El Madrid de Aguirre y González: un sistema fiscal regresivo que ahora retira su apoyo a la filantropía
La Comunidad de Madrid está realizando en la actualidad las mayores emisiones de deuda de toda su corta historia. El objetivo de su presidente, Ignacio González, es cubrir con esa aportación de los acreedores las necesidades de financiación de la Comunidad durante el presente ejercicio 2014. Las nuevas emisiones no caen sobre la nada, pues Madrid cerró 2013 con una deuda de 22.104 millones de euros. Esta cifra (el 12,1% del PIB de la región) significa un endeudamiento per cápita de 3.403 euros. En 2003 -enseguida justificaré esta referencia comparativa- la deuda madrileña era de 9.059 millones de euros (el 6,5% del PIB, a razón de 1.584 euros per cápita). El aumento de la posición deudora de Madrid en tan breve período de tiempo es impresionante y corta el hipo a cualquiera, a pesar de las medidas de austeridad adoptadas por el ejecutivo autonómico, que han permitido a la región finalizar 2013 con un déficit inferior al máximo autorizado por el Ministerio de Hacienda.
Por su parte, la tasa de desempleo en Madrid, según la Encuesta de Población Activa, se saldó en marzo de 2014 con el porcentaje del 21,03% y la cifra de casi 700.000 personas. Aunque dicha tasa es inferior al promedio nacional de desempleo (cercano al 26% de la población activa), sólo desde una visión excesivamente oblicua podría difuminarse su carácter de calamidad pública. Esta miopía moral la padecen quienes afirman que Madrid está a la vanguardia de la economía española y sus industrias son conocidas en la Europa desarrollada por sus iniciativas pioneras y su dinamismo.
Madrid mantiene su sector público gracias al crédito porque sus ingresos tributarios –determinados por la ideología del partido que gobierna en la Comunidad- resultan insuficientes. La crisis fiscal que maniata la economía de la región se ha agudizado desde 2008, con la dramática caída de la recaudación pareja al estallido de la burbuja inmobiliaria, tras el que se han hundido los ingresos procedentes de los capítulos de Actos Jurídicos Documentados (venta de inmuebles de nueva construcción) y Transmisiones Patrimoniales (inmuebles de segunda mano). Pese a la penuria relativa de sus ingresos públicos, los dirigentes autonómicos del PP insisten en negar la evidencia y Madrid continúa siendo un oasis fiscal para los grandes señores del dinero y los hidalgos de buen pasar. Con su estructura fiscal en vigor, la capacidad redistributiva de la riqueza por parte de la Comunidad hacia los sectores sociales más debilitados por el colapso económico (jóvenes sin empleo, parados de larga duración y personas dependientes) es casi ridícula comparada con la amenaza de desintegración social e inestabilidad personal que perciben esos individuos excluidos de la “normalidad” imperante en Madrid.
La Comunidad de Madrid, en medio del deterioro constante que sufren los servicios públicos elementales que presta a sus ciudadanos, sigue bajando, un año con otro, la tarifa del IRPF y mantiene igualmente una bonificación del 100 por 100 de la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio. Y casi lo mismo sucede (bonificación del 99%) también en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones respecto a la transmisión de la riqueza en el núcleo de la familia. En este último apartado la autonomía madrileña se opone incluso al informe de la Comisión de Expertos nombrada por el Gobierno para la reforma del sistema tributario español, que defiende un gravamen mínimo para dichas adquisiciones gratuitas. Esta estrategia fiscal –a mi juicio, fuertemente regresiva- constituye un todo continuo y coherente desde la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad, en el año 2003.
La débil fuerza redistributiva que aún albergaba el sistema fiscal madrileño ha entonado el canto del cisne en el actual año 2014. Por eso, las declaraciones del IRPF de 2013 que han empezado a presentarse durante estos días sonarán a despedida para muchos contribuyentes altruistas con residencia en Madrid. Hasta este último ejercicio se podía deducir de la cuota íntegra autonómica el 15% de las cantidades donadas a fundaciones de la región que persigan fines culturales, asistenciales, educativos o sanitarios, o cualesquiera otros de naturaleza análoga. A mi juicio, la concesión del beneficio fiscal era una hermosa manera de estimular la participación de la sociedad civil (especialmente la de sus miembros con mayor excedente económico) en actividades de interés general, por lo que dicho beneficio tenía en verdad una naturaleza colectiva y era especialmente oportuno en estos momentos de duros recortes en la prestación de servicios esenciales, como la educación o la sanidad.
En esta coyuntura, la deducción contribuía más que nunca a trasvasar recursos financieros desde los individuos económicamente más desahogados a favor de los estratos sociales más bajos, y asignaba rentas sobrantes a la protección de bienes de la comunidad, como sucede con la cultura, cuyas manifestaciones están hoy muy castigadas por la imposición estatal (fundamentalmente por el aumento del IVA que entró en vigor en septiembre de 2012). Paradójicamente, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha instado en numerosas ocasiones a su compañero de partido Mariano Rajoy a ser más “benigno” fiscalmente con el teatro, la música, la danza…¡Qué fácil es disparar con pólvora ajena si uno quiere presentarse ante su público como El Cid de su único señor, el interés general!
A mayor abundamiento, la deducción madrileña de los donativos significaba un reducido coste fiscal para las arcas de la Comunidad y no presentaba carácter regresivo porque la base máxima deducible se limitaba al 10% de la base liquidable del contribuyente.
Pues bien, esos efectos benéficos (con la reserva de la declaración de 2013) son ya agua pasada porque dicha deducción ha sido suprimida con efectos de 1 de enero de 2014. Y lo ha sido dentro de un paquete de disposiciones tributarias que vuelven a reducir los porcentajes marginales de la tarifa autonómica del IRPF a razón de 0,4 puntos porcentuales en cada uno de los tramos de renta. El presidente madrileño se ufana del supuesto carácter “progresivo” de la reducción, pues -al ser ésta de naturaleza lineal- dice González que para las rentas más bajas el descuento es del 6,67%, mientras que para las más altas significa únicamente una reducción del 2,3%. En un sistema fiscal equilibrado en todas sus piezas de conjunto (inexistente en la Comunidad de Madrid) el presidente llevaría razón. Pero en la realidad de las cosas madrileñas la afirmación del señor González –siento decirlo- es un sarcasmo y una burla cruel de los derechos de la mayoría de los madrileños.
Gobernar a golpe de deuda le ha salido electoralmente muy rentable al PP de Madrid. Es una política que, a corto plazo y aislada del sistema tributario, resulta indolora para los bolsillos de los contribuyentes de Madrid (y, naturalmente, también para los intereses electorales de quienes dirigen la Comunidad). O al menos eso parece en el primer caso (el de los derechos y obligaciones de los ciudadanos madrileños). Pero no es verdad, ya que vivir de prestado significa diferir las cargas fiscales a las generaciones futuras. Los madrileños deben saber que vivir del crédito ajeno es una trampa para ellos mismos y para sus hijos. Lo primero porque, como ya se ha dicho, significa una política fiscal regresiva al no distribuirse equitativamente los recursos potenciales de la Comunidad. En cuanto a la exigencia ética de un pacto inter-generacional, y dada la pobreza inversora actual del sector público de Madrid, no considero razonable que los gastos vinculados al consumo de los servicios “corrientes” de la Comunidad –financiados en gran parte con deuda- los tengan que pagar posteriormente unas personas a las que ni siquiera se les habrá otorgado la posibilidad de aprovecharlos. Es como si CR7 metiera un gol a un equipo de niños obligado a jugar sin portero. Un golazo, el del tándem Aguirre-González, metido por toda la escuadra en la portería de los futuros madrileños.
