La falsa reforma de Catalá contra la corrupción

El arte de la política es a veces tan taimado que nada ocurre sin su correspondiente doblez. El Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que pretende agilizar la Justicia para mejorar la lucha contra la corrupción. La iniciativa, sin embargo, es inocua y llegará al Parlamento sin apenas tiempo para ser debatida y aprobada, lo que permite pensar que su objetivo es distinto al proclamado.

Quiere la reforma de la LECrim impulsada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, acabar con los sumarios interminables. Para ello, elimina el inoperante plazo de un mes que la actual ley fija para concluir un proceso y lo sustituye por otro “más realista” de seis meses, prorrogables a 18 en el caso de investigaciones complejas.

Un férreo sistema de plazos no sólo no agiliza el proceso sino que puede colapsar los sumarios y hacer inviable la investigación de delitos complejos. Consciente de ello, y para evitar cualquier suspicacia, el propio ministro ha enfatizado que no son plazos rígidos e incluso el de 18 meses debe manejarse “con flexibilidad” y podrá ser prorrogado “de manera indefinida” cuando sea necesario.

Es decir, el mecanismo de los plazos no va a ser operativo. De lo contrario sería imposible investigar episodios como el caso Gürtel, una investigación iniciada en 2008 que ha estado en manos de cuatro jueces (el quinto llegará en unas semanas) y ha pasado por tres tribunales distintos.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz acaba de sentar en el banquillo a cuarenta imputados en una pieza separada denominada ‘Época I: 1999-2005’, diligencias que recogen el interrogatorio de más de cien imputados y un número mayor de testigos, así como documentación facilitada por una docena de entidades públicas. Además, la causa incluye más de 250 peritajes de la Agencia Tributaria, en torno cuarenta de la Intervención General de la Administración del Estado y más de 200 informes a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. A ello hay que sumar la información remitida por 190 entidades financieras de 21 países distintos, recabada gracias a decenas de comisiones rogatorias.

La Justicia ha tardado siete años en aclarar corruptelas que empezaron a perpetrarse hace dieciséis. La reforma que impulsa Catalá en nada hubiese mejorado ese calendario, porque no aborda ni una sola de las verdaderas causas que provocan un lapso tan dilatado entre la comisión de este tipo de delitos y la respuesta judicial.

Otro tanto puede decirse de la modificación pensada para evitar los macroprocesos. En la actualidad, la ley obliga a investigar en un mismo sumario los delitos conexos, aunque permite que hechos concretos puedan ser desgajados para agilizar su tramitación. La propuesta que aprobará el Gobierno opera en sentido contrario: impone sumarios diferenciados para hechos delictivos distintos, pero con un amplio catálogo de excepciones para agruparlos cuando se trate de tramas organizadas. Por diferentes caminos, ambos modelos permiten llegar al mismo sitio.

La ‘reforma Catalá’ se resume, por tanto, en una paradoja: introduce instrumentos que pretenden agilizar la instrucción de los sumarios, pero como podrían entorpecer o impedir el trabajo de los jueces incluye mecanismos para que no surtan efecto. Entonces, ¿para qué modificar la ley?

Cortina de humo

Esta reforma legal fue anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado mes de noviembre cuando expuso al Congreso su estrategia contra la corrupción. Lo hizo forzado por el escándalo de la ‘operación Púnica’. Unas horas antes de comparecer ante la cámara baja, incluso tuvo que forzar la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, señalada por el juez Ruz junto al propio PP como partícipes a título lucrativo de algunas de las corruptelas atribuidas a la ‘red Gürtel’.

La resolución del juez Ruz y la operación Púnica presionaron a un Rajoy que llevó al Congreso, en lo sustancial, el mismo plan que ya presentó en esa cámara en agosto de 2013. Ni una sola de las iniciativas anunciadas hace ya 18 meses ha entrado en vigor. Sólo los proyectos de ley de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos y de ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado comenzaron una andadura que les ha llevado ya al Senado, pero difícilmente llegarán al BOE antes de que acabe la legislatura.

Es posible que acometer ahora la reforma de la LECrim sólo busque dar visos de seriedad a la promesa del presidente de mejorar los instrumentos de lucha contra la corrupción. Ante el año electoral que se avecina, no viene mal una pantalla que permita desviar las acusaciones de connivencia que lanzan contra el PP el resto de las formaciones políticas.

Pero parchear ciertos artículos de la LECrim no va a mejorar un ápice la persecución judicial de los escándalos de corrupción político-económica. Para ello habría que darle la vuelta al actual modelo penal, que falla desde la base y permite situaciones como la que recoge el Tomo XIV del sumario de la operación Púnica: la carta anónima que desencadenó la redada llegó a la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2013. Durante los quince meses siguientes, la denuncia estuvo dando tumbos entre distintos órganos fiscales y unidades policiales sin que se pusiese en marcha una investigación digna de ese nombre.

Si se cumple el calendario, la reforma Catalá llegará en un par de semanas a un Congreso paralizado por la campaña electoral andaluza. Después será el turno de las municipales y autonómicas, el parón estival, los comicios catalanes y, por fin, elecciones generales a final de año. Todo indica que no hay tiempo material para tramitarla, salvo que el PP use su mayoría absoluta para imponer un procedimiento acelerado. Pero lo grave es que da igual si se aprueba o no, porque la presente legislatura se va a cerrar en blanco, incluso en números rojos, en lo que a la mejora de los mecanismos de lucha judicial contra la corrupción se refiere.