El juego de Adelson

El 16 de octubre estuvo en Madrid Sheldon Adelson, magnate de los casinos, para confirmar a las autoridades de la Comunidad su voluntad de desarrollar el proyecto Eurovegas, aunque no desveló la incógnita de cuál será el municipio beneficiario de una lluvia inversora –según nos dicen– de 17.000 millones de euros. Las primeras gotas podrían empezar a caer durante el año 2013. En las fotos que testimoniaron la visita se ve, junto al señor Adelson, al presidente regional, Ignacio González, con ademán risueño y tan visiblemente satisfecho que parece la foto de su primera comunión. El día anterior, González había inaugurado sus visitas oficiales  como presidente de la Comunidad al Palacio de La Moncloa. A su salida anunció a los periodistas que, entre otros asuntos del orden del día, había recibido del presidente Rajoy el máximo apoyo del Gobierno español a la localización en Madrid del proyecto Eurovegas. La cortesía informativa del señor González fue una actitud tan pueril como inútilmente maliciosa, pues ya se encargó poco después el mismísimo Sheldon Adelson de mandar un remitido a la prensa diciendo que el día de autos –el 16 de octubre- había matado dos pájaros de un solo tiro. Es decir, que él también había visto a Rajoy (de lo que González no había dicho ni mu). Por lo que era redundante e innecesaria la afirmación de Ignacio González de que el presidente del Gobierno le ve con muy buenos ojos (que ve con buenos ojos a míster Adelson, apostillo, porque de otras miradas este servidor no sabe nada de nada).     

Mientras algunos rodean el Palacio de Invierno sin percatarse de que dentro no hay nada (salvo los fantasmas insomnes de sus antiguos inquilinos), el tira y afloja de míster Adelson y el señor González son tan reales como la vida misma. Hace muchos años el gran jurista alemán Franz Neumann definió la Ley –como expresión de la soberanía del Estado democrático- de manera insuperable. Según Neumann, la Ley es la suma de la voluntad y la razón. Sin embargo, ese ideal jurídico –un Estado democrático que persigue la justicia y dispone de la fuerza necesaria para hacerla efectiva- es una reliquia en la época de la globalización. El aparato coactivo del Estado no es ninguna broma para sus ciudadanos corrientes, pero en la escena internacional el Derecho del Estado ha perdido incluso la intensidad en re menor que ostentaba y ya sólo cabe calificarlo con el neologismo soft law. Sobre todo si el viejo soberano no tiene potencia económica y se encuentra al borde de la quiebra fiscal.

Frente al imperio del antiguo y derogado hard law, el Derecho lábil, débil y blando del soft law. Frente al Estado que impone sus condiciones a los extranjeros que quieren atravesar las fronteras e instalarse en su territorio (ya sólo es un policía eficaz para los extranjeros pobres), el Estado como agente privado entre otros muchos partícipes de la economía global; como parte contratante y persona en pie de igualdad (en el mejor de los casos) que se relaciona con otros negociantes de acuerdo con el principio de autonomía de la voluntad, como usted y como yo cuando pactamos con otro particular la compraventa de un piso o la adquisición de un vehículo usado. En estos casos las condiciones de la operación dependen del poder del talonario que tenga cada parte.

Ésta es la realidad medular del soft law, la ola que ha arrasado la soberanía de los Estados, especialmente mortífera para los Estados periféricos de la economía global, los más incapaces, endeudados y menos competitivos a la hora de establecer las reglas del juego a los inversores trasnacionales. Como le sucede a nuestra España en sus horas más bajas. Pero ocultando sus muletas, el Estado simula lo que ya no es y mantiene su liturgia procedimental con la intención de que sus ciudadanos –los electores- no descubran que el adagio “un hombre, un voto” vale menos que su sustituto moderno: “un dólar, un voto”. Sin embargo, el desengaño popular advierte sin dificultad que también ha pinchado la burbuja de la soberanía nacional y la democracia.

Los que no quieren darse por aludidos -porque no les interesa- son los oficiantes del sacramento democrático. De esta forma el presidente madrileño, Ignacio González, dice sin inmutarse que sacará a concurso oficial la adjudicación de las concesiones pertinentes para el uso del suelo público de su Comunidad en beneficio del interés general mediante un proceso de concurrencia competitiva entre los ahorradores interesados en hacer buenos negocios en Madrid (cubriendo con el velo de esta abstracción administrativa los pactos secretos que mantiene con míster Adelson). Por eso el Gobierno central ha remitido a las Cortes Generales un Proyecto de Ley para -con la inestimable ayuda de la Mesa del Congreso de los Diputados (que encomienda la aprobación del Proyecto a la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso con competencia legislativa plena y por el procedimiento de urgencia)- modificar la normativa vigente sobre las Haciendas Locales y conceder a los Ayuntamientos  la potestad, en la línea ya seguida por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, de bonificar fiscalmente en el Impuesto sobre Actividades Económicas y en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles las “actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales…o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración”.

“Bonificar” significa en este caso reducir hasta dejarlas –si se quiere- sólo en un raquítico 5% las cuotas de los citados tributos municipales, bastando para la mencionada declaración de especial interés o utilidad municipal el acuerdo del Pleno de la Corporación por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. Con esta nueva vuelta de tuerca fiscal (pero aquí en el sentido contrario a las agujas del reloj, para aliviar la presión fiscal todo lo que resulte necesario), el Estado completa sus obsequios al magnate del juego. Porque a dichas bonificaciones fiscales se suman, para facilitar sus negocios, las infraestructuras ya existentes (pagadas por los vecinos), la red de aeropuertos, estaciones del AVE y demás equipamientos ferroviarios y de carreteras (pagados por todos los contribuyentes españoles), más lo que pueda caer de las empresas públicas (Ifema, Promadrid) que gestionan el turismo de ferias y congresos y analizan los proyectos de inversión en la Comunidad .

Los procedimientos formales de la democracia española, con una nomenclatura distinta para identificar a sus órganos internos, discurren paralelos a los de cualquier sociedad mercantil. Las negociaciones del Estado con la multinacional para ludópatas del señor Adelson lo acreditan. En el vértice superior de las respectivas pirámides los presidentes Adelson y Rajoy (asistido por su consejero-delegado González) pactan confidencialmente y después trasladan sus decisiones a los órganos colegiados del siguiente nivel (el Consejo de Ministros  en un caso y el Consejo de Administración en el otro). A continuación esas instancias ejecutivas, cada una por su lado, proponen al Parlamento y a la Junta General de Socios que adopten –convenientemente cocinados- los oportunos acuerdos para su aprobación mayoritaria y subsiguiente difusión al exterior. Concluido el proceso nadie dudará de que los dueños de la democracia son los ciudadanos y los de la empresa sus accionistas.

El único que permanece fuera de control es el duende de la memoria. Suele ser un personajillo burlón que se aprovecha de los errores de imprenta. Veamos. La ruleta, como la democracia, es un juego muy serio, sólo apta para gente responsable. Ítem más: desde el 27 de mayo de 2011, la Ley regula la actividad del juego, en sus distintas modalidades y en todo el ámbito estatal, “con el fin de garantizar la protección del orden público, luchar contra el fraude, prevenir las conductas adictivas, proteger los derechos de los menores y salvaguardar los derechos de los participantes en los juegos”. A tales efectos, la Dirección General de Ordenación del Juego obliga a “los operadores del juego” desde noviembre de 2011 a realizar el test de juego responsable a sus clientes mediante las contestaciones de estos últimos a un cuestionario oficial en el que figuran preguntas como las siguientes:

- ¿Ha jugado alguna vez más dinero de lo que tenía pensado?

- ¿El intento de interrumpir o detener el juego [si fuera el caso] le produce inquietud o irritabilidad?

- ¿Ha perdido alguna vez tiempo de trabajo o de clase debido al juego? y, por último

- ¿Cree usted que tiene algún problema con el juego?

Cuando se inauguren los casinos de Eurovegas en Alcorcón, Paracuellos o Villarriba de Abajo no pienso perderme el interrogatorio de míster Adelson a don Ignacio González: ¿Cree usted, señor presidente, que tiene algún problema con el juego? Yo no lo sé, pero desde luego el problema sí lo tenía su antecesora: en la Ley autonómica 4/2006 se modificó la Ley del Juego en la Comunidad “a fin de proteger el derecho de los ciudadanos a que les sea prohibida la entrada en los establecimientos de juego”. ¿Habrá cambiado Esperanza Aguirre de costumbres echando unas manitas de tute con el señor Adelson después de la cena en su reciente invitación madrileña?