Enésima metedura de pata de Mariano y Soraya (o cómo empeorar nuestras relaciones con la Unión Europea)

Llegó el mes de agosto y en plena atonía estival el Gobierno de Mariano Rajoy ha aprovechado  el Consejo de Ministros extraordinario del día 3 para aprobar su primer desajuste en todo lo que llevamos de legislatura. Sí, es la primera vez que el Gobierno mete la marcha atrás en su política de austeridad fiscal, pero no porque haya cambiado su juicio sobre las ventajas de aflojar la presión sobre las gargantas de los ciudadanos españoles, sino para no sufrir un revolcón por parte de sus socios europeos. Éstos sí pueden intimidar a Rajoy cuando se pone gallito y cierra el grifo del gasto a los ciudadanos de la Unión residentes en España. Supongo que el miedo a las represalias del exterior es más fuerte que las ganas (y la capacidad) del Gobierno de “convencernos” a los de casa de que tiene un plan coherente para dar un impulso económico a este país. Pero como tampoco conviene enseñar a los miembros de la parroquia nacional la debilidad que el presidente  y su equipo, por su falta de rumbo conocido y su propia torpeza, muestran hacia los países del centro y norte de Europa, no resulta nada extraño que, en medio de la siesta veraniega y el estupor sofocante del sube y baja de la prima de riesgo, se haya utilizado una vez más el sopor y la anestesia del mes de agosto para que al crimen frustrado que paso a relatar se le ponga sordina con los pasodobles de la fiesta verbenera y la alegría popular. La verdad es que el error que ahora se pretende encubrir no presagiaba nada bueno y el Gobierno ha hecho bien en rectificar. Aunque haya sido a la fuerza y su metedura de pata esté todavía calentita y recién salida del horno.

Ni siquiera ha transcurrido un mes desde las severas limitaciones impuestas por el Gobierno español a la libertad de residencia en nuestro país para los nacionales de otros estados miembros de la Unión o de otros estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Por una simple Orden dictada por la Vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, de la que se hizo eco cuartopoder.es, se obligaba a nuestros vecinos europeos, si querían permanecer en España durante más de tres meses, a demostrar ante la Policía o los centros de extranjería que disponían de recursos económicos suficientes, de un contrato de trabajo en España o una tarjeta sanitaria expedida por las autoridades de origen, según los casos. Si damos crédito a Soraya Sáenz de Santamaría, que entonces se justificaba en un informe del Tribunal de Cuentas, la ruptura por el Gobierno español del principio de libre circulación de las personas en el ámbito de la Unión Europea se debía a que el derecho de residencia “ha implicado un grave perjuicio económico para España, en especial en cuanto a la imposibilidad de garantizar el reembolso de los gastos ocasionados por la prestación de servicios sanitarios y sociales a ciudadanos europeos”.

Sin embargo, en una pirueta circense de feria de pueblo, rapidísima pero ejecutada con grosería (y sin reconocer el error previo cometido y también sin derogar de manera explícita la Orden de Presidencia citada), un Decreto aprobado el viernes pasado pretende salvar la falta de profesionalidad del Gobierno Rajoy mediante la creación de una nueva situación de extranjería: el llamado “mantenimiento del derecho de residencia”. Gracias a este concepto improvisado a toda velocidad, donde antes sólo había amenazas de expulsión para las visitas molestas sin medios económicos, trabajo efectivo o tarjeta sanitaria, ahora imperan las sonrisas,las  buenas formas y un elegante “pase usted, por favor, que todo tiene arreglo en esta vida”. Así, “en casos específicos en los que existan dudas razonables” respecto al cumplimiento por un ciudadano europeo de los requisitos legales para obtener la residencia en España, procede preguntar antes de disparar y mientras tanto “los órganos competentes podrán comprobar si se cumplen dichas condiciones”. Y presten atención a esta perla jurídica: “Dicha comprobación no se llevará a cabo sistemáticamente”. Y asimismo a esta cortesía añadida: el recurso a la asistencia social en España de cualquier vecino europeo de nuestros amores “no tendrá por consecuencia automática una medida de expulsión”. Y con esta elegancia versallesca el Gobierno nos conduce poco a poco al meollo de la cuestión: “en ningún caso podrá adoptarse una medida de expulsión” si esos visitantes europeos “han entrado en territorio español para buscar trabajo”. ¿Pero quién en su sano juicio entraría en España a buscar trabajo en estos momentos?, se preguntará, con toda razón, el avisado lector. Nadie, claro. Al presidente y a la vicepresidenta no les ha dado una insolación al alimón. Tampoco compiten entre sí para ver cuál de los dos predica mejor el humanismo cristiano. Ni le han dicho a Cristóbal Montoro que sea espléndido por una vez y haga la vista gorda pagando la sanidad y la asistencia social a los extranjeros sin recursos que buscan un trabajo en España, motivo por el que, según el Decreto,  “no podrán ser expulsados mientras puedan demostrar que siguen buscando empleo y que tienen posibilidades reales de ser contratados”.

Me van a perdonar por el exabrupto. Pero hay que ser muy necio para, gobernando un país con un 25% de su población en paro y uno de cada dos jóvenes sin poder llevarse a la boca un mísero trabajo, sacar pecho hace menos de un mes y de forma categórica decirles a los demás países europeos que en el futuro sólo vamos a permitir la entrada a nuestro país de sus ciudadanos millonarios. ¿Se imaginan ustedes hasta dónde pueden llegar las legítimas represalias ancladas al principio de reciprocidad y qué país del Espacio Económico Europeo estaría dispuesto con las reglas del juego aprobadas en julio por el Gobierno español a permitir la entrada en su territorio de decenas de miles de jóvenes españoles en busca del derecho fundamental al trabajo que les niega su nación de origen?

Rectificar no es de sabios si todos los días te rectificas a ti mismo. Soraya, Mariano…quizás sea una manera demasiado coloquial para referirse a la proa y al timón de la nave del Gobierno. Lo siento, no es mi estilo, pero no encuentro otro mejor para resumir las andanzas de esta pareja de aficionados de la política. Un tándem que presume una jornada tras otra de saber perfectamente cómo sacar a España del pozo, afirmando que si nos hunden gradualmente más en su interior lo hacen por nuestro bien. La letanía de los horrores. Lo harían mejor si ensayaran El retorno de Walpurgis en sus maitines de Génova 13. Si el hombre-lobo nos va a morder en la yugular, necesitamos unos profesionales de verdad, y no esta muerte a plazos y la patochada diaria de esa bienintencionada pareja de comediantes.