Tom Kucharz: “Los tratados internacionales impiden implementar políticas ambientales”

El viernes dio comienzo la Semana de Acción contra la Impunidad corporativa con una iniciativa muy llamativa. En estos días de reparto de premios Nobel, las multinacionales se disputan otro galardón menos decoroso, los Premios Escobilla de Oro. Ya están seleccionadas "las 10 empresas más sucias" y pueden votarse en esta web, donde se ofrece información sobre su historial contra los derechos humanos y el medioambiente. Hablamos de la "arquitectura de la impunidad" que protege a las grandes empresas, y como contribuyen a ella la UE y España, con Tom Kucharz, experto en economía mundial y la UE, miembro veterano de Ecologistas en Acción y de la campaña "no a los tratados de comercio e inversión". También repasamos la actualidad de los tratados de comercio de Europa, en especial del nuevo acuerdo anunciado con los países del Mercosur, y las amenazas de subida arancelaria de Trump.

- Ya han comenzado las acciones de la campaña europea 'Derechos para las Personas, Obligaciones para las Multinacionales'. La primera es el lanzamiento de la web Premios Escobilla de Oro, donde se puede elegir a las multinacionales con un historial más suyo. ¿Con qué empresas nos encontramos y que han hecho para estar 'nominadas' a este falso premio?

- Queremos sensibilizar sobre los crímenes sistemáticos que cometen las empresas internacionales de diferentes partes del mundo. La semana de acción sobre todo coincide con una negociación de un tratado sobre empresas transnacionales y Derechos Humanos en la ONU en Ginebra. Y curiosamente la misma semana en Viena se reúne la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (UNCITRAL) para avanzar en una propuesta de la UE de querer negociar un tribunal multilateral de inversiones para profundizar todavía más el régimen que da a los inversores más derechos que al resto de la población. Las empresas multinacionales cometen crímenes medioambientales, económicos y de derechos humanos con total impunidad.

Por ejemplo está Vattenfal, una empresa energética de Suecia que tiene abierta una demanda contra Alemania donde pide casi 5.000 millones de euros por el cierre de las nucleares. Esta empresa tiene que ver con violaciones de derechos humanos en países extranjeros o casos de arbitraje de inversiones contra países europeos. Ahí llama la atención la empresa de abogados Freshfields, que es una de los despachos de abogados más relevantes del mundo, o Gabriel Resurces, una empresa que quiere abrir una mina de oro en Rumanía y, ante la resistencia, quiere sacarle dinero al Gobierno o cambiar su decisión. Con esta acción queremos también continuar una campaña de firmas que empezamos hace meses para obligar a las instituciones europeas a que dejen de favorecer a los inversores por encima de los derechos humanos.

- En la campaña que habéis lanzado figura el BBVA como empresa española nominada a estos premios críticos de Escobilla de Oro. ¿Qué historial tiene el banco para estar en esta lista?

- El BBVA financia el tráfico de armas. En la descripción de los premios ciframos que han invertido 2.500 millones de euros entre 2013 y 2018 en la industria de producción y exportación de armas que se utilizan en guerras como la de Arabia Saudí y Yemen o la masacre de Turquía a la población kurda en el norte de Siria. También podríamos haber propuesto el Santander, porque ambos se dan la mano en el caso de grandes megaproyectos que desplazan población o extracción de hidrocarburos que provocan el cambio climático.

- Una de las maneras en las que estas empresas pueden presionar a los gobiernos e incluso ganar demandas contra ellos son los tribunales de arbitraje. ¿Qué se dirime sobre esta cuestión en Viena en la reunión sobre la que queréis llamar la atención?

- El sistema de arbitraje es una de las muchas formas de una arquitectura de la impunidad que se ha ido construyendo durante décadas. No solamente es la posibilidad de que los inversores tengan un sistema de tribunales paralelo a nuestro sistema jurídico nacional que favorece claramente los intereses de los inversores y no es imparcial. También existen toda una serie de políticas internacionales, pero también de tratados de comercio que tienen países europeos con terceros. Y hay más de 3.400 tratados bilaterales que firman con otros países para favorecer a otros inversores. La resistencia ha ido aumentando a lo largo de los últimos años, sobre todo durante el TTIP y el CETA. La UE, en lugar de escuchar a su ciudadanía, busca acallar la crítica tanto de la sociedad civil, de las pequeñas y medianas empresas, de los sindicatos, Parlamentos etc. con un salto. Propone un tribunal multilateral de inversiones donde supuestamente ya habría jueces independientes, pone un maquillaje y le da un nombre nuevo. Y hace que se negocie en la UNCITRAL, un lugar poco conocido y bastante controlado por los abogados del derecho mercantil, y muy alejado de derechos humanos o ambientales. Estas negociaciones pueden durar años. Muchas veces los gobiernos están representados no por funcionarios públicos, sino por abogados de grandes bufetes que ganan millones de euros.

- A veces es complejo entender todo este sistema que favorece a las empresas más grandes. En concreto, ¿cómo afecta esta lex mercatoria a España?

- España es el segundo país más demandado ante tribunales de arbitraje del mundo, por detrás de Venezuela y por delante de Argentina. Y ya ha costado a las arcas públicas más de 50 millones de euros solo en las defensas. Tenemos más de 50 casos contra España y van en incremento. Debería haber cierta urgencia política para empezara a moverse y que los inversores no pudieran demandar a España ante estos tribunales de arbitraje. El Gobierno en funciones del PSOE dio el visto bueno a la Comisión Europea a negociar en la UNCITRAL ese tribunal multilateral de inversiones. Yo llamaría la atención sobre una cuestión: la UE se gasta mucho dinero en el lobby que está haciendo para sacar adelante este tribunal y, sin embargo, no pone ninguna atención en seguir adelante con el tratado sobre Derechos Humanos y empresas que se negocia en el Consejo de Derechos Humanas, donde además ahora España tiene un puesto permanente.

- ¿Los tratados de libre comercio que firma la UE entorpecen o impiden esa prometida transición ecológica ante la emergencia climática que estamos viviendo?

- Es de sentido común. Cuantos más bienes se comercializan y más transporte de mercancías hay, más emisiones de gases de efecto invernadero se generan. Pasa con un teléfono móvil cuyas piezas han recorrido miles de kilómetros y luego vuelve a viajar miles de kilómetros para el consumo. En todo este proceso se utilizan combustibles fósiles, gases de efecto invernadero y eso produce cambio climático. Hay toda una escala.

Y luego los tratados comerciales impiden implementar ciertas políticas ambientales. Hay una jerarquía absolutamente perversa porque los diferentes acuerdos internacionales de protección de cambio climático claramente prohíben que se frene el comercio internacional. Pensemos en el famoso anuncio de la ministra Teresa Ribera, que se le escapó que podría empezar a prohibir los coches con motor de explosión y se tuvo que retractar por la presión del lobby de la industria automovilística. Otras veces son los propios gobiernos que, incluso sin demandas de empresas o arbitrajes de por medio, utilizan como excusa las legislaciones del derecho de comercio internacional para no aplicar medidas. Y además están los tratados donde están protegidos la industria de los combustibles fósiles, que son los máximos responsable de la emergencia climática y más bien deberían ser juzgados por financiar al negacionismo del cambio climático.

Es difícil explicar esto y que sea tema de agenda de opinión pública, pero creo que muchos jóvenes de Extinction Rebellion o Fridays for Future han relacionado que esta demanda de lucha frente a la emergencia climática tiene que ver con el cambio del sistema económico y el cambio de los marcos legales.,

- Ahora mismo está en medio de estas críticas destaca el tratado UE-Mercosur, un tratado que Francia ha rechazado porque denuncia que favorece al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

- Se anunció en el G-20 y eso fue por un sentido muy geopolítico, para fortalecer los gobiernos de derecha y extrema derecha de Argentina y Brasil frente a las intenciones de la izquierda de volver a gobernar en estos países. También era una señal de Angela a Merkel a Donald Trump para mostrar el poder de la UE. ¿Cómo es posible que el Gobierno socialista no solo ha aplaudido a este tratado con todas las consecuencias negativas que pueda tener, sino que además haya blanqueado a un presidente de extrema derecha como el Jair Bolsonaro haciéndose la foto?

- ¿En qué fase se encuentra el tratado UE-Mercosur en su camino hacia la aprobación?

-  Ahora mismo se hace la revisión legal de los textos y eso significa que los equipos jurídicos de la Comisión Europea y de los gobiernos de los cuatro países de Mercosur hacen una revisión legal del texto negociado y ven si es acorde con otros tratados y con sus marcos de derechos propios. En ese proceso todavía puede haber cambios. Cuando se hizo la revisión del tratado con Canadá se cambió un 40% de los textos. Cuando termine la revisión legal, se tiene que traducir los textos a todos los idiomas y se presentaría una propuesta de conclusión de las negociaciones y de firma al Consejo de la UE, donde están los estados miembros. Si ahí se llega a decir sí, el Consejo de la UE, tendría que pasar por el Parlamento Europeo y luego por los parlamentos nacionales. Pero antes de este último hay un último truco y es que entre en vigor de manera provisional, como pasó con el CETA, que está en vigor desde septiembre de 2017 a pesar de que muchos países como Alemania no lo han ratificado. A pesar de esto ha habido resoluciones críticas contra el tratado UE-Mercosur en los Parlamentos de Austria, Holanda, Irlanda. Y la de Austria en particular obliga al gobierno austriaco a vetar el acuerdo en el Consejo de la UE, un obstáculo que por el momento no saben solucionar. Estamos en el principio de movilización contra este acuerdo.

- ¿Qué impactos se prevé que podría tener el tratado UE-Mercosur en la ciudadanía europea?

- Hay un estudio de impacto de una empresa de consultoría de London School of Economics y mi primera observación es que es bastante poco creíble. Se ha negociado un acuerdo sin tener el estudio de impacto porque éste se presenta una vez que ya están cerradas las negociaciones. No tiene en cuenta los retrocesos que ha habido en Brasil desde que gobierna Bolsonaro. Por otro lado, en el Parlamento Europeo existe un servicio de estudios para el conjunto de los miembros que que contradice este argumento de Cecilia Malmström o incluso el Gobierno español de que Mercosur se podría utilizar para obligar a Brasil a cumplir el Acuerdo de París. Literalmente este informe apartidista dice que “la forma actual de los acuerdos comerciales no lleva a un aumento del cumplimiento de los acuerdos sobre cambio climático”.

Al aumentar las importaciones de soja, aceite de palma, caña de azúcar, agrocombustibles y carne de vaca de los países de Mercosur a España perjudicaría al sector agropecuario y especialmente a la agricultura familiar. Podría haber unos impactos muy significativos económicos en la ganadería en España, pérdidas de unos 2.700 millones de euros al año según un estudio de la COAG. Creemos que va a tener impactos en el sector de servicios porque estos acuerdos comerciales siempre hacen que el sector de servicios se globalice todavía más, se privaticen más servicios públicos, se utilice la contratación pública para engordar los negocios privados y que todo ello se traduzca en pérdidas de empleo y en peores condiciones laborales, con la amenaza de deslocalizar los negocios a los países del Mercosur.

- Estos días también hemos sabido que Trump en su particular proteccionismo impondrá aranceles a productos españoles y los aviones de Airbus. ¿Eso es tan terrible? ¿Se aprovechará para volver a defender los tratados de libre comercio para que los aranceles se mantengan bajos?

- El hecho es que la UE critique la sentencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de que EEUU puede imponer aranceles a las exportaciones por un valor de 7.500 millones de dólares porque se constató y se confirmó que la UE y sus estados miembros habían dado subsidios ilegales a Airbus. Por los mismos subsidios ilegales a Boeing, la UE también denunció a EEUU ante la OMC y pronto saldrá la sentencia. Esto es una batalla comercial de dos multinacionales de la industria de la aviación que dura ya 15 años y ningún Gobierno ha tenido la voluntad de cortar el grifo a las dos multinacionales que llevan décadas cobrando ilegalmente ese dinero público. Mi reflexión es que evitemos caer en la trampa proteccionismo de Trump - librecambismo neoliberal de la UE porque aquí se trata de la misma lógica capitalista. Es una guerra comercial de dos poderes financieros que utilizan a los gobiernos como lacayos. Pierde la sociedad y el planeta porque estos sectores son los más responsables del cambio climático.

Por otro lado, he pensado mucho estos días como reaccionar a las manifestaciones del sector agrario por los bajos precios del aceite de oliva que están recibiendo y critican los aranceles. Primero mi solidaridad con el sector agrario, además porque Andalucía podría ser una de las regiones más afectadas por las guerras comerciales. Los aranceles no son necesariamente malos, depende de a quién se esté protegiendo. Trump con estas medidas solo está protegiendo a sus amigos de las grandes agroindustrias: Cargill, Monsanto, Bayer etc. Si de verdad EEUU suben los aranceles, ¿desaparecerían las exportaciones? No, aumentará el precio de destino o empeorarán las condiciones de los trabajadores españoles porque es lo que viene pasando desde los años 70.

Para mí hay que cuestionar el régimen de comercio neoliberal y el problema fundamental es la globalización capitalista que nos ha llevado fundamentalmente a situaciones de que algunos agricultores contra aranceles que podrían afectar a sus aceitunas, pero no se cuestionan cómo también podría afectar su exportación a los agricultores. Para mí la producción agropecuaria debe comercializarse en la Península y no en EEUU si queremos luchar contra la emergencia climática. Necesitamos precios justos, soberanía alimentaria y agroecología. En vez de quejarnos por los aranceles de EEUU deberíamos impulsar urgentemente una regulación por ley de un precio mínimo que cubra los costes de producción y garantice una vida digna.