Las claves para entender la ‘regla de gasto’, el yugo de Montoro a los ayuntamientos

¿De dónde viene la 'regla de gasto'? 

La regla del gasto es una regla fiscal de contención del gasto y de estabilidad presupuestaria que surge en el marco de la crisis económica que sufrió España y que afectó también a las finanzas públicas, pasando de tener superávits a déficits e incremento de la deuda. España, a instancias de la Unión Económica Monetaria, incorporó algunas reglas fiscales en su ordenamiento jurídico: en 2011 se modificó el polémico artículo 135 de la Constitución, que salió adelante con los votos de PP y PSOE y que contemplaba que “todas las Administraciones Públicas adecuarían sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”. Este artículo, fue desarrollado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) en al año 2012. Con anterioridad, el Estado ya aplicaba la 'regla de gasto' en sus presupuestos, pero a partir de entones se incorpora para las Comunidades Autónomas y las entidades públicas.

¿En qué consiste exactamente?

La LOEPSF, impulsada por el PP en los tiempos de la mayoría absoluta, contempla la 'regla de gasto', una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española que el Ministerio de Economía calcula en base a la media móvil del crecimiento del PIB. Para 2016 se fijó en 1,8% y para 2017 en 2,2%. Ninguna administración puede superar el gasto del año anterior por encima de esta tasa, aunque tenga las cuentas saneadas con superávit y haya reducido deuda, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid. Mientras que sus defensores opinan que es una norma aprobada para evitar el despilfarro en tiempos de bonanza y conseguir el ahorro para la época de “vacas flacas”, los más críticos sostienen que produce efectos depresores en el crecimiento a escala local.

¿Por qué Madrid y otros ayuntamientos se quejan de la 'regla de gasto'?

Por primera vez este año, Cristóbal Montoro ha logrado cumplir con la senda presupuestaria marcada por la Unión Europea y lo ha hecho gracias a las corporaciones locales. El desajuste de las cuentas públicas cerró 2016 en el 4,33% del PIB, tres décimas por debajo del objetivo marcado por Bruselas. Fue gracias a los ayuntamientos, que ahorraron 7.000 millones de euros –solo Madrid 1.115 millones de euros y Barcelona 100 millones-- y lograron compensar a la Administración Central y a las Comunidades Autónomas, que no lograron cumplir con los objetivos de déficit.

Las corporaciones locales, que mayoritariamente tienen las cuentas saneadas, critican que la regla de gasto se aplique tanto para las corporaciones que tienen unas cuentas modelo como a las que no. Podría decirse que ven como se acumula en un cajón todo el dinero que han ahorrado y no pueden gastar en partidas que consideran necesarias. Las corporaciones locales, por su tamaño, tienen menos recursos para sortear la regla de gasto. De hecho, aunque sea más mediático el caso de Madrid, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), una asociación que reúne a más de 7.000 corporaciones locales de toda España con alcaldes de varias tendencias políticas, lleva años reclamando una solución a Montoro.

Hay un gran descontento en las corporaciones locales. Desde la FEMP reclaman que el superávit pueda destinarse a otro tipo de inversiones como políticas sociales, políticas activas de empleo, de igualdad o de juventud. También critican que la 'regla de gasto' se calcula sobre los presupuestos que finalmente se ejecutan, no los que se aprueban. A veces el presupuesto que ejecuta un ayuntamiento finalmente es menor y la capacidad de inversión queda limitada para el año siguiente. “El actual sistema, que calcula el presupuesto liquidado sobre el presupuesto liquidado, penaliza a aquellas entidades locales que ahorran o no llegan a realizar algún gasto concreto”, indicó el mes pasado el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero.

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Pero Montoro dice que la 'regla de gasto' es una imposición europea...

No exactamente. Las reglas fiscales que impone la normativa europea y el mandato de la UEM --la 'regla de gasto', el déficit púbico, el nivel de deuda pública, el periodo medio de pago a proveedores a 30 días-- son interpretadas por los diferentes países europeos de "una manera parecida, pero no idéntica", explica el profesor Antoni Mora Puigvi, del departamento de Economía Pública, Economía Política y Economía Española de la Universidad de Barcelona. En su opinión y en la de muchos expertos, "algunas medidas se pueden y se deben flexibilizar". Se deberían considerar "no a corto plazo, cada año" como hace España, sino "a medio y largo plazo" por el periodo de una legislatura, por ejemplo. "Así lo entienden y aplican otros países europeos", aclara.

¿Es Madrid el único ayuntamiento que ha incumplido la 'regla de gasto'?

No. A falta de datos oficiales en el cierre de año, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), un observatorio encargado de velar por la estabilidad presupuestaria, vaticina que en 2017 al menos otros grandes ayuntamientos --Valencia, Bilbao, Córdoba, Palma de Mallorca y Gijón-- incumplirán con la 'regla de gasto'. De los ayuntamientos analizados, los 16 que tienen más de 250.000 habitantes y las cinco diputaciones más grandes, solo en Alicante, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo y Sevilla, no se aprecia ningún riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales en 2017.

¿Por qué se castiga más a los ayuntamientos que a las comunidades autónomas?

Lo curioso es que la propia 'regla de gasto' ha sido sorteada por la Administración Central, a la que Montoro tiene acceso directo. De hecho, en los últimos ejercicios del 2014, 2015 y 2016, el Estado ha gastado más de lo permitido. En 2016, gastó un 2,8% más que en el año 2015, cuando solo podía gastar un 1,8%. Las comunidades autónomas incumplieron la regla de gasto en 2016 en su conjunto, con algunas excepciones, y este año la AIREF señala que es "muy probable" que incumplan las comunidades de Murcia y Extremadura.

Ante el hecho de que el trato sea diferente para unos u otros "no existe una justificación técnica", aunque Mora cree que puede deberse a "criterios políticos" o "correlación de fuerzas" entre las administraciones. "Los ayuntamientos siempre son la administración más pequeña y con menos recursos técnicos. El exceso de municipios de dimensión reducida en España contribuye a ello", explica. "Las Comunidades Autónomas pueden aliarse entre ellas para defender sus intereses y plantear problemas al Estado, pero cuesta entender por qué se actúa de manera más restrictiva sobre algunos ayuntamientos como el de Madrid u otras Comunidades Autónomas, cuando no se actúa contra otras comunidades con incumplimiento de las reglas fiscales como Murcia", añade.

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¿Qué tiene de particular el caso del Ayuntamiento de Madrid?

Cuando un ayuntamiento incumple la 'regla de gasto' debe aprobar un Plan Económico Financiero (PEF). Según el Ejecutivo, el últimos de los tres planes financieros –todos rechazados por Hacienda-- que propuso el Ayuntamiento de Madrid para incrementar el gasto en 7,36% en 2017 y 7,22% en 2018, supone exceder el límite fiado en 238 millones de euros en 2017 y en 243 millones de euros en 2018. Hacienda ha explicado que parten de una premisa errónea, como tomar de base el gasto ejecutado en 2016, que ya superó el máximo legal permitido. El consistorio liderado por Manuela Carmena siempre ha defendido que aplica los baremos fijados por el Gobierno, de acuerdo a la ley.

Finalmente, la alcaldesa ha decidido ceder ante Montoro y aplicar un PEF de su agrado, que ha salido adelante únicamente con los votos de algunos de sus concejales y el PP. La decisión ha sido recibida con un gran malestar por quienes consideran que el ministro trata injustamente al Gobierno de Ahora Madrid y trata de derribarlo políticamente . La alcaldesa ha cesado al delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, quien ha rechazado firmar un PEF que considera que conlleva muchos recortes para la capital, algo que Carmena ha negado.

¿Se puede sortear de alguna manera la 'regla de gasto'?

Hacienda solo contempla una fórmula, las llamadas inversiones financieras sostenibles. Son una disposición transitoria incorporada en la ley de los PGE de cada año, no una norma estable y definitiva. Aquellos ayuntamientos que estén saneados y gocen de una solvencia financiera pueden dedicar su superávit --respaldado con un necesario remanente de tesorería positivo--no para reducir deuda como marca la LOEPSF, sino para realizar inversiones financieramente sostenibles. Sin embargo, también existe un importante control de las mismas por parte del Estado. "Es relativamente sencillo para aquellos ayuntamientos con una buena salud financiera (Madrid, Barcelona…) incumplir la regla del gasto y durante el mismo ejercicio presentar un PEF que permita retornar a la senda de su cumplimiento", explica Mora.