La lucha por la Justicia Fiscal, un compromiso constitucionalista para la economía

Rodolfo Rieznik, de la Plataforma por la Justicia Fiscal

La justicia fiscal se puede sintetizar en que todos paguen en forma progresiva con respecto a su capacidad económica, y lo hagan de manera suficiente para atender los servicios públicos del Estado del bienestar: sanidad, educación, prestaciones sociales, dependencia y pensiones.

Así se expresan los españoles cuando los encuestan: un 94% opina que se defrauda, casi un 90% dice que no se pagan impuestos justamente y un 45% vincula los impuestos a la calidad de las prestaciones públicas. Los españoles quieren impuestos justos, progresivos y suficientes para que las familias reciban atención médica y hospitalaria, los niños accedan a una educación pública de calidad, las personas dependientes sean atendidas, los ciudadanos dispongan de una vivienda digna, los desempleados reciban una renta básica y los jubilados cobren su pensión. Y por qué no, permitirse, también, disfrutar del esparcimiento y la cultura. Todo ello con infraestructuras urbanas y rurales decentes, bien comunicadas y conectadas, en un medio ambiente sostenible, con transportes para circular y vertebrar el territorio, y energía para calentarse, refrescarse y enchufarse. Todo esto son los mínimos para una vida digna y emancipada, esto es, confortable para las familias y los ciudadanos, y no dependiente de nadie.

Esto es una definición constitucionalista de nuestro Estado del bienestar. Nuestra Constitución nos habla de todo ello en diferentes artículos. Oponerse o no garantizar estas normas del bien común rompe y quiebra a España en lo más profundo: el buen vivir de la gente. Una España con más pobreza e inequidad social se fractura socialmente. Es el Estado Social y Democrático de Derecho del que siempre nos hablan. Y es ese Estado, al actuar como agente natural de los intereses generales, el único legitimado constitucionalmente para estructurar un sistema de exacción impositiva y de prestación universal de servicios e infraestructuras. La promoción de la justicia fiscal es una alianza constitucionalista.

Los servicios públicos no tienen precio. El Estado, el bien común la planificación y la anarquía del mercado

Además, el bien común, las necesidades elementales y básicas descritas anteriormente no son opciones de consumo que deban resolverse e instrumentarse libremente en el mercado, son derechos humanos de las personas del Estado Social y Democrático de Derecho. Estos son conceptualmente universales, se practican garantizando el acceso de todos a los mismos y no a través de mecanismos optativos y libres. Los precios y el mercado son propuestas técnicas de la economía cuando existen potenciales conflictos de asignación sobre bienes superfluos. Por ejemplo, una demanda y oferta de bienes suntuarios puede dirimirse en una subasta de precios para ajustar cuánto producir según el deseo de los consumidores. Pero no es el caso de los bienes comunes cuyo abastecimiento no puede estar sujeto a la capacidad pecuniaria de los beneficiarios. No se trata de mercancías sino de necesidades humanas cubiertas en forma directa.

Cuando las prioridades básicas aprietan no tiene sentido resolverlas a través de la “libre actuación de los agentes en el mercado”, entre otras razones porque, frente a lo imprescindible, las personas no se comportan “libremente”. Es decir, son de “conducta inelástica”, no son agentes reguladores ni de la demanda ni de los precios en la economía de mercado. Lo público se financia con impuestos y se abastece desplegando los medios para ejecutarlos. El Estado tiene delegada democráticamente la autoridad coercitiva para recaudar los ingresos y está autorizado para hacerlo con la ley presupuestaria en la mano,. Y tiene, simultáneamente, la responsabilidad de utilizar los recursos así obtenidos para el desarrollo de los servicios públicos. Las decisiones referidas al bienestar básico de las personas no pueden quedar a la anarquía del libre mercado. Deben anticiparse y proyectarse, no estar sometidas a la incertidumbre del mercado ni tampoco a la dependencia de los precios.

La incertidumbre del capital se refugia en paraísos fiscales y regresa en forma de activos financieros

Priorizar el equilibrio financiero como principio de la actuación en la provisión de servicios públicos, como en España a través del articulo 135 de la Constitución y leyes subsiguientes de estabilidad presupuestaria, altera la obligación principal del bien común que tienen los Estados. Es decir, se pone por delante el interés de la estabilidad financiera de los mercados en detrimento de bienestar de las personas. En España la deuda pública es la tercera prioridad de gasto público después de la sanidad y la educación, considerando que las pensiones ya las financian los trabajadores con sus cotizaciones. No tiene sentido planificar endeudarse cuando el Estado puede por ley hacer cuadrar las cuentas de ingresos y gastos y consagrar la suficiencia del gasto público. Las políticas económicas neoliberales hacen lo contrario: bajan irresponsablemente la presión fiscal con los argumentos peregrinos de incentivar la iniciativa privada y el crecimiento que nos llevará a mayores recaudaciones posteriores de impuestos. Nunca este eslogan se hizo realidad, al revés nos hemos alejado de Europa ampliando el diferencial de ingresos en relación al PIB de hasta siete puntos porcentuales, brecha que de ser cubierta, nos llevaría al equilibrio presupuestario.

En cualquier caso, no es cierto que el capital busca el equilibrio macroeconómico y el crecimiento. No lo hace cuando la masa de dinero de los beneficios evolucionan muy por encima del crecimiento real y potencial de la economía, incluso tomado en cuenta los avances de la productividad. La economía debería estar en equilibrio contable, en términos monetarios, cuando las rentas percibidas en un período de tiempo por los agentes económicos, trabajadores y empresarios, sean estos públicos o privados, por la producción realizada, está empatada con la renta gastada e invertida en los bienes y servicios producidos por esos mismos agentes. Y no lo está porque la presión creciente de las finanzas desvía recursos hacia la especulación y las burbujas fuera del circuito áulico de la actividad económica. No puede ser que en la Bolsa de EE. UU., por ejemplo, la más importante del mundo, el índice Dow Jones, haya crecido más de un 25% en este año de 2019. ¿Cómo puede generarse esa renta financiera, de dónde sale, cuando el ingreso, las rentas de la economía real apenas suben? Desde luego no de la economía real, de la que produce.

El capitalismo tiende en su madurez a la desigualdad social creciente. La anarquía de los mercados, antes explicada, y la obligación competitiva de las empresas de realizar nuevas inversiones tecnológicas, reduce el reparto individual a los propietarios del capital del lucro esperado. Por eso, las ganancias recortadas por la inversión compulsiva y también anárquica de la competencia en el libre mercado se desvían del ámbito de la producción real a la reproducción especulativa de las finanzas y se refugia en paraísos, guaridas de delincuentes ficales, volviendo en parte blanqueado en propiedad inmobiliaria. La confluencia de dificultades para generar resultados empresariales, y la huida del dinero a paraísos fiscales reverbera negativamente en la recaudación de impuestos, en la elusión fiscal, en un aumento del déficit público y en las desigualdades provocadas por los incrementos incesantes del patrimonio de los ricos y las pérdidas de todo tipo de ingreso de los más vulnerables socialmente. En España el impuesto de sociedades, el que deben pagar las empresas sobre el beneficio neto obtenido, cayó a la mitad en un período de once años¹, pasó de 45 a 29 mil millones de euros, esto es, bajó a un ritmo del 5,2% anual promedio en cada uno de esos años. El fraude y la elusión fiscal realimentan el déficit y, finalmente, acrecientan el peso de la deuda pública.

La presión desorbitada del dinero en la propiedad inmobiliaria llega, también, perversamente través de los fondos buitres que gentrifican² las ciudades. Convierten las viviendas en un activo financiero más, especulativo, expulsando a las familias de sus casas y mutando un bien necesario en un bien financiero. Fondos buitres, por otra parte, que realimentados en el circulo vicioso de las finanzas, llegan también a la sanidad y a la educación a través de la privatización de ambos servicios públicos, explotando ya no sólo la fuerza de trabajo productiva, sino también, la reproducción de la vida misma de las personas al hacerse con el dominio de la vivienda, la sanidad pública, la educación, todos ellos bienes básicos y servicios comunes.

La lucha por una justicia fiscal, por impuestos justos, progresivos y suficientes, ideas ampliamente recogidas en nuestra Carta Magna, es un compromiso constitucional imprescindible para una España vertebrada, no quebrada y rota por las injusticias sociales.