¿Seguridad jurídica para quién?

Durante lo que llevamos de semana el asunto de la seguridad jurídica ha sido más topic que trending gracias a la expropiación de YPF por parte de la presidenta argentina Cristina Fernández, que, dicho sea de paso, y al margen de este caso puntual, rezuma un peligro sordo, como de arrabal -de liga roja y navaja automática- que tampoco habría que echar en saco roto a la hora de enfocar el conflicto que nos ocupa.  Los periodistas económicos explican muy bien lo de la seguridad jurídica y, eso sí, siempre lo hacen de la misma manera: "Es", dicen, "como si se cambian las reglas de juego en mitad del partido".

En este caso, el símil futbolero nos viene al pelo porque, además de explicarnos lo mala que es Cristina, los avispados gacetilleros y los dirigentes de los partidos mayoritarios se han echado a la espalda la ¿impagable? tarea de convencernos a todos de que la salida de Repsol por la puerta trasera de YPF es un ataque a España y a los españoles,  como cuando el del bigote y el fajín inauguraba pantanos a diestro y siniestro.  Parecería que Repsol es La Roja, el señor Brufau  el hermano pequeño de Del  Bosque y  los lectores y electores patrios una banda de hooligans que echan a correr tras las barras bravas del equipo contrario en cuanto un iluminado agita la bandera adecuada. De hecho, el zafio discurso ya ha empezado a dar sus siniestros frutos y se han encontrado pintadas insultantes en las persianas de algunos negocios argentinos en las calles de distintas ciudades españolas.

También nos dicen que sin seguridad jurídica no hay quien planifique los proyectos de una compañía, el futuro, las inversiones de una empresa. Eso parece razonable, pero resulta descorazonador que los cronistas de alcanfor solo se acuerden de Santa Bárbara cuando truena sobre la cresta de una multinacional y nunca cuando la tormenta descarga en el cogote de un joven que lleva años encadenando contratos de tres meses y que, como es natural, tampoco puede planificar nada que tenga que ver ni con su futuro ni con ninguna otra cosa. ¿Dónde está la seguridad jurídica de una reforma laboral que lamina los derechos de los trabajadores en favor de la caprichosa discrecionalidad del empresario? ¿Es ese un concepto que sirve para las multinacionales pero no para las personas?

Desgraciadamente conozco a un montón de gente que firmó un contrato que establecía que en caso de despido tendría derecho a recibir una indemnización de 45 días por año trabajado y resulta que ahora les ponen en la calle con 20. La seguridad jurídica deja mucho que desear también en estos casos. ¿Qué ha pasado en el camino? Por el camino de Brufau ha pasado la pérfida Cristina y por el de los españoles se ha cruzado el amigo Mariano, al que no se le conoce afición ni al liguero ni a la navaja automática, pero que resulta tan peligroso como la otra, o más.

De hecho, más aterradora que la sombra de la inseguridad jurídica que nos acecha desde el otro lado del charco es la inseguridad política que nos zarandea en periodos verificables y constantes de veinticinco días: el tiempo que necesita el Gobierno del Partido Popular para hacer añicos una nueva promesa electoral: no subiremos los impuestos, no abarataremos el despido, no impondremos el copago... ¿A quién reclaman los españoles que creyeron al PP? ¿Y los que no le creyeron? ¿A quién reclaman? ¿Al Tribunal Internacional de Arbitraje? ¿Al FMI? ¿A la FIFA? En este caso, como en el de la expropiación de YPF, las reclamaciones van a servir para poco... Si por lo menos tomáramos nota...