Cosas que habíamos olvidado

Que el Estado puede dejar de atender sus deudas

Hasta que llegó el terremoto financiero la Ley recogía el mito de que los créditos adeudados por entes públicos no podían resultar incobrables. En consecuencia a los empresarios del sector privado no se les permitía provisionar en sus balances pérdidas eventuales derivadas de sus negocios con el sector público. El Estado era como Dios, que nunca decepciona a los creyentes. El Estado no tenía créditos fallidos ni saldos de dudoso cobro. Sin embargo, la recesión ha derrotado a la metafísica legal abriendo su primer boquete en la Ley del IVA, que ya ha reconocido la realidad: el Estado puede ser tan moroso como usted y como yo. A su vez las comunidades autónomas y los municipios son como los industriales fracasados. Están hundiendo a sus proveedores y no tienen vergüenza de explotar su ansiedad para acortar el precio de sus facturas pendientes de pago. Sus armas legales son la quita y la espera, esto es, pagar lo más tarde posible y con el mayor porcentaje de descuento. Todo ello con la protección jurídica del Gobierno. Esta pesadilla parecía imposible en la España posmoderna de Cristiano Ronaldo y Emilio Botín. Tendremos que volver a beber agua del grifo y a desempolvar los diarios de la época de la Restauración (la primera, no me refiero a la del suegro de Urdangarín), que ponía a sus funcionarios cesantes de patitas en la calle.

Que los bancos pueden dejar de cumplir su función

Nos sorprende que el crédito no llegue a las empresas y a los hogares. Los bancos toman dinero al 1% del Banco Central Europeo y lo prestan al Estado al 3% ó 4% suscribiendo deuda pública, y también a los Ayuntamientos (al 5%) para que estos últimos satisfagan sus deudas. Es un negocio redondo para las entidades financieras y una estafa al interés general, ya que el dinero no circula, sólo se embalsa dentro de un pantano a merced de unos bancos que tienen la llave de las compuertas. Toma el dinero y corre, le dicen los Gobiernos a los que son demasiado grandes para caer. Quien haya leído a Ramón Carande o a John H. Elliot recordará que lo mismo sucedía en tiempos de la Monarquía Absoluta. La falta de suficientes ingresos fiscales para cubrir los gastos de Carlos V o Felipe II obligó a la Corona a negociar con sus banqueros los famosos asientos, unos anticipos sobre las rentas ordinarias y los tributos de cualquier clase, que en última instancia iban a parar a los bolsillos de los financieros. También los juros eran otra modalidad de préstamo al Estado (generalmente al tipo de interés del 7%) vinculado a los tributos ordinarios, cuyos títulos se vendían a los banqueros en correspondencia de su financiación. Dieron lugar a una bolsa creciente de rentistas alejados de la industria y del comercio (de la economía real, como diríamos hoy), ávidos exclusivamente por poseer vales del Gobierno. Sepultando las fuentes de la inversión productiva, los juros y los asientos llevaron a la bancarrota a todo el país, incluidos sus taimados pero imprudentes banqueros.

Que las relaciones laborales pueden degenerar hasta sus raíces privadas

Con la última reforma laboral casi hemos retrocedido a los tiempos que precedieron al dictador Miguel Primo de Rivera. Antes de la crisis era un valor entendido y aceptado por todos, incluidos los empresarios, que los trabajadores tenían una voz subordinada pero activa en la gestión de la empresa. Y, que al ser la parte más débil de las relaciones industriales, sus contratos salían del marco privado de la autonomía de la voluntad y necesitaban la protección del Estado. Pero ahora el factor trabajo ha sido expulsado al mercado en condiciones precarias. Y la balanza de la Ley se inclina hacia los llamados emprendedores redistribuyendo rentas públicas a su favor en forma de deducciones fiscales y bonificaciones de la Seguridad Social.

Que la riqueza más estable puede perder su valor

Ni siquiera se lo imaginaba el propio Estado, que grava la riqueza y sus rentas con los impuestos. Llevando el absurdo hasta el nombre de sus tributos, como el denominado “Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana”, que recae sobre una plusvalía ficticia después del estallido de la burbuja inmobiliaria. Algo que es “natural” en una economía globalizada donde el Estado (al menos los medianos o pequeños, como el nuestro) es la primera de las ficciones.

Que un economista (entonces se les llamaba arbitristas) castellano de finales del siglo XVI, Martín González de Cellorigo, dijo que España era “una República de hombres encantados que viven fuera del orden natural”

Que la seguridad de la vida cotidiana (“un juego de niños”) prometida por la ideología del Estado de Bienestar es sólo una contingencia histórica y no el sueño de unos derechos adquiridos para siempre

Por tanto, despertemos de una vez.

Que “Sólo ante el peligro” no es una película del Oeste