El caos informático de la Justicia obliga a Rafael Catalá a pactar con los sindicatos

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una imagen de archivo. / Efe

Los empleados públicos de la Justicia han encontrado el punto débil del ministro Rafael Catalá, su talón de Aquiles. Han aprovechado muy bien las circunstancias por las que atraviesa dicho servicio público para revalorizar su fuerza de trabajo y apretarle las clavijas al máximo responsable gubernamental del funcionamiento de la Administración de Justicia. El ministro ha cedido, no por la aparición de un caso de fuerza mayor, sino por su falta de previsión de las consecuencias de unos sucesos anunciados (y en su mayor parte por él mismo programados o tolerados) a plena luz del día. Catalá no es víctima de ningún dios desconocido.

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Las circunstancias que han doblegado al ministro de Justicia, y con él al Gobierno (que en este caso se aparta de su política de austeridad con los empleados públicos), proceden, como he dicho, de dos fuentes distintas: una es propia y de la otra no es directamente responsable ninguno de los últimos ministros de Justicia (aunque tanto Ruiz-Gallardón como Catalá no han estado a la altura de las graves circunstancias que adulteran la función judicial para neutralizarlas y dar un buen servicio a los ciudadanos). La causa endógena es la implantación obligatoria de las nuevas “herramientas electrónicas” en los procedimientos judiciales. La de naturaleza exógena es la crisis económica “estructural” (que Rafael Catalá por fin reconoce pese a la ceguera de su jefe Rajoy), que ha incrementado los litigios en casi todo los órdenes jurisdiccionales.

La implantación completa del sistema LEXNET se ha postergado, más allá de lo legalmente previsto, en partidos judiciales muy importantes, como Madrid. Es un problema que atañe no sólo al Ministerio, sino también a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia. Por eso el Gobierno se ha comprometido a trasladar el contenido del convenio, que más abajo cito, a dichas Comunidades dentro de la Conferencia Sectorial. En este contexto, el grupo Podemos acaba de denunciar el “caos” informático que sufren algunos juzgados y tribunales.

Como el patrón siente escalofríos ante la eventualidad de que al barco –en gran parte por su impericia- se le gripe el motor, empieza a asociar su suerte (o su imagen futura como ex ministro del ramo) a la de los miembros de la tripulación. Nada más natural en estos casos que el patrón se siente a negociar con los que no admiten ser sus vasallos y, en primer lugar, les agradezca los servicios prestados a unos trabajadores que, pese a ser castigados con numerosos recortes, han evitado que la nave quede definitivamente a la deriva. Nada más lógico también que ahora, en un ambiente de mayor estabilidad macroeconómica, el señor ministro recompense con una mejora de sus condiciones laborales al personal al servicio de la Administración de Justicia. Y no sólo por sus esfuerzos del pasado sino, a modo de acicate, también como gratificación anticipada por la dedicación que espera de los empleados “para dar el salto de calidad” que la sociedad demanda a un servicio presionado por el aumento constante del volumen de litigiosidad, los nuevos medios tecnológicos y las exigencias legales de adaptación a otros modelos organizativos. Bueno. Los sistemas judiciales armónicos no necesitan dar saltos. Bien está el reconocimiento, implícito y pomposo, por parte de Catalá de que las cosas no marchan bien. Ojalá este ministro (o quien le suceda) se parezca un poco a Fosbury y no a El Cordobés (el del salto de la rana).

Lo que realmente le preocupa a Catalá es lograr la imprescindible paz interna “para afrontar el desafío que supone la implantación de herramientas informáticas y medios electrónicos, seguro de que su continuo compromiso (del personal) y la participación de los representantes sindicales permitirá superar cuantos inconvenientes y ajustes sea necesario afrontar en este proceso de modernización”. Amén. Los defectos de “la modernización” no deben abrumar aún más sin contraprestación alguna a unos empleados –de todos los niveles- que ya venían soportando, antes de “la modernidad”, un exceso de carga de trabajo. ¿Cuáles son las monedas con las que el ministro paga la paz que busca? Su asunción, entre otras, de los siguientes compromisos e iniciativas:

1. La modificación del calendario laboral para ampliar hasta el 31 de marzo de 2016 el período de disfrute por los trabajadores de los días reconocidos en el Real Decreto-ley 10/2015.

2.  La conversión (en un plazo no superior a nueve meses) en miembros de plantilla del personal de refuerzo que cuente con una antigüedad mínima de tres años ininterrumpidos. El ministro garantizó que los refuerzos existentes a 18 de diciembre de 2015 (fecha del acuerdo que ha motivado la nueva política laboral) no serían suprimidos hasta que se realizara su consolidación.

3. El restablecimiento de la situación existente con anterioridad a la Ley Orgánica 8/2012, en cuanto a la no afectación de los derechos económicos de los funcionarios judiciales por la obtención de permisos.

4. La mejora de la situación de los funcionarios interinos. Además, se facilitará “la capacitación del personal interino aún existente con el propósito de auxiliarle en la superación de las pruebas de ingreso a los cuerpos generales y especiales del personal al servicio de la Administración de Justicia”.

5.- El compromiso de mantener indefinidamente una oferta pública de empleo estable.

Todo lo anterior es fruto de un acuerdo suscrito, de un lado, por el ministro de Justicia y, del otro, por los representantes sectoriales de los sindicatos CSIF, STAJ, CC.OO. y UGT, publicado el 22 de enero. Antes he hablado de paz, pero quizás sería mejor utilizar la palabra armisticio. El punto 11º del documento dice: “Las organizaciones sindicales firmantes de este acuerdo manifiestan que la aceptación de los términos de este acuerdo no supone renuncia alguna a conseguir la restitución plena de los derechos laborales a la situación anterior a los Reales Decretos Leyes 8/2010 y 20/2012 ni de reivindicación de cualquier otro tipo de mejora laboral o retributiva, en el marco de la negociación colectiva”.