Progresistas del CGPJ se unen a los conservadores para suspender a Garzón

Pendientes de que el instructor de la querella contra Baltasar Garzón, Luciano Varela, dicte la apertura de juicio oral contra el juez de la Audiencia Nacional por su presunta prevaricación en el caso relacionado con la Memoria Histórica, y de otras dos querellas admitidas a trámite en el Tribunal Supremo,  los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano que debe establecer o no la suspensión cautelar de Garzón, van definiendo sus posiciones. Y los partidarios de suspender cautelarmente a Garzón son clara mayoría, en estos momentos. Al llamado “bloque conservador” (integrado por vocales cuyo nombramiento fue propuesto en su día por el PP), se han sumado ya tres vocales del llamado “bloque progresista” (los nombrados a propuesta del PSOE).

En principio, la decisión la debe tomar la Comisión Permanente del CGPJ, que está compuesta por el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Dívar, además de los vocales Margarita Robles (que decidió abstenerse de intervenir en la votación tras ser recusada por Garzón) y Almudena Lastra, por el bloque progresista y Manuel Almenar y Antonio Dorado, por el conservador. Pero fuentes del CGPJ aseguran que el presidente pretende elevar a Pleno la polémica decisión. En ese caso, los vocales que participarían en la votación serían 18 de los 21 integrantes de este órgano, ya que junto a Margarita Robles, el vocal conservador, Fernando De Rosa, también decidió abstenerse tras ser recusado por Garzón y el progresista, amigo personal y en alguna ocasión abogado de Garzón, Manuel Gómez Benítez, siempre se ha abstenido en las cuestiones relacionadas con su amigo.

De los 21 miembros del CGPJ, 9 fueron propuestos en su día por el PP, otros 9 por el PSOE, uno por CiU y otro por el PNV. El presidente, Carlos Dívar, fue elegido por el Pleno del CGPJ, tras el acuerdo alcanzado entre el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y el líder del PP, Mariano Rajoy. Entre los 9 vocales que conforman el bloque conservador, prácticamente todos están  abonados a la tesis de que Garzón debe ser suspendido incluso antes de que se dicte la apertura de juicio oral, puesto que ya son tres las querellas admitidas a trámite contra su persona y, como ha expresado públicamente el vocal vinculado al PP, ex conseller de la Generalitat Valenciana, Fernando De Rosa, que se ha abstenido de participar en la toma de decisiones, pero no de hacer pública su opinión, sería “sano” que Garzón fuera apartado de forma “automática”. De ese mismo criterio son los vocales progresistas Félix Azón, Inmaculada Montalbán y Carles Cruz, mientras que hay otros 3 indecisos en las filas progresistas y sólo uno entre los conservadores. Del posible sentido del voto del presidente del CGPJ, Carlos Dívar, nada ha trascendido hasta la fecha, pero quienes le conocen bien se limitan a señalar que, hasta el momento, “nunca se ha quedado en minoría en una votación”. Suponen por tanto, que en esta ocasión, tampoco se desmarcará de la línea mayoritaria.

Con todo, Baltasar Garzón puede tener los días contados en la Audiencia Nacional si, como parece que pretenden promover desde el sector conservador, se tramita la posible suspensión del juez inmediatamente después de las vacaciones de Semana Santa y las posiciones se mantienen en el bloque progresista. La única solución que, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, podría tener Garzón para evitar ser suspendido es adelantarse y solicitar voluntariamente otro destino en la carrera judicial, con lo que su caso pasaría ser tramitado por un tribunal ordinario. Sin embargo, fuentes próximas al magistrado descartan esa opción, porque, según aseguran “Él ha decidido ir a por todas, no renunciar a su plaza y defenderse, porque cree que está siendo víctima de una persecución política”.