Un partido ultracatólico consigue la inconstitucionalidad parcial de la Ley de Madrid sobre uniones de hecho

Familia y Vida es un minúsculo pero activo partido católico que, si no lo ha logrado ya, va a inquietar a las parejas de hecho madrileñas. La intención de Familia y Vida, cuyo mayor éxito electoral ha sido la obtención de 16.699 votos en los comicios generales de 2004, era la demolición completa de la Ley de la Comunidad de Madrid sobre uniones de hecho, que data del año 2001. Su estrategia, al no tener acceso directo al Tribunal Constitucional (TC), pasaba por utilizar la vía intermedia del recurso contencioso contra el Reglamento que desarrolla esa Ley, y solicitar del órgano judicial –en este caso el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid- la elevación al TC de una cuestión de inconstitucionalidad contra la misma. El triunfo de Familia y Vida no ha sido total. Pero tampoco menor. Ha conseguido del TC –en Sentencia publicada a finales de la semana pasada- la nulidad de los artículos de la Ley madrileña que facultaban a los dos miembros de la pareja afectiva a regular sus relaciones patrimoniales y económicas mientras durase su unión (como los gastos domésticos), así como los efectos de su extinción (incluido el posible reconocimiento de una pensión compensatoria a favor de uno de ellos). Hasta ahora esos pactos –formalizados en escritura pública- podían inscribirse en el registro madrileño de uniones de hecho. En el futuro ya no será posible porque el TC entiende –a mi juicio correctamente- que, al no tener la Comunidad de Madrid un Derecho civil de naturaleza foral o especial, ha invadido competencias exclusivas del Estado.

Las complicaciones para estas uniones extramatrimoniales no sólo afectan a los pactos de  futuro. Los enredos de Familia y Vida han encontrado un aliado eficaz para sus propósitos en un TC que ha tardado diez años en tramitar una cuestión que priva de fundamento legal autonómico a muchos pactos realizados al amparo de las normas de Madrid y anotados en su registro de uniones de hecho. El retraso es una fuente de incertidumbre sobre la validez del pasado, un menosprecio que se arroja a la cara de unas personas que han confiado en la Ley.

La pretensión de Familia y Vida, como ya he anticipado, era la “liquidación” íntegra de la Ley, y no sólo la nulidad de sus preceptos de Derecho Privado. Sin llegar a tanto, el TSJ de Madrid ha dado un exceso de apoyo a ese partido que se define a sí mismo como no confesional, pero que si fuera necesario (que, a mi juicio, no lo es, pues si la Iglesia tuviera el suficiente poder obligaría al Tíber a transportar agua bendita y, por tanto, nada le añadiría el auxilio de sus feligreses más fogosos) sería más papista que el Papa y más roca de San Pedro que el mismísimo Vaticano. Digo esto porque, incomprensiblemente, el TSJ de Madrid también consideraba en su cuestión que el contenido de Derecho Público de la Ley madrileña era igualmente inconstitucional. Eso era tanto como tratar de impedir el reconocimiento y la aplicación de las normas presupuestarias, la concesión de subvenciones o la regulación fiscal de las uniones de hecho madrileñas en pie de igualdad respecto a los matrimonios. El TSJ de Madrid asimismo había mostrado sus reservas sobre la constitucionalidad de la igualdad de trato que la Ley confiere  a las personas al servicio de la Administración  de la Comunidad de Madrid inscritas en el registro de uniones de hecho en relación con los funcionarios casados, a los que dispensa idénticos beneficios (cuando estos existen, claro). Y también ponía trabas al funcionamiento normal del registro de uniones. En todos estos casos el TC ha convalidado las disposiciones de Madrid, por entrar indudablemente en el elenco de sus competencias propias. ¿A qué jugaba el TSJ de Madrid, con sus ambiguas y retóricas observaciones para destruir casi de arriba abajo el edificio de la Ley? No lo sé, la verdad.

No parece imprudente la conjetura de que a Familia y Vida le importa una higa el reparto competencial de los poderes del Estado. Que las uniones more uxorio le repugnan tanto como le gusta imponer a los demás las ideas que sobre la familia y el matrimonio tiene la Iglesia Católica. Eso, y no la legalidad constitucional, es lo único que le interesa a ese partido católico que abiertamente desprecia la ley positiva si –en cuanto al núcleo de sus valores morales- entra en contradicción con la ley natural y divina (que son la misma cosa, pues la Naturaleza es una creación de Dios). Da igual. Ojalá vivamos siempre en democracia y puedan seguir los intransigentes defendiendo de manera instrumental la Constitución en su propio beneficio. Es algo que ellos nos prohibirían a los demás si volviéramos a su bendito pasado, Dios no lo permita. Es algo demasiado grande y difícil de entender para espíritus tan pequeños. Amén.