El Parlament aprueba por unanimidad impulsar en el Congreso la dación en pago

Marta Lasalas *

Artur Mas, ayer, durante el pleno extraordinario celebrado en el Parlamento de Cataluña. / Toni Alvir (Efe)

BARCELONA.- La explosión de la burbuja inmobiliaria ha atrapado a miles de familias que, acechadas por la crisis, se han visto incapaces de hacer frente a la hipoteca contraída en años de bonanza. Se calcula que en Cataluña son más de 60.000 las familias afectadas por procesos de desahucio desde el comienzo de la crisis. En toda España, el promedio es de 159 desahucios diarios. El 82 por ciento afectan a hogares donde viven menores. Estos fueron algunos de los datos expuestos en el pleno del Parlamento de Cataluña que ayer aprobó por unanimidad impulsar en el Congreso de los Diputados la dación en pago.

Publicidad

La proposición de ley, con el explícito título de “medidas contra el sobreendeudamiento personal y familiar y de protección ante procedimientos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual”, es la primera en este sentido que se aprueba en el Estado español. Los parlamentarios catalanes son conscientes de que la propuesta deberá esperar meses –algunos cálculos hablan de entre un año y un año y medio- antes de someterse a debate en el Congreso y, aunque todos coincidieron en la urgencia del momento, algunas intervenciones alertaron sobre el riesgo de generar falsas expectativas.

De entrada, el texto elaborado por el Parlament señala una serie de medidas para evitar el sobreendeudamiento en la concesión de créditos hipotecarios –el plazo de amortización no puede ser superior a 30 años, el importe no puede superar el 90% del valor de tasación de la vivienda ni exceder en ningún caso el 100% del precio escriturado…- y establece mecanismos contra cláusulas abusivas en los contratos de crédito.

En caso de insolvencia, plantea la posibilidad de un plan de liquidación ordenada de la deuda a través de un procedimiento extrajudicial. Es aquí donde se incluyen medidas inmediatas, como la dación en pago, es decir, entregar la propiedad a la entidad financiera a cambio de saldar la deuda, u otras vías que garanticen la permanencia en la vivienda. Este plan de liquidación puede contemplar quitas y esperas en el pago, la condonación total o parcial y, finalmente, la posibilidad de liberar la deuda no satisfecha en un periodo máximo de cinco años.

Se trata de los denominados mecanismos de segunda oportunidad o de liberación de la deuda. El objetivo es prevenir el riesgo de exclusión social de aquellas familias que quedan atrapadas por la incapacidad de responder a las deudas contraídas, incluso después de perder la vivienda, y que a menudo se ven obligadas a refugiarse en la economía sumergida a causa de la constante amenaza de embargo.

La iniciativa del Parlament lanza un toque de atención sobre el vacío legal que existe en España en esta materia y que sitúa la legislación española como una anomalía respecto al resto de Europa. Entre otros puntos, la proposición advierte que los “incidentes” en el mercado de crédito deben ser soportados por todas las partes implicadas y no sólo por el deudor.

La proposición de ley es resultado de más de un año de trabajos en comisión y ponencia durante los cuales se han recogido tanto la opinión de los expertos como la voz de los afectados. El origen de la iniciativa surgió de tres propuestas impulsadas por los grupos de Iniciativa per Catalunya-EUiA, ERC y Ciutadans. Sin embargo, todos estos meses de trabajo han servido para engarzar la unanimidad que exhibieron los partidos catalanes. Los diputados que defendieron la propuesta no ocultaron la satisfacción por la contundencia de la votación y por lo que ello puede significar para el futuro de una iniciativa que esboza una puerta de salida para miles de familias. O dicho de otra forma, como propone el texto de la propia ley, una segunda oportunidad.

(*) Marta Lasalas es periodista.