La salud de Rajoy la pagan los madrileños

Son frecuentes las quejas de la periferia sobre los beneficios extraordinarios que Madrid y su entorno geográfico reciben por el hecho de ser dicha ciudad la capital del Estado. Gracias a esa circunstancia –dicen los críticos- Madrid habría captado tradicionalmente (y lo seguiría haciendo en la actualidad) numerosas inversiones domésticas y también sería un imán que atraería capitales y empresas del exterior. Creo que tienen razón. La riqueza derivada de ser Madrid el centro político es una evidencia incuestionable. Basta desplegar el mapa de las infraestructuras que dan acceso a la capital (carreteras radiales, trazado de la red ferroviaria, instalaciones aeroportuarias…) para comprobarlo. Sin necesidad de mayores consideraciones y asimismo sin ponderar el valor económico de los símbolos del poder político. En estos momentos el “efecto capitalidad” es todo menos una abstracción y trasciende el campo de la investigación académica: el debate se está recrudeciendo ahora entre el público con motivo de la próxima revisión del sistema de financiación autonómica y, sobre todo, debido a las aspiraciones de gran parte de la sociedad catalana a la independencia política. Me parece bien, naturalmente: las cuentas deben ser transparentes y, si se difunden por los cuatro puntos cardinales, mejor para todos. Pero, además, las cuentas tienen que ser completas, porque en cualquier balance hay un debe y también un haber.

Aparte de las molestias que para los vecinos madrileños supone la capitalidad, Madrid soporta por dicha condición un plus de gastos. Un buen apartado lo daría, por ejemplo, la función jurisdiccional y algunas gabelas que para el sostenimiento de la actividad judicial –en beneficio de todos los ciudadanos del Estado- caen sobre los hombros del vecindario local, como algunas partidas relacionadas con el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional. Por no hablar de los ingresos que procuran -y también de su reverso, los gastos que representan- las instituciones parlamentarias y los departamentos ministeriales. No serían, desde luego, los únicos apuntes contables del gasto corriente que habría que anotar en los libros mercantiles de la capital.

El último miércoles se ha publicado en el BOE el Convenio suscrito por el Ministerio de la Presidencia y la Comunidad de Madrid, el 18 de julio de 2012, “para la prestación de asistencia sanitaria al Presidente del Gobierno y otros altos dignatarios”. Se trata de un servicio que, asumido por el Gobierno regional desde el 20 de diciembre de 2006, se carga en su mayor parte a los bolsillos de los contribuyentes madrileños (probablemente, sin que éstos lo sepan). La Comunidad de Madrid financia el mantenimiento del Sistema Operativo Sanitario, que presta asistencia continuada y da cobertura integral a la salud del presidente del Gobierno, expresidentes, vicepresidentes, ministros, así como a la de los altos mandatarios y dignatarios de gobiernos extranjeros en sus visitas a España.

El Sistema Operativo Sanitario, desde su creación en el año 1989, está adscrito a la Presidencia del Gobierno y dispone de unas instalaciones con el equipamiento necesario para cumplir su  finalidad en el Departamento de Infraestructuras y Seguimiento de Situaciones de Crisis. En virtud del Convenio firmado el 18 de julio y excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, la Comunidad de Madrid debe aportar, en garantía de la salud física y anímica de los miembros eminentes del capital político del Estado, “los recursos humanos, tecnológicos, y el material sanitario y farmacéutico, así como el soporte científico técnico-sanitario necesario y que será facilitado por el Hospital Universitario “La Paz”, a petición y gusto del director del Sistema Operativo Sanitario (designado por el Gobierno). Además de por su director, el Sistema está compuesto por siete médicos, siete diplomados universitarios en enfermería y, en función de las necesidades que se presenten, por “otros especialistas seleccionados en calidad de consultores”. Todo este personal (excepto los especialistas seleccionados, cuya vinculación con el Sistema Operativo es ocasional y su colaboración depende de la Presidencia del Gobierno) pertenece a la plantilla del Servicio Madrileño de Salud, aunque la propuesta de los nombramientos y la programación de sus actividades son competencias reservadas al director del Sistema Operativo.

¿Quién paga el servicio? Todas las retribuciones del personal (incluidas las del director del Sistema y las de los especialistas) corren a cargo de la Comunidad de Madrid. El Ministerio de la Presidencia sólo abonará a los profesionales adscritos al Sistema Operativo sus gastos de desplazamiento (locomoción, alojamiento y manutención). Por su parte, las estructuras y equipamientos del Sistema Operativo Sanitario (la Unidad Asistencial Sanitaria -ubicada en el Departamento de Infraestructuras y Seguimiento de Situaciones de Crisis-, dos ambulancias UCI móvil, y la Unidad Sanitaria de Altos Mandatarios y Dignatarios localizada en el Hospital Sanitario “La Paz”), así como el material necesario, serán proporcionados y renovados  por la Consejería de Sanidad de Madrid, y serán financiados a partes iguales por dicha Consejería y por el Ministerio de la Presidencia, aunque este organismo central únicamente aportará una cuantía limitada (un máximo de 148.000 euros durante el ejercicio 2012). Eso si todo va bien. Porque si resultaran necesarias unidades de apoyo en “caso de acontecimientos extraordinarios en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid”, serán aportadas y sufragadas por los madrileños.

El Convenio tiene una duración anual, pero –como lo acredita el pasado- presenta una vocación real de vigencia indefinida en el tiempo. Madrid, verdugo pero también esparadrapo, linimento y mercromina de todas las Españas.