La implantación del copago en el acceso a la justicia es considerado como bastante o muy adecuada para el 60,8% de las respuestas. Mientras, el copago sanitario y en la educación son consideradas como medidas muy o bastante adecuadas para el 69,7% y el 18,6 %, respectivamente, de las respuestas.

Deuda pública

En lo que afecta a la deuda privada, los encuestados estiman que el mayor esfuerzo para reducir su nivel proviene del riesgo empresarial, seguido del realizado por las familias y terminando por el de las entidades financieras que, así, habrían sido consideradas por el Consenso como detentadoras de una posición de abuso dominante que habría restringido la capacidad de despalancamiento de las familias y de los agentes de la economía real. Para estos últimos, la dificultad de acceso al crédito y del deterioro de la actividad económica general habrían sido los factores que más han determinado la lentitud del nivel de desendeudamiento.

De hecho, una abrumadora mayoría del 71% de las respuestas defiende la reestructuración del sistema financiero como el mejor el mecanismo para recuperar la creación de dinero bancario frente a un 30% de la opinión que defiende el saneamiento de las finanzas públicas como la mejor precondición para que vuelva a fluir el crédito. Los panelistas creemos que las subastas de liquidez del BCE sirven fundamentalmente para que la banca cumpla con los vencimientos de la deuda propia (82, 5%) y para comprar deuda pública (57,7%). Sólo un 3,1%, de las respuestas afirman que el dinero al 1% del BCE ha servido para gestionar el flujo del crédito a la economía real. A la pregunta de si en breve podría aumentar el endeudamiento de las familias, el 64,6% de las respuestas lo cree improbable y el 42,7% piensa que es bastante probable que siga disminuyendo.

En cuanto a la posible eficacia del Proyecto de Reforma de Saneamiento de la Banca, un 60% cree que lo será suficientemente, frente al 3,1% que lo niega por completo. El 68% de los encuestados estimamos que un saneamiento de 50.000 millones de euros es más que
probablemente insuficiente para el volumen de activos dañados en el sistema. Menos mal que, a la pregunta de “si la reforma produciría una caída del precio de la vivienda”, una mayoría de las afirma que así será, con reducciones más que significativas.