Los donantes del Fortuna amortizan al Rey

Los empresarios de Baleares que adelantaron de sus bolsillos la mayor parte del dinero para construir el yate Fortuna no le regalaron nada al Rey. Aprovechándose de que el valor de la marca comercial del Rey Juan Carlos y de su familia estaba entonces intacto, simplemente invirtieron, a razón de 600.000 euros cada uno, en sus negocios particulares en las Islas. El Rey se dejó querer, claro. Era todavía joven, apreciado por su pueblo y le gustaba navegar. Pero en los libros contables de los 25 magnates fue anotado como un activo intangible cuyo valor era equivalente al coste monetario de la supuesta donación. En el mercado de futuros la operación podía considerarse una ganga, porque tener al Rey de tu lado era susceptible de producir rendimientos del ciento por uno.

Los empresarios tenían a su disposición no el yate Fortuna (que en el año 2000 entró en el inventario del Patrimonio Nacional), sino una máquina publicitaria que daba permanentemente sus frutos en cada campaña estival.  A golpes de fotografía de la revista ¡Hola!, del motor de las cámaras de televisión y de los empujones de tanto curioso que mataba por ver el bronceado salino del Rey y sus allegados, el dramatis personae del yate Fortuna potenciaba todos los veranos la ventaja comparativa de las Baleares como destino turístico y ensanchaba el foso que las distanciaba de otras ofertas de la competencia hostelera. Los “25” se frotaban las manos, sus negocios iban con mejor viento en popa que el propio barco y, además, pagaban menos impuestos por las aportaciones entregadas a Fundatur, la fundación encargada oficialmente de hacer el regalo al Rey. Como los patronos de Fundatur son los mismos donantes (más el Gobierno de Baleares, que también aportó 2,7 millones de euros), tutti contenti: los donantes y el donatario aumentaban su “fortuna” y sólo a la bolsa de la Hacienda Pública se le hacía un agujero.

Pero ahora que el Rey está viejo, enfermo y ha malversado su prestigio, toma la decisión de no navegar más en el yate Fortuna y cede su propiedad al Estado. Lo mejor que podían haber hecho los donantes del barco era guardar silencio y dar por buenos los beneficios obtenidos durante los últimos trece años. Sin embargo, aún quieren exprimir más el limón y pretenden la devolución del regalo a Fundatur. La renuncia del Rey ha sido contestada por los empresarios en tono reconvencional, casi a la manera de una demanda por daños y perjuicios, alegando que no se trataba de una donación pura, sino de naturaleza finalista (la donación, según dicen, se condicionaba al uso del barco por el Rey y su familia). Lo que, dicho sea de paso, pone de relieve que Don Juan Carlos ya ni siquiera es popular y digno de respeto para algunos de sus propios “cortesanos”. Pero todavía llama más la atención la codicia de los supuestos mecenas.

Si usted efectúa una donación a una fundación o asociación declarada de utilidad pública podrá deducir su importe en la declaración del IRPF. Pero a condición de que dicho acto gratuito tenga carácter irrevocable. En todo caso, si una vez realizada la donación se revocara posteriormente, usted tendría que ingresar los beneficios fiscales de los que disfrutó en su día (más los intereses de demora) en la declaración del IRPF correspondiente al año de la revocación. Fuentes próximas a los 25 empresarios de Baleares han confirmado que sus respectivas sociedades –que entregaron las aportaciones a Fundatur para la construcción y donación del Fortuna- se beneficiaron de los oportunos incentivos fiscales.

Aquí sólo podemos exponer conjeturas sobre la aplicación de esos beneficios, pues la verdad última sobre su existencia sólo la conocen los propios interesados y la Administración Tributaria. Sin embargo, hay indicios razonables que avalan la legitimidad de esa sospecha. Supongamos por un momento su certeza. Según la legislación vigente en las fechas de la generosidad náutica de los 25 amigos regios, las donaciones realizadas a una fundación por entidades mercantiles constituían gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades. Pero, como se ha dicho a propósito del IRPF, con el requisito de que fueran irrevocables. Y con la advertencia, en caso de revocación posterior, de la obligación de devolver los beneficios fiscales obtenidos, más los intereses de demora. ¿Significa esto que la banda de los 25 le debe algo a la Hacienda Pública? Ya se verá, pero la respuesta más probable es que no. La posición instrumental de Fundatur (a la que fueron a parar las aportaciones deducibles de los empresarios) hace en principio irrelevante la revocación que pretende dicha fundación y consolida la posición fiscal de los que, por un doble motivo, pueden ser considerados con toda propiedad los donantes “reales”.

Detrás de este episodio queda la parábola nada evangélica que arroja esa visión mercantil de la figura del monarca a través de los años. De ser un activo que multiplicaba los beneficios, don Juan Carlos se ha depreciado hasta su consunción absoluta. O, como se dice en el lenguaje contable, el Rey es hoy un activo al que se le ha agotado su vida útil.