PSOE y CiU fracasan sobre el Constitucional

Con el argumento de no hay que cambiar de caballo en mitad del río, los socialistas van a votar en contra, este miércoles, de la proposición de ley de CiU que reclama una modificación del Tribunal Constitucional que ponga fin a la interinidad de los miembros del tribunal propiamente dicho. Para el portavoz de CiU en la materia, Jordi Jané, es una indignidad que los miembros del tribunal de garantías constitucionales sigan ejerciendo su mandato después de agotar el periodo para el que han sido designados. Muchos socialistas coinciden en su apreciación, pero la negociación entre los responsables de ambos grupos acabó en fracaso el lunes pasado.

No están lejanos los tiempos en los que el actual portavoz socialista, José  Antonio Alonso, calificaba de incongruencia la prolongación del mandato de los miembros del Consejo del Poder Judicial y del tribunal de garantías constituciones. Es como si los diputados, elegidos por cuatro años, se negaran a dejar sus escaños y siguieran legislando, decía.

Lo que ahora propone CiU conecta con la filosofía de Alonso, precisamente. Se trata de que los miembros del Constitucional que hayan agotado su mandato se queden sin voz ni voto al cabo de seis meses si no hubieren sido sustituidos. En esa situación se hallan la presidenta del alto tribunal y tres magistrados más. Su mandato excede el plazo para el que fueron designados por el Parlamento. Son elementos caducos, fuera de plazo. Sus sentencias y resoluciones adolecen de legitimidad ontológica.

Imaginen un gobierno que se negara a convocar elecciones al cabo de cuatro años, como ordena la Constitución, y continuara aprobando decretos y órdenes ministeriales, ilustra el proponente Jané. Los ciudadanos no lo tolerarían Y el propio Tribunal Constitucional tampoco. Pero ¡ay, amigo!, resulta que los magistrados del órgano de garantías constitucionales incurren en ese vicio.

La crisis institucional resulta tan evidente que el socialista Jesús Quijano, encargado de negociar con el responsable de CiU, Jané, esa reforma que impida prorrogar el mandato de los miembros del Constitucional por más de seis meses, por la vía de dejarles sin voz ni voto –aunque con sueldo--, está de acuerdo con la medida.

Y si se pregunta en privado al portavoz socialista, Alonso, se obtiene la respuesta de que los miembros del alto Tribunal, como los del resto de las instituciones, han de respetar el periodo del mandato para el que fueron designados. ¿Qué impide, entonces, a los socialistas votar a favor de la proposición de ley de CiU? La oportunidad, contestan. Los socialistas no quieren proyectar la imagen de que condicionan, minusvaloran o determinan el veredicto del Constitucional sobre el Estatut catalán.

Así las cosas, y puesto que los responsables consultados señalan que el momento adecuado para la renovación del Constitucional se sitúa al comienzo de la próxima legislatura, cabe suponer que los magistrados con el mandato agotado hace más de un año se han comprometido a no dictaminar sobre asuntos de enjundia, como el Estatut catalán, hasta 2012. Los términos del compromiso son secretos y personales, lo que no quita para que algunos de ellos expresen su incomodidad por la situación para justificar su elevada e inmerecida remuneración.