Mariano Rajoy, campeón de slalom fiscal (o la frivolidad de un presidente)

Yo reconozco, para mí mismo y también para los demás, el derecho a no ser coherente. El conocimiento y el dominio sobre la realidad sólo se obtienen mediante la suma del ensayo y el error. Si acertamos (cosa rara) a la primera, habremos solucionado el problema que queríamos resolver. Pero lo más frecuente será cierta repetición de errores que nos obligará a introducir las correspondientes alternativas en nuestros cálculos, hasta terminar el trabajo con éxito. Trasladado a la política, el método de ensayo y error hará apreciables (y hasta muy queridos) por la opinión pública a los dirigentes que culminen sus procesos de decisión (naturalmente con éxito) lo antes posible. Pero tendrán que mancharse las manos de realidad. Es inevitable. Porque el peor defecto de un político es construir castillos en el aire (aunque sean muy bonitos), improvisando y sin dar tiempo  a que sus ideas sean fraguadas (o desmentidas) por la experiencia. El ejercicio del poder es una burla a los ciudadanos si los cambios de orientación de quien es su titular se deben exclusivamente a su capricho. Esto es más deleznable incluso que la coherencia política de cartón piedra, y los dos defectos (encubiertos convenientemente como virtudes públicas) suelen adornar simultáneamente a los jefes de los partidos, que no sé si están hechos de cemento armado o de acero.

El Gobierno anunció ayer una reforma urgente del sistema fiscal de nuestro país que no debe caer en saco roto. El avance de las intenciones gubernamentales va, en general, por la buena dirección, ya que intenta taponar el agujero que muchas empresas le están haciendo al Impuesto sobre Sociedades gracias a la utilización legal (según la normativa vigente) de las partidas de gasto y de las deducciones de la cuota, cuya “generosidad” hacia los contribuyentes sólo podría ser igualada –si no nos hubiera dicho definitivamente adiós- por la buena disposición para con el prójimo y la ingenuidad sin medida de Cantinflas. Pero lo malo de la seriedad y el inédito rigor que ahora enseña el Gobierno de Mariano Rajoy al mundo de la empresa es que supone un giro de 180º respecto a iniciativas anteriores que, según nos decía este hombre de hielo destinado por los dioses de los témpanos a ser registrador de la propiedad, no tenían vuelta de hoja. A lo que debe añadirse que sorprenden, y mucho, los cambios de rumbo trazados por un Gobierno que apenas lleva cien días a sus espaldas.

Mariano  Rajoy y sus ministros presumen de tener una hoja de ruta segura para sacarnos de la crisis. Yo creo, sin embargo, que demuestran una pizca de soberbia debida a un complejo de inferioridad, a la falta de un entendimiento preciso y completo de la realidad. Una actitud más humilde les llevaría probablemente en la práctica a la virtud mucho más modesta de indagar sobre los impuestos a través de la prueba y la posibilidad de error. En vez de eso, el Gobierno ofrece cierta tendencia a huir de la realidad mediante fórmulas frívolas disfrazadas de lo que nuestro equipo de próceres del Partido Popular asegura que es la verdad. Es decir, aunque no lo reconozca, el Ejecutivo está dando bastantes palos de ciego.

Compruébenlo ustedes en los dos apartados siguientes:

1.- Incentivos fiscales y creación de empleo

El Gobierno comenzó su andadura prorrogando para 2012 el beneficio (en el IRPF) consistente en la reducción del 20% del rendimiento declarado por los empresarios individuales y los profesionales con la simple condición de mantener la situación actual de sus plantillas. Hizo algo parecido en el Impuesto sobre Sociedades para la pequeña empresa, consolidando durante este ejercicio la aplicación del tipo de gravamen reducido del 20% (por la parte de base imponible no superior a 300.000 euros) con el simple requisito de mantener su empleo antiguo. En ningún caso se condicionaba el disfrute de los beneficios fiscales a la creación neta de empleo. Apenas un mes después, y como ya advirtió cuartopoder.es, el Gobierno dio entrada en nuestro sistema de relaciones laborales al denominado contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores con una oferta adicional de incentivos fiscales: dos deducciones tributarias, siendo la primera la concesión de una prima fiscal a tanto alzado por importe de 3.000 euros, y la segunda otra deducción tributaria consistente en el 50% de las prestaciones por desempleo que el trabajador tuviera pendientes de recibir en el momento de su contratación por la empresa. Ninguna de estas deducciones (aplicables en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades) está condicionada a la circunstancia de un incremento neto de la plantilla. Tampoco se encuentran limitadas por la no superación de un tope sobre la base imponible declarada por la empresa. Es decir, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió ignorar que, en el Impuesto sobre Sociedades, las ayudas a la contratación laboral requieren tradicionalmente  para su disfrute de la existencia de un incremento neto de la plantilla, y que la mayoría de las deducciones de la cuota están limitadas al 35% de los beneficios declarados por la empresa. Ahora, sin embargo, las deducciones en el Impuesto sobre Sociedades (durante los ejercicios 2012 y 2013) se van a limitar al 25% de aquella magnitud. Además, desaparece indefinidamente el coladero de la libertad de amortización, con la única excepción de las pymes que creen empleo. ¿En qué quedamos? ¿Y cómo se va a cohonestar jurídicamente el nuevo rigor del Gobierno con la manga ancha que ha demostrado en los incentivos fiscales que contiene su reforma laboral?   

2.- Medidas de gracia

Llegó el mes de enero y la víspera de Reyes Magos se celebró una reunión inusual del Consejo de Ministros (el 5 de enero cayó en jueves) y al término de la misma la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría prometió a los buenos ciudadanos que los Magos de Oriente traerían a los ciudadanos malos dos arrobas y media de carbón. ¡Qué bien! Se trataba de una reunión monográfica sobre el fraude fiscal y, aunque el Gobierno no envió al Congreso de los Diputados ningún proyecto de Ley sobre el asunto, la joven aunque sobradamente preparada Soraya manifestó que el Gobierno iba a ser implacable con los defraudadores hasta el punto de prohibir el pago de ciertas operaciones en efectivo. Miró al soslayo, fuese…y no hubo nada. Vaya, vaya, con  Soraya. Apenas un mes después, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas presentó ante la prensa el Plan de control tributario de 2012: más amenazas tributarias para los malos malísimos, pero la prometida Ley de represión del fraude seguía en el armario en el que el ministro Cristóbal Montoro guarda los manguitos de contable. Ayer, día 30 de marzo de 2012, ídem de ídem: dentro de poco irá al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude fiscal. ¡Fenomenal! Porque mientras la ciudadanía de nómina y alpargatas fiscales debe soportar, sobre el monto resultante de los tipos del IRPF que se han incrementado en los últimos años (por el Estado y las Comunidades Autónomas), unos recargos extraordinarios aprobados por el Gobierno Rajoy en diciembre del año pasado (del 0,75% al 7% de la base liquidable general del IRPF), hay mucho desaprensivo que hace de su capa un sayo. Pero no, lo cierto, lo único cierto es que el Gobierno aprobará un gravamen especial (de un raquítico 10%) para los que afloren activos ocultos antes del 30 de noviembre de 2012. Es decir, el Gobierno del Imperio de la Ley se rinde al empuje de los poderosos. Dos lecciones fundamentales nos ha enseñado el pedagogo Rajoy. LA PRIMERA: el desprestigio inevitable de la Ley (¿quién –el que pueda- va a someterse a las leyes fiscales si éstas pueden decaer otra vez en el futuro?; o, lo que es lo mismo, defraudar es comprar una tarjeta en el juego del bingo (¿por qué pagar ahora el IRPF a un tipo de gravamen cercano al 50% o más si quizás dentro de unos años podré hacerlo al tipo del 10%?). Y si actualmente pueden aflorarse activos ocultos pagando un peaje del 10%, ¿cómo se debe justificar esta medida a los contribuyentes del IRPF que están pagando religiosamente su IRPF a tipos efectivos mucho más altos? LA SEGUNDA: El Gobierno de Mariano Rajoy justifica su política de ajustes por la fuerza irresistible de la globalización. Los mercados globales nos imponen sus condiciones en la reforma del sector financiero, en la reforma laboral, en la reforma del Estado del Bienestar y en la reforma de la Constitución. ¿Qué esperan entonces los gurús del PP de un dinero oculto que se mueve a sus anchas en Singapur, en la City londinense o en las Islas Caimán, aunque sus propietarios vivan en el barrio de Salamanca? ¿Que regrese bonanciblemente a las arcas del Tesoro? ¿No es usted –señor Rajoy- un hombre muy antiguo o muy moderno según le aconseja el afán práctico de cada día? Con la regularización fiscal que propone ha demostrado, señor Rajoy, que es usted muy fuerte con los débiles y muy débil con los poderosos. Pero, sobre todo, ha demostrado que desconfía de su fuerza de convicción. Ya que (es un suponer) ¿por qué no modifica usted el Impuesto sobre la Renta de No Residentes y hace pagar sus deudas tributarias a los inversores domiciliados en paraísos fiscales que compran títulos de la Deuda Pública o participaciones preferentes de las entidades financieras españolas?

Por favor, señor Presidente, responda después de la publicidad.