La amnistía fiscal puede naufragar en los próximos días

La ofensiva jurídica del PSOE contra la amnistía fiscal sigue dos caminos. El primero es el reproche de inconstitucionalidad dirigido hacia el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, en cuya Disposición Adicional Primera se regula ese beneficio concedido a los defraudadores, que el Gobierno denomina regularización especial. A tales efectos el PSOE ha presentado el oportuno recurso ante el Tribunal Constitucional mediante escrito fechado el 15 de junio de 2012. La segunda vía utilizada es la interposición de un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del pasado 31 de mayo, que aprueba el modelo de la declaración tributaria especial. En este segundo recurso los socialistas piden la declaración de nulidad de la Orden Ministerial por su posible vulneración del principio de jerarquía normativa. La Orden del departamento que dirige Cristóbal Montoro, al permitir la regularización del dinero en efectivo, habría ido mucho más lejos que el Gobierno, pues dicha posibilidad no está contemplada en el citado Decreto-ley 12/2012.

El pasado miércoles, 26 de septiembre, tuvo entrada en el registro de la Audiencia Nacional el escrito por el que el PSOE formaliza su demanda contenciosa. Obviamente, la sentencia que decida el litigio entre Hacienda y los socialistas llevará su tiempo y recaerá después del 30 de noviembre de 2012, fecha en la que termina el plazo para presentar las declaraciones de la regularización especial y abonar su importe. Debido a esta premura temporal, y considerando que un hipotético pronunciamiento favorable sobre el fondo de la cuestión no impediría ya la consumación de unos perjuicios irreparables para el interés general, el PSOE también ha solicitado de la Audiencia la adopción de una medida cautelar: la suspensión inmediata de la Orden impugnada. El Letrado del PSOE alega lo siguiente (pág. 26 de la demanda): “Siendo la fecha límite para presentar la declaración tributaria especial el 30 de noviembre de 2012, es evidente que cuando se produzca la eventual sentencia estimatoria de nulidad, las situaciones jurídicas derivadas de la presentación de las declaraciones habrán adquirido firmeza, impidiendo que les afecte la declaración de nulidad”.

Si la Audiencia Nacional accediera a dicha petición no estaría prejuzgando el fondo del asunto. Pero está claro que la efectividad del proceso de regularización se derrumbaría como un castillo de naipes, incluso aunque la amnistía pasara posteriormente los controles de constitucionalidad y de revisión jurisdiccional en la vía contenciosa. La validez jurídica de la regularización tributaria especial ha suscitado muchas dudas y probablemente también un retraimiento por el lado de sus potenciales beneficiarios. Según datos oficiales de la propia Agencia Tributaria, hasta junio la recaudación conseguida por este expediente sólo era de 50,4 millones de euros, apenas el 2% de lo previsto por el Gobierno (2.500 millones de euros correspondientes al 10% de los 25.000 millones de valor de los bienes regularizados). Curiosamente, esta misma semana la Agencia Tributaria ha dejado de publicar en su web los datos sobre la marcha de la amnistía fiscal.

La experiencia nos dice que aún es pronto para sacar conclusiones. En la última gran amnistía (la del segundo semestre de 1991) tampoco parecía existir mucho interés y, sin embargo, sus destinatarios acudieron en masa en diciembre, pocos días antes de la conclusión del período de gracia. Pero esta vez es mucho más improbable que se cumplan las expectativas del Gobierno. El “ambiente” no sopla a favor de sus intenciones y cualquier tropezón inesperado daría la puntilla a un proceso en mi opinión mal abierto y pésimamente ejecutado por el ministro Montoro. A sólo dos meses vista de su desenlace, una eventual suspensión de ese proceso por la Audiencia Nacional significaría la muerte definitiva y prematura de la amnistía fiscal.