Montoro se hace un lío con la deducción por vivienda

Casi nadie entendió que, dentro de su primer paquete de medidas fiscales, el Gobierno de Mariano Rajoy restableciera a finales de diciembre de 2011 la deducción por la adquisición de la vivienda habitual. Era un trébol de cuatro hojas, un obsequio de Navidad y un regalo expansivo (el único) en un Real Decreto-ley abrumador que cargaba las tintas en la subida de los tipos de gravamen del IRPF y del IBI, aunque, si ahora miramos hacia atrás, las primeras medidas de ajuste del presidente Rajoy nos parecen un juego de niños comparadas con las que nos acaban de caer encima en una semana, la penúltima completa de julio de 2012, que nunca podremos olvidar. Pero en todo caso nos sorprendió entonces que el Partido Popular estrenara su legislatura rehabilitando una deducción fiscal que había sido una de las causas principales del boom inmobiliario y de la hinchazón de la burbuja de la deuda privada de las familias españolas; un factor de calentamiento artificial de los precios en el mercado inmobiliario y una pérdida sustancial de recursos de la Hacienda Pública muy criticada por los organismos económicos internacionales que habían llevado al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, si bien de forma muy tardía (estamos hablando de finales de 2010), a suprimir la deducción, excepto para rentas muy bajas y siempre dejando a salvo el régimen fiscal de las adquisiciones de vivienda anteriores. Los populares mencionaban la soga en la casa del ahorcado. Pero como al Gobierno de Rajoy la asfixia de la economía española le firmó un cheque en blanco, casi nadie, aún no entendiendo esa ayuda a los promotores inmobiliarios, protestó.

En ese caldo de cultivo llegó el comandante Rajoy, mandó parar, y en su Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, restableció la deducción por vivienda como si entretanto (desde 1995 más o menos) nada hubiera pasado y continuara siendo necesario apostar, sobre cualquier otra actividad, por las promotoras inmobiliarias y los bancos.  Al fin y al cabo, ¿cuál era el sector emergente de la economía española capaz de tomar el relevo y decir el aquí estoy yo a los competidores de la economía global? No creo en las insuficiencias españolas mais haberlas haylas. ¿Pero están todas en el gobierno de turno?

El sueño de la economía española agoniza. Game over. Cambios repentinos de rumbo que no arreglan nada se suceden unos a otros en una carrera vertiginosa hacia el siniestro total. Muchas personas han dado por suprimida la deducción por vivienda en la última tanda de ajustes del Gobierno, contenidos en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, convalidado por el Congreso de los Diputados el jueves 19. Si leemos su Exposición de Motivos no les faltaría razón a esas personas. En dicho preámbulo (apartado I, antepenúltimo párrafo) el Gobierno afirma lo siguiente: “Las desgravaciones en el IRPF por vivienda, tras haber sido de utilidad en un año de especial debilidad de la demanda de viviendas, se eliminan también en 2013 en un horizonte de paulatina recuperación de las variables fundamentales de este tipo de gasto”. ¡Toma ya! Y en el siguiente párrafo (penúltimo): “…estas medidas dan cumplimiento a buena parte de las Recomendaciones Específicas formuladas por el Consejo Europeo a España en el mes de junio y como colofón al Semestre Europeo: ampliación de las principales bases impositivas, eliminación de exenciones y desgravaciones y sustitución parcial de la imposición sobre el trabajo por imposición indirecta”. Concluyendo el Gobierno: “todas estas medidas [el incremento del IVA y de los impuestos indirectos en general, la eliminación de las bonificaciones a la contratación en la Seguridad Social, la reforma del modelo de prestaciones por desempleo, y por último la eliminación, con efectos de 2013, de las desgravaciones en el IRPF por vivienda], junto con otras que se prevé adoptar a medio plazo, se incardinarán dentro del Presupuesto Bienal que España presentará a la Comisión Europea durante el verano de 2012…”. Parece claro que, dentro de esas primeras medidas  aprobadas el 13 de julio, se encuentra la supresión de la deducción en el IRPF por adquisición de la vivienda habitual.

Sin embargo, si uno rastrea con todo detalle los artículos y las disposiciones que rellenan las 91 páginas del Real Decreto-ley 20/2012 no aparece por ninguna parte la supresión de la deducción por vivienda. Es la sorpresa del último roscón de ajustes elaborado en la cocina del Ministerio de Hacienda. Y como las exposiciones de motivos de las normas jurídicas carecen de fuerza legal, resulta obligatorio deducir que, mientras no se modifique o derogue, sigue vigente el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, cuya Disposición Final Segunda, apartado Segundo, número Uno, reintrodujo en la Ley del IRPF (artículo 68.1) la deducción estatal por inversión en vivienda habitual, con efectos desde 1 de enero de 2011 y con carácter indefinido en el tiempo.  

Todo un prodigio de seguridad jurídica para el inversor, el ciudadano y el contribuyente. Un marco normativo en el que resulta imposible orientarse para adivinar la repercusión fiscal y las consecuencias tributarias de una inversión a largo plazo, con una financiación dilatada durante los próximos 15, 20 ó 30 años. Cristóbal Montoro, como su predecesora Elena Salgado, tendrán sus virtudes, no lo niego, pero no son aptos para regir los destinos de más de 40 millones de personas en una economía global y competitiva en extremo. Pero, cada uno a su manera, representan lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Salvo que ahora pretendamos, una vez más, que los dos últimos ministros de la cosa fiscal han sido otra imposición de los mercados y de la Alemania de Angela Merkel. A mi modesto entender, estas explicaciones que ven a los políticos electos españoles como lacayos  a este lado de los Pirineos del capitalismo 3.0. tienen poco desarrollo ideológico y carecen de claves reales de orden conspirativo, de manos negras y de luchas del bien contra el mal. Es verdad que estamos hechos una birria y que los acreedores nos aprietan las clavijas. Pero la explicación de nuestro fracaso es abrumadoramente más sencilla y doméstica que cualquiera de esas patrañas, empezando porque desde hace mucho, quizás desde siempre, a todas las autoridades nativas (las centrales y las autonómicas, que suelen ser peores) las normas jurídicas les importan un bledo. Ha sido un dislate que ha destrozado la confianza social en las instituciones, un vacío ocupado por la resignación o la picaresca. Donde la ley se vende como una baratija es un milagro que arraiguen la escuela, el civismo y el respeto a los intereses ajenos. Y por supuesto es muy difícil conseguir un nivel suficiente de desarrollo y cohesión interna en el ámbito de la economía. Es otra forma de medir la prima de riesgo-país en el comercio internacional.