Ante la gravedad de la situación España debe recuperar el impuesto sobre las casas de lenocinio

Aurelio Izquierdo, el directivo de Bancaja que podría cobrar una pensión de 13,8 millones de euros. / Biel Aliño (Efe)

Ni Tasa Tobin ni gravamen especial a la banca. Lo que necesita España es un impuesto a la madre que los parió. No por sus desmanes financieros –que también- ni por la indolencia o la complicidad de quienes, siendo nuestros representantes políticos o los reguladores públicos que teóricamente están al servicio de los trabajadores y sus ahorros, les han permitido a algunos piratas de las finanzas que nos arruinen sin contarnos la verdad de lo que ha pasado. Y, precisamente porque los españoles estamos en la ruina y los ladrones tienen sus ganancias a buen resguardo, sólo podemos exigir un impuesto sobre la falta de higiene pública de los que han convertido a nuestro país en el mayor burdel de Europa. Ya que los aventureros de la banca y la política (salvo las honrosas excepciones que a cada uno le vengan a su magín) no han parado de hacernos putadas, que paguen por ello y en el futuro ejerzan su oficio con un mínimo de limpieza. Y poniendo en el frontispicio de sus residencias  oficiales el nombre verdadero de su profesión.

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Leo que un Juzgado de Madrid ha admitido una querella contra Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Rodrigo Rato y Miguel Blesa. Bien, ya veremos. Aunque no parece que ese auto de admisión haya inquietado a Aurelio Izquierdo, director financiero de Bancaja, porque el mismo día de la noticia judicial también se ha conocido que el citado director tiene derecho a una indemnización, si llega su cese, de 13,8 millones de euros y el señor Izquierdo no ha dicho ni pío (aunque es posible que píe en los tribunales si los responsables actuales del banco al final no le pagan). Pero yo creo que debemos dejarnos de monsergas y de fórmulas malogradas por la colusión de los dos grandes partidos, que han conseguido que España sea suya a cambio de convertir todas las instituciones en una casa de citas de sus intereses, como en la Primera Restauración. Por tanto, hay que volver a esa época, especialmente a los años de su crisis terminal y pensar qué se puede hacer para, reconociendo la gravedad de la situación y quizás también su fatal irreversibilidad, sacarles unos cuartillos a los dueños del patio gravándoles como lo que son, unas consumadas madames de su comercio político, caiga quien caiga en la persecución de sus objetivos personales. En esta tesitura me gustaría recuperar el precedente, de 1917, del Gobernador Civil de Almería. No se lo pierdan, que viene al pelo.

En efecto. España necesita un reglamento de higiene especial para preservar la salud pública de la población defendiéndola de los efluvios expelidos por algunos fulanos de alto rango y posición. El pueblo español deberá investir a un recaudador  para que se persone en las casas que han prostituido su democracia y examine al ama y a las pupilas que habitan en cada casa de lenocinio. No me refiero a las honestas casas privadas, en las que sus dueños pueden hacer lo que les venga en gana si no molestan a los vecinos. Hablo de las casas de primera categoría, las de naturaleza pública que marcan el paso de la gente y dominan el cotarro del interés general con licencia otorgada, supuestamente, para proporcionar el mayor bienestar posible a la ciudadanía. Como dentro de poco ya nos habrán echado del euro, las dueñas tendrán que abonar mensualmente 8 pesetas,como en Almería en 1917, más la correspondiente subida del IPC. También tendrán que llevar un libro registro de sus ingresos, dar cuenta al Comité de Salud Pública en el término de 24 horas de las bajas y traslado de las pupilas, responder de los perjuicios ocasionados por la falta de higiene democrática de su personal y no permitir que los miembros de sus organizaciones consuman bebidas alcohólicas mientras trabajan. Todo ello bajo la severa advertencia de ser castigadas con 500 pesetas si no cumplen el reglamento.

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Por lo que hace a las cortesanas, deben cobrar, como es lógico, el justiprecio de sus servicios, pero están obligadas a presentar su inscripción sanitaria a los clientes que reclamen su exhibición, no concurrir a paseos, sitios y espectáculos públicos (y calles muy concurridas), dejarse de actos políticos durante los fines de semana y permanecer en el hospital hasta su curación si contraen una enfermedad que les corrompa por dentro aunque no se note por fuera (o, en su defecto, no efectuar comercio carnal hasta obtener el alta facultativa) y pagar 2 pesetas, más la correspondiente subida del IPC, al médico que las reconozca y certifique su aptitud para el servicio público. Todo ello con la admonición del pago de la multa de 5 pesetas si se resisten a la soberanía popular.

Y, por supuesto, deberá quedar taxativamente prohibida en el futuro la instalación de casas de mala fama en nuestro país, quedando derogadas cuantas autorizaciones han sido concedidas provisionalmente desde el 21 de noviembre de 1975 y con carácter definitivo desde el 6 de diciembre de 1978. Ahora que Mafo anuncia su salida anticipada del BdE, ha llegado el momento de hacer limpieza general en numerosos despachos de roble y cartón piedra (Bankia sólo es la punta del iceberg). Pero, sobre todo, es la hora en la que los ciudadanos tenemos que dejar de frecuentar malas compañías y tomarnos en serio la democracia. Que luego pasa lo que pasa y nos pringamos de suciedad hasta en el blanco de los ojos. No entremos en ninguna casa de citas hasta que las desinfecten. No necesitamos un cirujano de hierro. Basta con que nos organicemos un poco, seamos más higiénicos y exijamos la desaparición de las sabandijas que se han tragado la confianza de algunos y los ahorros de casi todos. Amén.