Montoro y Rajoy hacen ‘trampas’ en la declaración de la renta

Pocas novedades presenta la campaña del IRPF de 2013: la supresión de la deducción por vivienda habitual (para las adquisiciones posteriores a 31 de diciembre de 2012), la inclusión en la base general -y no en la del ahorro- de las ganancias patrimoniales con un período de maduración no superior a un año (por lo que estas rentas pagarán más impuestos que en el pasado)…y unos pocos detalles más. Este continuismo legal puede llevarnos a la inercia y a la pereza. Puede conducirnos a realizar la declaración de la renta (cuyo plazo de presentación, en soporte papel, y al margen de las especialidades establecidas para la confirmación del borrador oficial, se abrirá el 5 de mayo y concluirá el 30 de junio) de manera formularia, sin prestar demasiada atención y con las defensas bajas. Como veremos en seguida, sería un error de percepción, si no para todos, sí para muchos contribuyentes.

Y no lo digo tanto por las consecuencias prácticas de la declaración. Al fin y al cabo, el margen de maniobra del contribuyente frente a las reglas del juego impuestas por el Gobierno y su mayoría parlamentaria es muy reducido. Lo digo, sobre todo, por los daños morales que el ciudadano puede recibir del mando, de las lesiones inferidas a la confianza que el contribuyente ha puesto en las instituciones. No es que las actitudes individuales de alerta sean capaces de inhibir los daños injustamente causados (ni los morales ni los materiales). Pero creo que los perjuicios se aguantarán un poco mejor si no vivimos engañados, que es precisamente lo que intentan algunos irresponsables públicos.

Los impuestos condicionan la toma de decisiones económicas. Nuestra libertad no es tal si el legislador modifica el marco temporal de las normas tributarias en los casos en que éstas tienen un calendario de aplicación y una vigencia previamente definida y acotada en el tiempo por el propio legislador. En dichos supuestos, cualquier restricción de las legítimas expectativas del contribuyente es arbitraria, quiebra la confianza ciudadana en la Ley y, por si lo anterior fuera poco, distorsiona la actividad económica en su conjunto y produce una asignación ineficiente de los recursos disponibles. Desgraciadamente, en ese vicio ha caído el Gobierno de Mariano Rajoy de manera sistemática, especialmente en los últimos meses. Debido a ello, la declaración del IRPF de 2013 regala a los contribuyentes (a algunos de ellos) un paquete de incertidumbres irremediables.

En diciembre de 2011, el Gobierno –a propuesta del ministro Cristóbal Montoro- aprobó por Decreto-ley una serie de recargos complementarios y de duración limitada en el Impuesto sobre la Renta. Los recargos, cuya vigencia se extendía únicamente a los ejercicios 2012 y 2013, alcanzaban hasta siete puntos porcentuales en la base general del Impuesto (rentas del trabajo) y hasta seis puntos en la base del ahorro (rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales). La medida se apartaba del programa electoral del PP, pero era jurídicamente inobjetable (cuando, poco después, fue embutida  en una norma con rango de Ley). Los agentes económicos contaban con una ley previa y cierta que señalaba las consecuencias de sus actos durante un período de dos años, transcurrido el cual las cosas volverían a su estado original (tipos del IRPF más bajos por la anunciada extinción de los recargos a partir del año 2014).

De esta forma, los que tenían margen de actuación (que ni eran ni son todos los contribuyentes) pudieron decidir si suspendían momentáneamente (hasta 2014) o no algunas operaciones. Fue el caso de los que postergaron la transmisión de un elemento patrimonial, el reparto de un dividendo societario o el reembolso de un plan de pensiones. O incluso el de los que colocaron sus ahorros en función de un calendario –fiscalmente favorable- de intereses y demás rendimientos. En apariencia, todo estaba más claro que el agua. Hasta que el Gobierno rompió la baraja y prorrogó también para 2014 la aplicación de los recargos complementarios. Como lo hizo a destiempo (en la Ley de Presupuestos de este año, cuyo proyecto se presentó en las Cortes a finales de septiembre de 2013), a bastantes ciudadanos les sorprendió la prórroga con el pie cambiado y el Gobierno les privó de uno de los ingredientes que conforman la libre voluntad de los individuos: la facultad de sopesar con cuidado los costes de oportunidad de nuestras decisiones. Algunos contribuyentes dejaron pasar una buena oportunidad en los primeros meses de 2013, confiados en que una operación similar en 2014 tendría un coste fiscal inferior, otros sólo podían (por falta de recursos suficientes) demorar su decisión un año más, sin la posibilidad de trasladarla al año 2015. Y hubo quien transmitió un bien con precio aplazado, simplemente para mejorar su fiscalidad en el futuro, cuando ya hubiera caducado el gravamen complementario. Todas esas personas, en mayor o menor grado, han resultado perjudicadas por un abuso legal.

La política tributaria del Ejecutivo no sólo ha malogrado algunas situaciones individuales completamente respetables. También ha traído mucha incertidumbre a la declaración del IRPF de 2013. Pensemos en las reglas legales de imputación de los ingresos y gastos. La Ley del IRPF, por ejemplo, faculta al contribuyente, en las operaciones a plazos o con precio aplazado, a imputar proporcionalmente las rentas obtenidas a medida que se hagan exigibles los cobros correspondientes. Seguro que en la campaña de renta anterior más de uno habrá optado por dicha vía especial, frente a la regla general de imputar las ganancias patrimoniales al período impositivo en que se hubiera producido la alteración, con la confianza legítima puesta en la palabra del legislador y bajo la expectativa, igualmente legítima, de diferir hasta el año 2014 y/o siguientes parte de la renta con la finalidad, merced a unos tipos de gravamen del IRPF más bajos que los actuales, de soportar un coste fiscal inferior. Y asimismo para retrasar –legalmente- el pago de las cuotas del IRPF. Todas esas personas, como dije antes, han sido defraudadas desde arriba.

Respecto a la declaración de 2013, muchos individuos tendrán el mismo dilema, si bien ahora la frontera que delimita y separa las correspondientes escalas de gravamen la ha situado el Gobierno en el 31 de diciembre de 2014. Sin embargo, esta vez existen dos novedades. La primera es que ya no cabe ninguna ingenuidad frente a las intenciones últimas de un Gobierno que ha demostrado con creces sus toscas maneras y su falta de escrúpulos en materia fiscal. La segunda es que, en esta ocasión sí, hay más probabilidades reales de que los recargos no se prolonguen más allá de 2014…porque el ejercicio 2015 es un año electoral y no parece que Rajoy quiera regresar voluntariamente  al Registro de la Propiedad antes de tiempo.

En cualquier caso, Rajoy y Montoro hacen trampas en la declaración de la renta. No me refiero a las hipotéticamente suyas, aunque tiene que ser un gozo sublime estar en condiciones de planificar sin miedos ni incertidumbres las decisiones económicas personales cuando se detenta la capacidad de modificar las leyes sin que nada le sorprenda a ese planificador ni nadie le rechiste. Yo lo que realmente digo es que esa pareja de cazadores nos ponen trampas fiscales. Como si los ciudadanos no fuéramos más que conejos. De Indias para los experimentos fallidos del Gobierno, y de Celtiberia para soportar unas leyes de la Edad del Bronce.