¿Se ha hecho leninista Cristóbal Montoro, o simplemente está irritado por los malos frutos de su gestión?

Según mi humilde opinión, Cristóbal Montoro debería tomarse una tila, dormir después una buena siesta y, al despertarse, meter la cabeza en la ducha y abrir a tope el grifo del agua fría. Cristóbal Montoro debería reflexionar un poco antes de hablar y de aparentar ira e indignación proclamando -¿de cara a la galería?- que el Gobierno estudia publicar una lista de los mayores defraudadores y morosos que tiene la Hacienda Pública. “No puedo entender tanto sigilo y cautela ante personas que no merecen la confianza de la sociedad”, ha dicho el reverendo Montoro desde su púlpito, sabiendo que desde los escaños situados a su izquierda casi nadie le va a decir que no ante el pavoroso problema del déficit y de uno de sus principales culpables: el fraude fiscal. ¿A que a todos nos pide el cuerpo decirle sí al señor ministro?

Sin embargo, deberíamos resistir cualquier tentación de populismo simplón y dudar, no sólo de las verdaderas intenciones del virtuoso ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, sino de la compatibilidad de su voluntad con los derechos fundamentales. ¿Exagero? No quiero ser melindroso, pero no deberíamos olvidar que bajo el Antiguo Régimen nada impedía a los funcionarios fiscales de la monarquía absoluta entrar en las casas para tasar los bienes de sus súbditos, recaudar, embargar y llevar a prisión a los mentirosos. Nada les importaba la violación del domicilio y de los derechos de sus moradores. Tuvo que ser la revolución del liberalismo británico la que encomendó esa misión a los jueces y limitó los derechos del Fisco con la creación de un nuevo impuesto sobre las ventanas, que permitía recaudar la riqueza inmobiliaria por el número de huecos de luz de las casas, gravando más a los más pudientes sin arrestos administrativos y sin sacar a los defraudadores a la plaza pública para situarlos en la picota antes de que se pronunciaran los jueces.

En España la justicia emana del pueblo y, salvo excepciones, las actuaciones judiciales son públicas. No sé si la Constitución permite la “lista de Montoro”, pero, en mi modesta opinión, me inclino por un no y, en todo caso, estoy seguro de que los Robespierres de turno –los genuinos y los de ocasión- acaban cometiendo los mayores disparates en nombre de la salud del pueblo. Las penas judiciales por la comisión de un delito fiscal son públicas y así debe ser. Pero la idea del ministro necesita una “pensada”. ¿Quiénes van a estar en su lista? Desde luego no todos los que “son”, sino sólo los defraudadores –en relación con el total, pocos- identificados y “liquidados” por la Agencia Tributaria. Aparte de eso, ¿van a ir en la lista los “condenados” por actos administrativos no firmes antes de esperar los resultados definitivos de la función revisora de los tribunales del orden penal o del contencioso-administrativo, según los casos? ¿Está dispuesto el señor Montoro a pagar las indemnizaciones correspondientes a los afectados por el funcionamiento de la Administración si después la justicia les da la razón frente a Hacienda? Conviene que lo diga, si cree en el principio de separación de poderes. Y también conviene que diga si piensa o no meter en su lista a un rival político o a un periodista no demasiado partidario de su gestión… La lista –la suya- podría resultar interminable. ¿Por qué no incluir en ella a las Administraciones que no pagan a sus proveedores, o a los amigos corruptos del propio partido, o a las fundaciones políticas que cobran de las empresas adjudicatarias de obra pública…? Montoro debería señalar menos con el dedo y acabar con el fraude dando los recursos necesarios a la Inspección y poniendo a los evasores, llegado el caso, en manos de los fiscales y de los jueces. La democracia no suele ser amiga de los atajos.

Montoro conoce bien la Ley General Tributaria y, si continúa firme en sus intenciones, tendrá que modificarla de la A a la Z. Su artículo 34.1.i), por ejemplo, reconoce el derecho de los obligados tributarios “al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria, que sólo podrán ser cedidos para la aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser comunicados o cedidos a terceros”, salvo en los supuestos previstos en las leyes (que actualmente no permiten nada parecido a lo que pretende Cristóbal Montoro). Por otra parte, el artículo 95.3 de dicha Ley, después de exigir a la Administración que garantice la confidencialidad de la información tributaria, advierte en caso contrario: “Cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse, la infracción de este PARTICULAR deber de sigilo se considerará siempre falta disciplinaria muy grave”.

El 8 de septiembre de 1978 se aprobó la primera Ley del IRPF de la democracia. Su artículo 40 decía: “La Administración, dentro de los tres primeros meses del ejercicio económico siguiente a aquel en que se hubiera producido la declaración, procederá a dar publicidad a las bases declaradas y cuotas ingresadas en este impuesto”. Montoro no es el inventor de la rueda. Ese mandato legal, mucho más inocente que la última cabalgada quizás hacia la nada de Cristóbal Montoro, precedió a la Constitución y, aunque estuvo formalmente en vigor muchos años, sólo fue papel mojado. Ahora nos sale un ministro muy caliente y de un rojo subido. Yo creo que aquí hay gato encerrado, un gato psicoanalítico, naturalmente, y un acto fallido de un político excesivamente nervioso. Quizás porque ha “defraudado” las expectativas que su persona despertó en quién lo designó. Pero la realidad es la que es. ¿O no, jefe?