Draghi sentencia las pensiones españolas

Estos neoliberales son cada día más sorprendentes. De adorar al mercado y justificar cualquier decisión en la necesidad de que recupere la confianza, pasan sin parpadear a intervenir en los precios. Un día crean en España un ‘banco malo’, que se va a comer suelo y pisos a un precio que no se espera que se alcance hasta dentro de 15 años, y al día siguiente anuncian un programa de compra de deuda pública a través del Banco Central Europeo (BCE). Un programa mil veces solicitado y supuestamente prohibido que en su versión anterior (mayo de 2010) ya nació para frenar las escaladas de las primas de riesgo, es decir, para influir en los precios de la deuda. No sorprenderá que en todos estos pecados de capitalista quien sale siempre perjudicado es el contribuyente. Si el 'banco malo' salva en parte con dinero público a la banca de la que lió en la época de la burbuja (al mismo tiempo que se dispara el número de desahucios de familias en España), la decisión de volver a comprar deuda pública anunciada ayer por el BCE lleva otra inyección de veneno para el ciudadano. Si se quiere la ayuda, tiene que pedirse antes el rescate del país en cuestión y si se pide el rescate hay que cumplir una estricta condicionalidad. A España le quedan por abordar varias de las condiciones sugeridas por la Comisión Europea en el mes de julio de este año, pero hay una en la que tienen especial interés desde Bruselas: las pensiones.

El mercado recibió ayer la noticia del programa de compra de deuda del BCE con euforia (y ya van por lo menos dos veces que se desata con la misma noticia). El Ibex subió un 4,9% y la prima de riesgo española bajó por fin de los 450 puntos, que parece un nivel para alegrarse, si se atiende a las cifras que ha llegado a alcanzar,  pero que en agosto de 2011 daba tanto vértigo que justificó que el BCE, con Jean-Claude Trichet al frente, comprase deuda pública española e italiana por importe de 22.000 millones de euros en una sola semana.

Desde ayer, en la próxima turbulencia del mercado ya no habrá opción de mirar hacia Fráncfort en busca de una solución sin rescate mediante (y no hay que olvidar que hay una negociación con Grecia en curso, que siempre tensiona al máximo las primas, y que España tiene que salir en octubre a pedir al mercado 24.000 millones de euros). Con el anuncio de ayer del presidente del BCE, Mario Draghi, que tiene unas condiciones diferentes al programa de compra de deuda aprobado en mayo de 2010 (compra de bonos de plazo máximo de tres años, renuncia del BCE a ser acreedor preferente), la autoridad monetaria se quita la molestia de tener que estar escuchando cada día a todos los que le instan a frenar la escalada de intereses comprando bonos. Un largo listado que incluye a la OCDE, la Eurocámara o el secretario de Estado del Tesoro de EEUU, Timothy Geithner. Pero lo más importante, queda ya establecido que habrá “estrictas condiciones en la línea que ya ha sido trazada”, según explicó ayer Draghi tras la reunión del Consejo de Gobierno del BCE.

La línea trazada en julio por la Comisión Europea exigía a España que reformase el sistema financiero (está en ello), entregase un presupuesto bianual antes de agosto (se ha hecho, aunque ligeramente fuera de plazo); una reforma del mercado laboral, para aumentar aún más su flexibilización; así como presionar menos a las rentas de trabajo y centrarse en las de consumo para incrementar los ingresos públicos, con subida del IVA incluida (hecho). Además se ha recortado el sueldo de los funcionarios quitando el abono de la paga extraordinaria de Navidad de este año y se han tomado medidas para reducir las prestaciones por desempleo. No parece bastante. Bruselas pide a España “acelerar el aumento de la edad de jubilación y la introducción del factor de sostenibilidad previsto en la reforma del sistema de pensiones” que se aprobó definitivamente en julio de 2011. Aquella reforma suponía ir retrasando paulatinamente la jubilación en el periodo entre 2013 y 2027 hasta llegar a una edad legal de retiro de 67 años.

Con las cartas sobre la mesa, no es de extrañar que la reunión ayer en Madrid de la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente español, Mariano Rajoy, fuese tan cordial como ambos escenificaron. Rajoy, que ayer volvió a recurrir a su ya famoso “de momento” para decir que no va a tocar las pensiones, puede elegir entre sí tocarlas, derribando uno de los últimos pilares que le quedan de su argumentario de oposición al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; o dejar que las arcas públicas se sigan desangrando en favor de la banca, a la que ya se destina más dinero de los Presupuestos Generales del Estado en forma de intereses de la deuda pública (28.848 millones en los PGE de 2012) que a pagar prestaciones y subsidios por desempleo (28.805 millones).

 Preparando el terreno

La insostenibilidad del sistema público de pensiones tal y como está planteado en la actualidad es un discurso recurrente que resulta muy ventajoso para potenciar el sistema privado de retiro, que además se fomenta con medidas de estímulo fiscal al ahorro (es decir, con menos ingresos públicos). Este tema descubre otra de las incoherencias de los que manejan el poder, ya que es curioso que cuanto más delicado está el sistema público debido a la merma en los ingresos de la Seguridad Social  por las altas cifras de desempleo, más medidas se toman que amplían esa debilidad, que luego se utiliza para cuestionar la sostenibilidad del sistema.

La población envejece, es innegable. El gasto en pensiones es el más voluminoso de los Presupuestos Generales del Estado. En los de 2012 fue una de las pocas partidas que no se redujo, creciendo un 3,2% hasta los 115.825 millones de euros, de los que la mayoría de lo presupuestado corresponde a las pensiones contributivas (101.954 millones).

Dado el miedo que se ha querido meter siempre con el futuro del sistema, se creó el llamado Fondo de Reserva, que a finales de 2011 contaba con más de 67.000 millones de euros. Si querían miedo, ese colchón a futuro se podría empezar a utilizar este mismo año, según declaraciones del secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. No hay ni que cambiar la ley, que dice que se puede utilizar el fondo después de tres trimestres consecutivos de déficit de la Seguridad Social, situación que ya se cumple. Ya se han utilizado 4.400 millones de los excedentes de las Mutuas de Trabajo para pagar pensiones y prestaciones de desempleo y la situación, con menos de 17 millones de afiliados a la Seguridad Social, la cifra más baja desde 2004, no parece que vaya a mejorar.

Lo primero que habría que hacer son políticas de fomento del empleo, para sumar gente al grupo de los que aportan al fondo común para pagar las pensiones. Pero en lugar de buscar como incrementar los ingresos de la Seguridad Social, el Gobierno ha decidido bajar un punto en 2013 y otro en 2014 las cotizaciones. Dice que lo hace para compensar la subida del IVA, que es el impuesto menos redistributivo por afectar por igual a un desempleado que a una persona con una renta de 300.000 euros al año.

Otra de las medidas que puede tomar Rajoy referida a las pensiones es congelar las que no son mínimas, lo que permitiría un ahorro de 4.000 millones, aunque de nuevo, al ser esta una de las bases de su campaña puede que le cueste algo más tomarla.

Y puestos a comparar con otros países rescatados, por si finalmente España se une a ese grupo, los pensionistas han sido un claro objetivo de la troika (BCE, CE y FMI) en países como Grecia o Portugal. Primero se eliminaron las pagas extraordinarias a partir de un nivel de ingreso y después se ha ido bajando ese umbral hasta el punto de que, en Grecia, ahora se cuestiona incluso si se reducirán las pensiones que estén situadas por debajo de los 700 euros mensuales.