EMPRESAS / Un repaso a una actividad que supone el 10% del PIB

Economía social: el 'salvaempleos' al que los partidos quieren agarrarse

SARA MONTERO | Publicado:

La ministra de Empleo, Fátima Báñez,firmó la Declaración de Madrid para la Economía Social.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, firmó el pasado mayo la ‘Declaración de Madrid’, junto a otros 10 homólogos europeos, para el impulso de la economía social. / CEPES

La economía social representa un 10% del PIB español, da empleo a más de dos millones de personas de manera directa o indirecta y evita la deslocalización. Estas tres características bastan para explicar por qué trabajadores, empresarios y políticos comienzan a interesarse cada vez más por esta forma de organización empresarial, que se concreta en fórmulas como las cooperativas, las sociedades laborales o las mutualidades, entre otras muchas. Su comportamiento en la crisis también ha tenido mucho que ver: algunos trabajadores han podido salvar sus empleos gracias a convertir empresas mercantiles en cooperativas gestionadas por ellos mismos.

“La economía social ha servido de red para que el desempleo no llegase a términos extremos. Durante la crisis ha tenido un comportamiento responsable, ya que los socios de las cooperativas suponen el 80% de su masa laboral de media y en muchas empresas han aplicado rebajas de sueldo para mantener los empleos. Además, en los últimos seis años se han constituido más de 31.000 empresas de este tipo y se han creado 210.000 nuevos empleos”, explica Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES). Aunque esta forma de organización no es nueva, el comportamiento durante la recesión económica ha hecho que muchos la vean como una manera de paliar algunos de los grandes problemas laborales del mercado actual. En este tipo de empresas, los trabajadores (al ser socios) participan más en la toma de decisiones, se promueve el desarrollo local y hay más transparencia.

Las primeras experiencias cooperativas y asociacionistas aparecen en el siglo XVIII y se desarrollan en el siglo posterior en países como Inglaterra, Francia o España. A pesar de tener un largo recorrido histórico (con un impulso en los 70 y 80), no es hasta 2011 cuando se aprueba en España una ley sobre Economía Social que permita darle un marco normativo común a todas estas estructuras privadas que “persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos”. Hay desde pequeñas empresas hasta gigantes muy reconocibles como Central Lechera Asturiana, Laboral Kutxa o Dcoop / Hojiblanca.

Estas corporaciones deben regirse por cuatro principios que aseguran las buenas prácticas: primacía de las personas y del fin social sobre el capital, reparto de los resultados en función del trabajo aportado, regirse por el principio de solidaridad e independencia de los poderes políticos. Esto hace que estas empresas estén comprometidas con el desarrollo local o que rompan con algunas tendencias. Según datos de CEPES, en sus empresas asociadas las mujeres son casi la mitad de la plantilla “y el 38% de ellas ocupan puestos de liderazgo, frente al 4% en el resto de empresas”.

Los trabajadores recuperando empresas

Pero el hito que enarbola con más fuerza son los puestos de trabajo que han sorteado la destrucción gracias a convertir empresas mercantiles en entidades de economía social: “Ha significado una tabla de salvación para centenares de empresas que han ido al cierre y que se han recuperado después en forma de cooperativa por los trabajadores. España es el país de Europa que más transformaciones de este tipo ha hecho durante la crisis”, explica Pedreño.

En la región de Murcia se encuentra uno de los casos paradigmáticos de la recuperación de empresas: Mula Confort, que lleva cuatro años funcionando como cooperativa. Su origen está en la empresa Colchón Comodón, que llegó a emplear a 150 personas. Cuando entró en concurso de acreedores, 17 trabajadores decidieron invertir su prestación por desempleo en comprar las máquinas que tan bien conocían y que llevaban años utilizando. El resultado fue que lograron salvar sus trabajos y ahora son ejemplo de éxito en la zona.

En este sentido, Pedreño reconoce que aún quedan muchos retos por solucionar: “Ahora es obligatorio ir al cierre para que los trabajadores puedan capitalizar su paro y ya después se rescata la empresa. Ese proceso puede espantar a clientes y proveedores”. En los últimos años, los políticos han ‘abierto sus oídos’ a este tipo de economía que ofrece empleo de calidad frente a la precariedad que caracteriza el actual mercado laboral. El pasado mayo, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ya anunció que el Gobierno prepara una nueva Estrategia Española de Economía Social, después de que 11 países de la Unión Europea firmaran ‘La declaración de Madrid’ para pedir el impulso de este tipo de organización. La oposición también quiere ‘bailar’ con esta ‘niña bonita’ empresarial. El pasado 18 de julio, algunos miembros de la Ejecutiva del PSOE se reunieron con CEPES en Ferraz en un encuentro que consideraron “prioritario” y que se volverá a repetir en los próximos meses.

Desde CEPES insisten en desmontar algunos estereotipos sobre la economía social. No solo se trata de cooperativas agrarias, a pesar de que representen el 60% de la producción total de España, y de vivienda, aunque el 15%  de la población española viva en edificios creados por cooperativas, según los datos recopilados por esta confederación. Este tipo de personalidad jurídica abarca toda clase de negocios. Están en campos como la educación (con los colegios Gredos o la empresa Abacus, que distribuye materiales escolares), intervención social (como Agintzari) o incluso la fábrica de ataúdes (como Divina Aurora). “Es un modelo de empresas que los jóvenes valoran mucho. Algunos arquitectos o investigadores innovan desde esta forma empresarial”, explica Pedreño.

Aún así, el presidente de CEPES reconoce que la economía social no es la panacea, aunque sí una buena oportunidad: “No todos los proyectos pueden tener esta forma jurídica. El riesgo también es compartido”, recalca.

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