Zapatero exige más recortes y sacrificios a sus ministros

El Gobierno prepara una nueva oleada de recortes del gasto para este mes de abril. Empeñado en ser creíble a los ojos de la Comisión Europea y de otros organismos internacionales y en alcanzar la reducción de 10.000 millones de euros en el presupuesto este mismo año, Zapatero, a través de la vicepresidenta Elena Salgado, ha exigido a todos los ministerios que presenten un plan de reducción de gastos, por un lado, y de altos cargos, por otro, la próxima semana. De hecho, la intención de Zapatero es aprobar los nuevos recortes en el próximo Consejo de Ministros que se celebrará el 16 de abril, según han confirmado fuentes del Ejecutivo a cuartopoder. Este plan no contempla, en todo caso, la supresión de ningún ministerio, pero sí de algunos directores generales de la Administración General del Estado.

Todos los ministerios están tratando de encajar las exigencias de Zapatero y Elena Salgado en sus presupuestos. Así, algunos, como José Blanco, ya han presentado su proyecto, que supone un recorte de hasta 300 millones de euros en el gasto presupuestado para 2010, aunque mantiene intacta e incluso incrementa la inversión en obras del AVE, con respecto al año pasado. El secreto de Blanco estriba en la reducción de altos cargos y la supresión o fusión de algunas de las empresas que dependen del Ministerio de Fomento. Otros, como el Ministerio de Educación, pelean por mantener algunas de las partidas que, de acuerdo con lo presupuestado, deberían desaparecer este año y argumentan que el Pacto por la Educación en el que está trabajando el ministro Ángel Gabilondo con todos los partidos políticos, exige mantener un nivel elevado de inversión en esta materia. Pero todos sin excepción tienen órdenes de reducir altos cargos y directores generales en sus respectivos gabinetes.

Los más activos y los que tienen más posibilidad de recorte son la propia Elena Salgado y el titular de Industria, Miguel Sebastián. De ella y del ministerio de Economía dependen las 41 empresas públicas integradas en el Grupo Patrimonio del Estado, mientras que el Ministerio de Industria es el responsable de las empresas de la Sepi (Sociedad Española de Participaciones Industriales) que integra a 21 empresas públicas de diversa índole, desde el sector minero, como Hunosa, hasta el periodístico, como la Agencia Efe. Además de estos grupos, quedan otra serie de empresas que están adscritas a la Administración General del Estado a las que hay que buscar una mayor rentabilidad y aplicar un severo recorte en sus gastos.

A falta de recibir todos los planes de los 17 ministerios existentes y de terminar de perfilar las fusiones de algunas empresas públicas, así como la aplicación de criterios de eficiencia en su productividad, el Gobierno espera poder alcanzar una cifra próxima a los 2.000 millones de euros, a los que espera añadir otro plan de reducción procedente de las Comunidades Autónomas. De hecho, 9 de ellas ya han aprobado sus planes para apretarse el cinturón, hasta alcanzar la cifra de 2.000 millones de euros en total. De entre las que están pendientes de presentar sus planes de contención, que son las que presentan mayores cifras de déficit, como Cataluña, Comunidad Valenciana o Madrid, entre otras, el Ejecutivo confía en alcanzar otro recorte cercano a 4.000 millones. Pero ese acuerdo todavía está pendiente de la “buena voluntad” de las autonomías que restan por retratarse.

En el gabinete de Zapatero confían en que estas Comunidades Autónomas se avengan a razones en las próximas semanas, pero, de no hacerlo, fuentes del Palacio de la Moncloa aseguran que tienen “mecanismos para hacerles entrar en razón”. Según un destacado miembro del Ejecutivo, “es el Gobierno de España el que tiene que autorizarles el techo de endeudamiento y, llegados a una situación límite, las Comunidades dependen  de la transferencia que les hace el Estado, así que no les conviene hacer un conflicto de algo que todos sabemos que hay que hacer”.