Una modesta proposición a favor de los desahuciados

Supongamos un caso muy habitual en la práctica. Supongamos el caso de un padre o una madre de familia que pierde su empleo y no puede pagar la hipoteca de su vivienda. Entonces el banco inicia un procedimiento de ejecución hipotecaria, adjudicándose finalmente el piso por el 50% de su valor de tasación, que en este ejemplo fue de 200.000 euros. Supongamos que el valor de adquisición de la vivienda ascendió en su día a 180.000 euros, coincidente con el principal del préstamo hipotecario.

Ese desafortunado habrá transmitido en pública subasta un bien inmueble con una pérdida patrimonial (sin contar impuestos indirectos y gastos) de 80.000 euros (valor real de transmisión por 100.000, del que restará un coste de adquisición de 180.000). En su IRPF, esa pérdida irá a parar a la “renta del ahorro”. Pero no le valdrá absolutamente de nada: ese vendedor forzoso no tendrá ninguna ganancia patrimonial de la que en teoría podría descontar su pérdida de 80.000 euros. Ni en el año de la venta forzosa de su vivienda habitual ni en los cuatro ejercicios siguientes, por lo que, legalmente, la posibilidad de reducir sus impuestos futuros se evaporará al chocar con las circunstancias reales de un pobre de solemnidad.

Esa persona ya no tendrá casa y, por si esto fuera poco, es posible que todavía le deba al banco un resto: la parte impagada del crédito no cubierta por el valor de remate de la ejecución hipotecaria. Si algún día encuentra trabajo, el banco puede echársele encima otra vez para cobrar la deuda aún existente en ese momento. ¡Qué gran sarcasmo fiscal!: tener un crédito contra la Hacienda Pública que verdaderamente es papel mojado y subsistir al mismo tiempo con la angustia de que te vuelvan a ejecutar y no puedas dar de comer a tus hijos ni siquiera lo poco que te es posible darles ahora.

Duele en la fibra más íntima del sentido de la justicia que muchos deudores de buena fe estén en la ruina, hayan perdido sus empleos y sin embargo sean titulares de un crédito fiscal inútil contra el mismo Estado que, merced a su pésima regulación del riesgo bancario y a sus culpas por omisión en el control del mercado hipotecario, les ha puesto en la calle con una mano delante y la otra detrás. ¿Tan difícil sería otorgarles una compensación mínima? ¿No puede el Gobierno, a cambio de ese crédito fiscal que es sólo humo, darles una ayuda económica de poca cantidad por un período transitorio? ¿No puede al menos modificar la Ley para que -en los casos justificados por ausencia de temeridad del deudor hipotecario- ese crédito perdure hasta que los desahuciados vengan a mejor posición y tengan la posibilidad real de compensarlo, incluso mediante su imputación a rentas del trabajo futuras?

Ya sé que –a través de esa vía fiscal- el dinero necesario para reparar mínimamente los daños causados no va a salir nunca de los bolsillos de los responsables públicos (pasados y actuales) de  un latrocinio a gran escala que fue posible gracias a su indiferencia. Al final todo el peso lo soporta el contribuyente. Pero, por favor, que el poder legislativo no se burle, ni del contribuyente ni de los desahuciados, concediendo unos créditos fiscales que se parecen demasiado al timo de la estampita.

¿Exagero? No crean, para los contribuyentes desahuciados la Ley del IRPF está hecha con los pies. Aunque no tengan ingresos, se da la paradoja de que simplemente por ser desahuciados con pérdidas la Ley les obliga a presentar la declaración, pues sólo se salvan de dicho deber los contribuyentes con pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros. Si incumplen la obligación de declarar -una modalidad de presión fiscal indirecta- puede caer sobre los desahuciados el mazo de la Ley. ¿No les parece que esto es la guinda fiscal de un cruel atropello jurídico?