Adelson, ¿colaborador con la Justicia o culpable de blanqueo de capitales?

The Venetian Resort-Hotel Casino es un lujoso establecimiento de juego, ocio y placer de la ciudad norteamericana de Las Vegas. La mayor cuota de su propiedad, a través de su participación en la empresa Las Vegas Sands, pertenece a Sheldon Adelson, el magnate del juego que dirige el proyecto Eurovegas, ese maná empresarial que, según el Gobierno regional del PP, acabará regando con sus millones la reseca economía de la Comunidad de Madrid. The Venetian es un imán para muchos jugadores del mundo, pero todos ellos están por debajo de Zhenli Ye Gon, un comerciante chino-mexicano de materias primas que en marzo de 2007 se convirtió en el jugador que ha depositado la mayor suma de efectivo en toda la historia del pastiche de lujo que es The Venetian para horteras de alto nivel financiero y bajos escrúpulos (cuando  menos de orden estético).

El fiscal de Los Ángeles André Birotte Jr. ha comprobado que los dueños de The Venetian no informaron a las autoridades de los movimientos de capital del chino-mexicano, pese a existir indicios sospechosos de que el casino podía estar contribuyendo al lavado final de un dinero procedente del narcotráfico. Puede que las sospechas del fiscal no fueran una fantasía completa, ya que Las Vegas Sands acaba de ingresar en el tesoro federal 47 millones de dólares. Con ello los propietarios del casino reconocen explícitamente la acusación (y evitan el juicio oral) en el curso de una investigación judicial abierta por su posible colaboración en un caso espectacular de blanqueo de capitales. Más vale un mal acuerdo que un buen pleito, habrá pensado el señor Adelson.

A este lado del Atlántico, sin embargo, la interpretación oficial de ese pacto ha sido bien distinta. Para Salvador Victoria, consejero de Justicia (sic) y Presidencia de la Comunidad de Madrid, la conducta de Adelson demuestra su “compromiso en la lucha contra el fraude” y revela su “máxima colaboración en descubrir y regularizar” un dinero estigmatizado por el fiscal norteamericano en su viraje cromático del negro al blanco. El señor Victoria, desde luego, no sabe  ponerse de color rojo o marrón. Él, como su admirado Adelson, también aparenta un blanco impoluto. Zanjado ese asunto, las autoridades norteamericanas se esfuerzan ahora en investigar si Las Vegas Sands, violando las leyes anticorrupción, ha sobornado a funcionarios de Macao, donde Adelson está concentrando el grueso de sus negocios. Supongo que en la madrileña Casa de Correos también intuyen en este segundo caso la máxima colaboración por parte del modélico empresario bostoniano.

La terminación de un proceso penal mediante pacto no significa la renuncia del fiscal a su acusación. Simplemente, las partes evitan la incertidumbre de las pruebas y el inevitable grado de azar por su sometimiento a la decisión última de un tercero –el juez- sobre la calificación jurídica de los hechos y la eventual declaración de responsabilidad que pende sobre el acusado. Al menos esto es lo que sucede a tenor de nuestro ordenamiento procesal. Es una retorsión interesada del lenguaje decir que en estos supuestos el acusado “colabora” con la Justicia. La realidad es muy distinta: el proceso llega a su fin con la aceptación de su culpa por el reo y la convalidación por el tribunal del acuerdo alcanzado entre el acusado y el ministerio público. El consejero Victoria debería saber que el pago de 47 millones de dólares realizado por Sheldon Adelson ni ha sido un acto de buena fe ni tampoco un impulso espontáneo.

La propia Ley de la Comunidad de Madrid que ha puesto el semáforo en verde a los proyectos de Adelson en su territorio castiga acciones (u omisiones) similares a las que han llevado a dicho magnate a reconocer en Estados Unidos su tanto de culpa por un delito continuado de blanqueo de capitales. Los dueños de casinos en los nuevos Centros Integrados de Desarrollo tienen la obligación de identificar a las personas (y denunciarlas a las autoridades) si existen indicios de blanqueo de capitales. El incumplimiento de esta obligación legal se considera infracción grave, con independencia de su posible tipificación penal. Y el régimen administrativo sancionador prevé incluso la clausura definitiva del establecimiento. Pero, sin necesidad de llegar a las consecuencias sancionadoras de hechos consumados, la Ley madrileña pide juego limpio con carácter preventivo. A tal efecto, dispone que no podrán ser titulares de las autorizaciones necesarias para el juego las personas condenadas mediante sentencia firme, dentro de los cinco años anteriores a la solicitud de autorización, por delito contra la Hacienda Pública o el orden socio-económico.

Naturalmente, no se trata de trasladar a España de forma mecánica las actividades oscuras de Adelson en otros países o de calificarlas jurídicamente de acuerdo con nuestras normas, entre otras cosas porque dicho individuo no ha sido, que yo sepa, ni siquiera investigado por la comisión de un ilícito en nuestro país. Adelson goza de la presunción de inocencia. Dicho esto, sus antecedentes en Estados Unidos merecerían en este lado de aquí, si perseverara en su conducta, el mismo reproche jurídico con el que ha sido castigado en Norteamérica. Y, sobre todo, suscitan muchas dudas sobre su comportamiento futuro en Madrid y, a cualquiera que se moleste en abrir los ojos, no le permiten calificarlos como un modelo de colaboración con las autoridades tributarias y los órganos judiciales. Pero Salvador Victoria, político de admirable candor, vive la vie en rose.