El dinero que Wert no escatima a las fundaciones políticas

Alguien ha dicho que José Ignacio Wert descuida la educación de los ciudadanos; que no cree en el Estado como garante de la formación cultural de los individuos dentro del respeto al pluralismo de la sociedad española; o que está entregado a grupos de presión del sector privado y no demuestra interés por asegurar la igualdad de oportunidades de las familias modestas mediante las oportunas provisiones de fondos públicos. En definitiva, algunos dicen que el ministro Wert está laminando la escuela pública al mismo tiempo que expulsa de nuestro país a los investigadores que dependen de la ayuda del Estado. ¿Quiénes opinan así? Será gente que ignora la posición institucional del ministro en defensa de la educación y la cultura de nuestro país y su vocación de servidor público. Unas virtudes, no obstante, que son manifiestas para todos los que quieran juzgar de manera ponderada su gestión. Además, el propio Wert no se reprime al confesar su fe en las instituciones públicas a todo el que desee escucharle o mirar su limpia sonrisa sin anteojeras. No hace falta ir muy lejos, lo podemos comprobar en su rotunda cita constitucional (art. 149.2 CE) de hace unos días: “El Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial…”.

Wert ha asumido gustosamente sus deberes constitucionales, una vez más, en una Orden Ministerial publicada el último miércoles. Como bien dice, su Departamento ministerial –el de Educación, Cultura y Deporte- es una pieza clave del Estado al haber recibido el encargo de promover y difundir la cultura en español, incluida “la promoción del estudio y desarrollo del pensamiento”. En todos sus aspectos. El pensamiento español, si no es pensamiento político, social y cultural, no es nada de nada. Al pensamiento político español –el oficial- hay que protegerlo para que siga brillando en las más altas y sublimes esferas intelectuales de la Humanidad. Cueste lo que cueste, que para eso están las dotaciones presupuestarias de las que dispone el señor Wert. Echando mano, para el ejercicio 2013, de la aplicación presupuestaria 18.01.334A.487.  Gastar en el pensamiento político de nuestros ilustres representantes, o en el de sus amigos, es más que gastar en educación y cultura. Es invertir en el futuro de nuestros jóvenes.

Es verdad que la bolsa (la del Estado y la de las comunidades autónomas) está casi vacía para las escuelas públicas, para las becas de los estudiantes humildes y también para las ayudas de comedor y transporte de los escolares. Como tampoco se pueden desconocer los problemas de las universidades españolas, el fuerte aumento de las tasas que –en medio de la recesión y el desempleo masivo- los padres se ven obligados a desembolsar para que sus hijos continúen sus estudios de Derecho o de Física Nuclear y se conviertan en hombres y mujeres de provecho. Y, asimismo, es indudable que la ciencia y la investigación españolas deben rendirse a la postración o salir pitando al extranjero. Pero el ministro Wert hace lo que puede. Y además, ¡qué caramba!, no lo da todo por perdido y apoya presupuestariamente a las personas y sectores más dinámicos del país, que son la locomotora de arrastre que nos sacará de la crisis que padecemos. Conviene al interés general asignar óptimamente los recursos disponibles (que no son muchos) y aplicarlos a los talentos y lumbreras de los que, afortunadamente, dispone la sociedad española.

Por consiguiente, el ministro, en desarrollo de la Ley de Presupuestos para 2013, ha estado brillante al gastar dos millones de euritos en ayudas de costa y subvenciones a la crème de la crème de la intelectualidad y el pensamiento patrios. No hace falta decir, supongo, que los beneficiarios de Wert son los partidos políticos con representación en las Cortes Generales, a través de las fundaciones y asociaciones sometidas a su poder orgánico. Sus cursos, seminarios y conferencias (más los correspondientes gastos asociados a su benemérita labor, como los de personal, contratación de profesionales, dietas y gastos de viajes o de administración y gestión) debemos subvencionarlos todos los contribuyentes, al menos en el 75% de su importe. Debemos subvencionarlos de acuerdo con “la representación obtenida en las últimas elecciones generales a Cortes por el partido político del que dependa orgánicamente la fundación o asociación solicitante” y, naturalmente, si las actividades subvencionadas guardan la imprescindible “coherencia con los objetivos del Ministerio de Educación”. Se consolida así el impresionante rendimiento para el bien común que suponen las fundaciones de los partidos. Y de esta manera tan desenvuelta, alegre y desenfadada se pone la guinda pública al justificadísimo régimen de financiación privada de estos campeones sin ánimo de lucro, que incluso les permite recibir donaciones sin tasa de empresas adjudicatarias de obras y servicios contratados por la Administración. Es el cierre final del círculo virtuoso que ha hecho tan famosa como justa y eficaz la gestión tributaria de la Marca España.

Sólo desde la demagogia, el resentimiento social o el parasitismo más relajado puede criticarse o simplemente ponerse en duda, en este momento de estrechez económica, el sabio reparto de fondos públicos efectuado por el ministro de Educación, Cultura y Deporte. Y, por favor, que nadie cante el lastimoso Pobrecito mi patrón del trasnochado Cabral.