Sánchez Gordillo: «Hay que obligar a los supermercados a dar la comida antes de que caduque»

Juan Manuel Sánchez Gordillo, parlamentario autonómico y alcalde de Marinaleda, se dirige con un megáfono a los ocupantes de la finca de Las Turquillas, Sevilla, propiedad del Ministerio de Defensa. / Juan Ferreras (Efe)

Un kilo de lenteja pardiña de Hacendado, la marca blanca de Mercadona, tenía un precio ayer de venta al público de 1,26 euros. Un kilo de arroz largo podía comprarse por 0,74 euros. Un kilo de azúcar blanquilla de Azucarera, 0,95 euros. Y por 2,35 euros se podía comprar un litro de aceite de oliva. Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda y diputado de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía, Diego Cañamero, secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y varios centenares de sindicalistas más rompían esta semana el orden establecido no ya por llenar varias decenas de carros y robar a la luz del día productos de primera necesidad como azúcar, arroz, aceite o legumbres en un establecimiento de Mercadona (en Écija) y otro de Carrefour (en Arcos de la Frontera), que lo hicieron. Lo que ha soltado las lenguas, las teclas y algunos disgustos es que se haya abierto un debate, porque lo han hecho para poner a la sociedad a mirar que hay familias que no pueden coger esos productos y echarlos al carro, porque al llegar al lineal de cajas no hay ni 2,35 euros, ni 1,26 ni 0,74. Esa realidad no va a ir sino a peor y por eso, dice Sánchez Gordillo en declaraciones a cuartopoder.es que piensan seguir adelante con estas acciones si el Gobierno no reacciona. 

En conversación telefónica, el alcalde de Marinaleda explica sus peticiones al Ejecutivo. Primero, que se tomen medidas para "obligar a las cadenas de supermercados a que, antes de que un producto alimentario alcance su fecha de caducidad, se lo den a la Cruz Roja o a Cáritas para que estas se lo entreguen a familias que no tengan ningún medio de subsistencia". Segundo, una renta básica para que aquellas familias que tengan a todos sus miembros en paro puedan comer todos los días. Tercero, un plan de empleo tanto para el mundo rural como el urbano. "Hay 1,7 millones de familias que tienen a todos sus miembros en paro y el Estado tiene que atender a esa gente, para que coman todos los días, tengan un techo y una serie de servicios mínimos como corresponde a un Estado de Europa y en el siglo XXI”, dice Sánchez Gordillo.  Sin estás condiciones, se plantean "seguir con acciones de ocupación que pueden ser en supermercados, bancos o aeropuertos", señala Cañamero.

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No les hacen cambiar de opinión las acusaciones que pesan ya sobre dos de los sindicalistas, Francisco Amaro y Andrés Molero, detenidos tras las acciones en Mercadona y que fueron puestos en libertad ayer tras declarar ante la juez. [A última hora de ayer también fue detenido el secretario de Organización del SAT, José Caballero, informa la agencia Europa Press]. De momento son las únicas denuncias que les constan, las de la cadena de supermercados que dirige Juan Roig. "Carrefour", explica Cañamero, "decidió pactar con los sindicalistas". El gerente del establecimiento, frente a los 25 carros cargados con alimentos básicos que pretendían sacar del supermercado sin abonar, pactó entregar 12 a los ayuntamientos seleccionados por los miembros del SAT por tener familias en situación de extrema necesidad. Esos carros fueron precintados y responsables de tres ayuntamientos pasaban ayer a las doce de la mañana a recogerlos.

Marcha por Andalucía

Sánchez Gordillo anuncia una marcha de 15 a 20 días que saldrá el 16 de agosto de Jódar (Jaén), “el pueblo con más inmigración de Andalucía, donde la mitad de la población se va fuera”, y pretende recorrer las capitales andaluzas “conectando la lucha del campo y la ciudad”. Andalucía es la comunidad autónoma con mayor tasa de paro, más del 33%, lo que significa que de cada 100 personas que están en edad de trabajar y quieren trabajar, hay más de 33 que no consiguen empleo. En un año, el número de parados de la región, según la encuesta de población activa del segundo trimestre, se ha incrementado en 184.000, es decir, 504 personas más cada día hasta alcanzar un total de 1,4 millones de desempleados.

La marcha que preparan desde el SAT quiere pedir que el foco de atención de los gobernantes, y por tanto los recursos, se ponga en solucionar ese problema. Pero para eso deben dejar de destinarse al que ahora la Constitución considera el pago prioritario: la deuda. Por eso el lema principal de la marcha será pedir “que no se pague la deuda española" porque procede fundamentalmente del dinero que pidieron los grandes bancos españoles a los alemanes para hacer negocio. "Hay que decir basta a cómo se está interpretando la salida de la crisis, que ha sido una gran estafa”, explica el alcalde y diputado de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía.

El guante lo lanza desde la finca de Las Turquillas, donde Sánchez Gordillo, Cañamero y otras 400 personas aguardaban ayer un desalojo que finalmente se ha produdico pasadas las 06.00 horas del viernes. “Con las cámaras de televisión por aquí", decía solo unas horas antes del desalojo," después de lo de los supermercados, igual no se atreven”. La de Las Turquillas “no es una acción simbólica sino definitiva”.  Los jornaleros del SAT que ocupan la finca desde hace ya cerca de 20 días quieren que les cedan las tierras, propiedad del Ejército, para convertirlas en terrenos de regadío y dar trabajo a unas 250 personas. Piden las 1.200 hectáreas de terreno que ahora se utilizan para criar a menos de una treintena de caballos de raza y "recibir las ayudas de la Unión Europea". Cuando les desalojen, explica Sánchez Gordillo, abandonarán la finca sin resistencia activa y pasados unos días, volverán a ocuparla, asegura.

No es la única finca que quieren gestionar. Tienen otra ocupada en Somontes, con más posibilidades de llegar a un acuerdo con la Junta y conseguir gestionarla en régimen de cooperativa. Cañamero recuerda que “a Andalucía llegan 1.600 millones de euros aproximadamente cada año en ayudas de Europa para la agricultura. En España, 6.500 millones de euros. El 80% de las ayudas van a los grandes propietarios de tierras. Son tierras mal cultivadas, siembran cultivos pero simplemente pensando en las ayudas. Siembran pipas de girasol, sin importarles nada más. Y si no recogen da igual porque tienen de todas maneras la subvención”.