El Rey incumple la Ley General Tributaria

Llevan cuatro meses buscando los papeles, pero no aparecen. Han puesto patas arriba el Palacio de la Zarzuela, pero no ha habido suerte. No queda el más mínimo rastro, contable y documental, de los bienes integrantes de la herencia de don Juan –valorados en dos millones de euros- que el Rey Juan Carlos adquirió hace veinte años. Tampoco existen huellas de su destino posterior, de saldos bancarios, reinversiones, rendimientos o intereses que, casi huelga recordarlo, en teoría serían relevantes para la determinación cuantitativa de las hipotéticas obligaciones fiscales del Rey, para sus declaraciones periódicas del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio… Todo ha desaparecido misteriosamente. Los empleados del Palacio de la Zarzuela ni siquiera encuentran el documento inicial, la carta de pago del Impuesto sobre Sucesiones.

La vigente Ley General Tributaria dispone en su artículo 29 que los contribuyentes deben “conservar las facturas, documentos y justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias”. Dicha Ley entró en vigor el 1 de julio de 2004, pero no estableció al respecto ninguna novedad. El texto anterior (que databa de 1963) tipificaba como infracción simple (artículo 78) el incumplimiento de obligaciones o deberes tributarios exigidos a cualquier persona, sea o no sujeto pasivo, por razón de la gestión de los tributos. En particular, constituía infracción simple “el incumplimiento de las obligaciones de…conservación de justificantes o documentos equivalentes”.

El artículo 56.3 de la Constitución declara solemnemente que el Rey es irresponsable. Lo sabemos desde 1978. Lo que yo no nunca pude imaginar es que el Rey acabaría siendo un camino de perfección. Un fanático constitucional que, superándose cada jornada, llegaría a alcanzar el décimo dan de la irresponsabilidad.