Los ‘arrepentidos’ de la competencia imperfecta

Creo que fue el propio padre del liberalismo –Adam Smith- el primero en vaticinar las agresiones al sistema de libre mercado por, en teoría, sus más acérrimos defensores. No tengo ahora a mano La riqueza de las naciones, pero recuerdo casi con exactitud la advertencia del filósofo escocés sobre los oligopolios del lado de la oferta: allí donde hay una reunión de empresarios existe una conspiración contra el público. En el capitalismo de nuestros días una de las manifestaciones más graves de los abusos de oferta contrarios a la libre competencia se llama cartelización. ¿Qué es un cártel? Es una organización que lesiona los intereses de los consumidores gracias a una conducta ilícita. Un cártel, según la Unión Europea, es “una conducta colusoria entre competidores”, un comportamiento secreto que daña al público. Mediante ese pacto secreto y prohibido, los empresarios juramentados coordinan sus esfuerzos para eliminar la competencia, ya sea a través de la fijación de los precios, de las condiciones de venta, de las cuotas de producción o incluso mediante su reparto geográfico de los mercados. Creo que todos los usuarios que hayan llenado el depósito de gasolina de su vehículo durante el verano sabrán lo que digo. Han sido víctimas reales o potenciales de, digámoslo así, la banda cartelera del combustible.

Un capitalismo en régimen de libre concurrencia sería bueno para casi todos. Pero la libertad exige reglas que eviten los abusos de los que conspiran contra ella en beneficio de su posición de dominio individual  (y gremial). Las reglas jurídicas no sólo deben tipificar con rigor las infracciones contra la libertad. También deben tener detrás un poder coactivo que asegure el castigo real de los infractores. En España, la Ley de Defensa de la Competencia cumple el primero de los requisitos. Castiga el cártel (artículo 63) con sanciones de hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa (o de hasta 10 millones de euros si dicho volumen no se conoce). Además, cada uno de los representantes legales de la empresa (o cada uno de los miembros de sus órganos directivos que no se hubieran opuesto a las prácticas abusivas) podrá ser castigado con una multa individual de hasta 60.000 euros. Y no sólo sanciona las conductas de pasado. También contiene medidas expeditivas para poner fin a las prácticas abusivas de los oligopolios.

Respecto a la segunda cuestión –garantizar la libertad y el equilibrio de todos los agentes económicos, asegurar la concurrencia y la limpieza de los mercados, y castigar los abusos concertados de dominio-, cabe decir que la Comisión Nacional de la Competencia funge como el guardián de la Ley.  Si sus funciones de control e inspección fueran suficientes, la Comisión no necesitaría “aliados” que pusieran precio a su colaboración. Sin embargo, la misma Ley de Defensa de la Competencia –siguiendo, es verdad, recomendaciones de la Unión para todo el ámbito europeo- duda de la eficacia de la institución pública que ha creado y abona, para remediarlo, el campo de la delación. Como la Policía, la Comisión Nacional de la Competencia tiene un pacto secreto con sus “delincuentes” arrepentidos, sus confidentes y la mala ralea de infiltrados “a sueldo de la Ley”. Porque aquí la Ley “paga” a pleno luz del día a los participantes en el cártel que tengan la habilidad de dejar en pelotas a sus compañeros.

El precio es lo que la Ley de Defensa de la Competencia llama no por su verdadero nombre (condonación), sino con el eufemístico título de “exención del pago de la multa”. Es el beneficio económico de los delatores arrepentidos, con exclusión de los que hayan coaccionado a otros a entrar en el cártel. A estos últimos les queda reservado un bonito premio de consolación: la reducción, hasta el 50% de la sanción correspondiente a sus malas prácticas. En uno y otro caso la Ley recluta, con el estímulo de su paga, una cuadrilla de auténticos mercenarios. La única condición que pone es la celeridad: el delator debe ser más rápido que sus socios en la hermandad que han formado contra el interés público. De lo contrario, corre el riesgo de perder la competición por el privilegio de la exención a manos de sus posibles rivales (y amigos del cártel) y de quedar en fuera de juego. El primero se lo lleva todo.

“Yo me chivo y a cambio tú –el Estado- me perdonas porque eres un preso de tu debilidad”. En esta componenda, sin embargo, la Ley oculta su poca fuerza con otro eufemismo. En España y en el resto de Europa. Pues este diálogo de toma y daca ha recibido el nombre legal de Programa de Clemencia. En realidad es un negocio entre buenos y malos completamente alejado de la idea de clemencia. Clemente es el soberano capaz de imponer el rigor de la justicia, que luego modera y atenúa inspirado por su generosidad y benevolencia. En nuestro caso sólo existe un matrimonio de intereses creados. Pero el observador deberá hacerse el tonto si quiere ver a dónde conduce este juego legal. Sea, por consiguiente, un acto estatal de clemencia. Sigamos. En esta historia de vicios privados que aprovechan a la virtud pública debe imperar la claridad para que los viciosos entren por el aro. Los turbios necesitan seguridad jurídica para lograr su objetivo de impunidad. Para satisfacer sus deseos, se ha publicado oficialmente, hace pocos días, una Comunicación de la Comisión Nacional de la Competencia.

La Comunicación es un producto bien terminado dentro de su inevitable naturaleza de fárrago y artefacto prolijo. No es lectura plácida en el relax del verano. Pero, aún así, conviene retribuir el esfuerzo de sus autores destacando sus vigas maestras. A mi juicio son tres. En primer lugar, la concesión de impunidad (total o parcial) como contraprestación al “valor añadido” de una información (y sus pruebas) capaz de llevar a la Administración hasta donde no puede llegar por sus propios medios, a la guarida en la que se ocultan los miembros de un cártel determinado. El valor de esa información comprometedora será un dato necesario pero no suficiente. Porque –segundo factor esencial- el denunciante, como se ha dicho, deberá ser el primero del club colusorio en “traicionar” a sus socios si quiere ser merecedor de la exención total de su culpa (no así en la reducción de las multas, en la que, siendo posible el beneficio compartido, los porcentajes de descuentos se organizan en “bandas de reducción”, correspondiendo el porcentaje más elevado –el 50%- al denunciante más rápido). Por último, estamos en presencia de un verdadero pacto de silencio. El más riguroso secreto obliga a ambas partes. Con alguna excepción perfectamente justificada, el deber mutuo de sigilo es máximo. Hasta el punto de convertir en un “topo” al empresario arrepentido, que, si es posible, deberá seguir practicando aparentemente y con disimulo las conductas del cártel como si no pasara nada tras su denuncia, como si fuera el enemigo más feroz de la libre competencia.

La Ley de Defensa de la Competencia es un reflejo de la tensión moderna, con todas sus contradicciones, entre los valores de la justicia y la eficacia. Quizás tendremos que resignarnos a soportar ese dilema, que sólo tiene una solución sencilla en la mente de los más ingenuos. Ahora bien, si los poderes  públicos nos obligan a poner una alfombra roja bajo los pies de los malos que se arrepienten por interés, ¿por qué no extendemos esa alfombra hasta la entrada de algunas cloacas todavía casi inaccesibles a la verdad y la justicia? Por ejemplo: ¿sería mucho desatino premiar la “velocidad de denuncia” en el cártel de la corrupción que impide la libre competencia política? Yo creo que la mayoría de los ciudadanos aprobaría un Programa de Clemencia a favor de los corruptos que tuvieran las agallas de contar la verdad.