Europa para VIPs

Ya no existe la lucha de clases pero cada vez hay más clasismo. El clasismo es la política real de la Unión Europea, el producto estrella de su mercado único convenientemente disfrazado con el manto de la retórica social europea. Europa fue un día la patria de cierto capitalismo popular, una isla de relativo bienestar que se extendía sobre la llamada sociedad de los dos tercios. La Unión Europea del paro, la crisis y el malestar global, la fea Europa a la que hoy pertenecemos, ya no es más que un club de privilegiados que ha desahuciado conscientemente a los europeos de segunda división (la mayoría). Lo ha conseguido con la promesa (la cantilena eterna) de que sus políticas de austeridad devolverán algún día a las innumerables Vallecas de Europa sus cuotas perdidas de empleo y discreto pasar.

Pero no. Si las instituciones de la Unión Europea hubieran deseado ser las instituciones de todos, habrían impuesto a los Estados miembros un sistema eficaz de armonización fiscal. Como no lo han hecho, ni siquiera en el ámbito del que más presumen (el mercado de bienes y servicios), los Estados miembros compiten de forma salvaje entre sí para atraer o retener empresas, capitales e inversión productiva. Compiten a la baja para mejorar su oferta fiscal en beneficio de una casta de privilegiados y llegan incluso a ofrecerles una tributación cero en materia de imposición indirecta. El cliente siempre tiene la razón.  

Cualquiera que haya adquirido un utilitario nuevo sabe que, además de su precio de compra, ha pagado dos impuestos indirectos. Uno es el IVA y el otro es el de matriculación, que legalmente se denomina Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Este último grava la primera matriculación o, en su caso, la circulación o utilización no sólo de los vehículos terrestres, sino también los de otro tipo, como las embarcaciones y buques de recreo o de deportes náuticos. La Ley de Impuestos Especiales, que se aprobó en 1992, concede determinadas exenciones en el Impuesto de Matriculación. Desde el inicio de su vigencia y hasta hace escasas fechas, la Ley excluía de gravamen a las compras de embarcaciones, buques de recreo o de deportes náuticos realizadas por empresas que los afectaran exclusivamente al ejercicio de actividades de alquiler. Pero con la condición ineludible de que la embarcación no tuviera más de quince metros de eslora. Tal exención era discutible porque, en la práctica, muchas empresas adquirían la embarcación para el uso y disfrute particular de sus socios, familiares y amigos, “fabricando” los oportunos contratos en los que los últimos figuraban como arrendatarios. Pero, en teoría, la exención se justificaba como una medida de fomento de las actividades turísticas desarrolladas en general por clases medias más o menos acomodadas. En ningún caso era un beneficio fiscal para emuladores hispanos de los reyes del Mediterráneo al estilo de Aristóteles Onassis o de su feroz competidor Stavros Niarchos.

En estas llega la Ley 16/2013, de 29 de octubre, y decide no condicionar el beneficio fiscal a la dimensión del barco. La justificación se puede leer en su Preámbulo. Se regula la exención, con independencia de la longitud de eslora de la embarcación de recreo, porque “se pretende acercar nuestra tributación a la de otros Estados miembros de la Unión Europea, potenciando el sector de la náutica de recreo y produciendo un efecto dinamizador hacia otros sectores productivos, con el consiguiente incremento en la capacidad de generación de riqueza y empleo”. El Impuesto de Matriculación es un tributo estatal cedido a las Comunidades Autónomas. Son éstas las que aprueban los tipos de gravamen. En su defecto, las embarcaciones y buques de recreo o de deportes náuticos tributan al tipo impositivo del 12% (el 11% en Canarias). Este porcentaje es el que se ahorran las personas que compren la embarcación si la afectan a una actividad de alquiler, con independencia de que adquieran una piragua o un buque parecido al yate Christina. Según Vanity Fair, el legendario barco de Onassis se alquila en la actualidad por el módico precio de 45.000-65.000 euros diarios.

“…Hacia otros sectores productivos”, dice la Ley 16/2013. Dice bien. Es la política fiscal puesta al servicio del turismo de lujo. En detrimento de actividades de consumo mucho más modesto que, a paridad de trato fiscal, verán cómo se desplazan hacia empresas más grandes flujos de inversión en busca de una rentabilidad superior y de unos usuarios finales “más competitivos” (a los que ya no será necesario repercutir una parte considerable de los costes –tributarios- de explotación). Todo ello gracias a la exquisita neutralidad fiscal de los Estados europeos.

Tiene escrito el canciller Bismarck que “la gente no dormiría tranquila si supiera como se hacen las leyes y las salchichas”. ¡Qué tiempos aquellos en los que se podía dormir tranquilo! Ahora casi todo, más o menos tarde, se sabe. En ocasiones incluso con todo detalle de alardes por el mismo “fabricante” del producto. Como en esta información suministrada por una empresa de comercio internacional que, movida por la Cámara de Comercio de Barcelona y la Asociación Española de Grandes Yates, ha conseguido al parecer que el Estado Español cambie de opinión sobre la fiscalidad de las embarcaciones de gran eslora. En fin, que nos comeremos entre todos la salchicha y no dormiremos tranquilos. Y, si no fuera suficiente, haremos lo que haga falta para sanear el sector del turismo de lujo. El que dijo que España era el problema y Europa la solución no había probado ni las coles de Bruselas ni las salchichas de la señora Merkel. Sin que esto suponga excusa absolutoria alguna para los señores Montoro y Rajoy. Aunque bastante tienen con ser como son.