¿Seguridad jurídica para quién?

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El presidente de Repsol, Antonio Brufau, durante la rueda de prensa que ofreció el martes para valorar la expropiación de YPF por parte del Gobierno de Argentina. / Chema Moya (Efe)

Durante lo que llevamos de semana el asunto de la seguridad jurídica ha sido más topic que trending gracias a la expropiación de YPF por parte de la presidenta argentina Cristina Fernández, que, dicho sea de paso, y al margen de este caso puntual, rezuma un peligro sordo, como de arrabal -de liga roja y navaja automática- que tampoco habría que echar en saco roto a la hora de enfocar el conflicto que nos ocupa.  Los periodistas económicos explican muy bien lo de la seguridad jurídica y, eso sí, siempre lo hacen de la misma manera: "Es", dicen, "como si se cambian las reglas de juego en mitad del partido".

En este caso, el símil futbolero nos viene al pelo porque, además de explicarnos lo mala que es Cristina, los avispados gacetilleros y los dirigentes de los partidos mayoritarios se han echado a la espalda la ¿impagable? tarea de convencernos a todos de que la salida de Repsol por la puerta trasera de YPF es un ataque a España y a los españoles,  como cuando el del bigote y el fajín inauguraba pantanos a diestro y siniestro.  Parecería que Repsol es La Roja, el señor Brufau  el hermano pequeño de Del  Bosque y  los lectores y electores patrios una banda de hooligans que echan a correr tras las barras bravas del equipo contrario en cuanto un iluminado agita la bandera adecuada. De hecho, el zafio discurso ya ha empezado a dar sus siniestros frutos y se han encontrado pintadas insultantes en las persianas de algunos negocios argentinos en las calles de distintas ciudades españolas.

También nos dicen que sin seguridad jurídica no hay quien planifique los proyectos de una compañía, el futuro, las inversiones de una empresa. Eso parece razonable, pero resulta descorazonador que los cronistas de alcanfor solo se acuerden de Santa Bárbara cuando truena sobre la cresta de una multinacional y nunca cuando la tormenta descarga en el cogote de un joven que lleva años encadenando contratos de tres meses y que, como es natural, tampoco puede planificar nada que tenga que ver ni con su futuro ni con ninguna otra cosa. ¿Dónde está la seguridad jurídica de una reforma laboral que lamina los derechos de los trabajadores en favor de la caprichosa discrecionalidad del empresario? ¿Es ese un concepto que sirve para las multinacionales pero no para las personas?

Desgraciadamente conozco a un montón de gente que firmó un contrato que establecía que en caso de despido tendría derecho a recibir una indemnización de 45 días por año trabajado y resulta que ahora les ponen en la calle con 20. La seguridad jurídica deja mucho que desear también en estos casos. ¿Qué ha pasado en el camino? Por el camino de Brufau ha pasado la pérfida Cristina y por el de los españoles se ha cruzado el amigo Mariano, al que no se le conoce afición ni al liguero ni a la navaja automática, pero que resulta tan peligroso como la otra, o más.

De hecho, más aterradora que la sombra de la inseguridad jurídica que nos acecha desde el otro lado del charco es la inseguridad política que nos zarandea en periodos verificables y constantes de veinticinco días: el tiempo que necesita el Gobierno del Partido Popular para hacer añicos una nueva promesa electoral: no subiremos los impuestos, no abarataremos el despido, no impondremos el copago... ¿A quién reclaman los españoles que creyeron al PP? ¿Y los que no le creyeron? ¿A quién reclaman? ¿Al Tribunal Internacional de Arbitraje? ¿Al FMI? ¿A la FIFA? En este caso, como en el de la expropiación de YPF, las reclamaciones van a servir para poco... Si por lo menos tomáramos nota...

7 Comments
  1. Miguelangel says

    Menuda sarta de boludeces. Al que encadena contratos de tres meses… le asiste la seguridad jurídica de que esos 3 meses estará contratado; y si el contrato se rompe hay compensaciones. El pacto se cumple, otra cosa es que no te guste lo pactado. Pero no juntes peras con manzanas si quieres ir de experto en fruta.

    Aquí, de lo que se trata, es del control de VacaMuerta, el ingente yacimiento petrolífero descubierto por Repsol (quien financió las prospecciones y quien compró YPF al marido de la pirata esta, cuando estaba quebrada y toda la corrupta oligarquía argentina apaludió con las orejas el «rescate»). Aquí de lo que se trata es de que sin ningún motivo ni base legal alguna, un gobierno ha decidido ROBAR el dinero a miles de pequeños inversores españoles que tenían sus dineros en acciones de Repsol, además de otros grandes accionistas de toda condicion… que también tienen derecho a ser protegidos ¿o no?

    Si crees que eso es indigno, quizá este pais no es el tuyo. Hay mucha tierra que labrar más allá de Laponia.

  2. negroarg.tuetano says

    desde 1536 desde la primera fundacion de Bs. As. que fuimos totalmente despojados de nuestros derechos ya era hora que los argentinos nos adueñemos de algo que es nuestro, es raro no? aparte esa parte es un ínfimo de lo que los españoles nos robaron si robar sin derecho a nada sean mas razonables y hay que pensar en el futuro de su país no? gracias

  3. josiete says

    Pascual, macho te has lucido. Vaya bodrio de articulo.

  4. Ronteky says

    El articulo bien, lógico y poniendo el dedo en la llaga. Lo que me parece demencial es algunos comentarios: Algunos son más papistas que el Papa. Solo recordar un comentario que he leído en la red: » Jo mira que son traidores estos argentinos, solo se les ocurre robarnos SU PETROLEO», je, je.

  5. El albondiguilla de la bodeguilla says

    ¡las albóndigas, joder!

  6. ciberbicho says

    Por fin encuentro en un medio español un comentario con alguna dosis de autocrítica. Parecía hasta ahora que el chivo expiatorio de la crisis española era la Argentina. Para los que no lo saben o no lo quieren saber YPF en el momento de su privatización era una petrolera que daba superavit operativo, aunque la deuda que le crearon artificialmente los interventores militares de la dictadura hacían imposible que con ese superavit pagasen los servicios de tal deuda. En ese momento, el estado argentino absorbió su deuda y le entregó a Repsol una empresa limpia y con superavit. Acá Repsol no sacó de ninguna crisis a YPF. Con su irresponsabilidad Repsol utilizó las ganancias de YPF como trampolín para extenderse en otras zonas, dejando de invertir en Argentina y condenando al pais a tener que importar petróleo para mantener su fuerte crecimiento. Lo mismo habia pasado en su momento con Aerolíneas Argentina, que luego que Iberia primero y Marsans despues, la habian reducido a ser una Aerolínea con UN SOLO AVION PROPIO, perdiendo en ese período rutas como la transpolar, o teniendo que delegar los servicios de cabotaje por falta de aeronaves. Es importante tomar nota de lo sucedido y advertir sobre los manejos no muy santos que tienen las empresas como Repsol o Iberia fuera de España para comprenderlo. En cuanto a los brotes de xenofobia que se registran en España hacia los argentinos, alentados por medios corporativos de la peninsula, solo me queda decir que ese tema puede resultar peligroso ya que si bien hay 120000 argentinos viviendo en España, hay mas del doble de españoles viviendo en Argentina. De cualquier manera a nosotros «los indios» no se nos ocurriría en absoluto pensar en una agresión a estos inmigrantes que además de luchar codo a codo con nosotros en la recuperación de estas tierras desvastadas por los intereses internacionales, no han dado su apoyo en la nacionalización de YPF

  7. Jumanji says

    Nos llevamos las manos a la cabeza y exigimos seguridad jurídica a Argentina porque ha expropiado YPF a Repsol. Pero… ¿por qué no predicamos antes con el ejemplo?

    El Estado español está denunciado por 14 fondos internacionales que invirtieron 2.000M€ en este país en instalaciones solares fotovoltaicas. Exigen indemnizaciones por las pérdidas ocasionadas por las medidas retroactivas aplicadas al sector de las Renovables.

    ¿Qué genera más inseguridad jurídica, expropiar o aplicar medidas retroactivas?

    España está en el puesto 97 de 183 en el ránking de «protección de inversiones» elaborado por el Banco Mundial.

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