Un error no es un delito

En torno a Garzón quisiera escribir, si es posible, alguna verdad. No una verdad grande como una apisonadora, sino pequeña y resplandeciente, como una pepita de oro. Sin embargo, temo que no sea posible, dado el encono que ha alcanzado la polémica en torno a su pretensión de investigar los crímenes del franquismo. Como Virginia Woolf afirmaba que cuando un asunto se presta mucho a controversia, uno no puede esperar decir la verdad, sino explicar cómo llegó a profesar tal o cual opinión, me conformaré con explicar cómo he llegado a pensar que Garzón ha podido equivocarse, pero un error no es un delito.

Los decretos de amnistía, particularmente el de 1977, fueron considerados un triunfo del antifranquismo, que consiguió con ellos la liberación de los presos políticos. Ahora, a la luz de los acontecimientos y de la lectura que hacen de aquellos decretos los tribunales españoles, debemos interpretarlos como leyes de punto final. No es mala cosa que la actuación de Garzón nos haya dado esta clarividencia sobre nuestra historia y una razón más para dudar de esa Transición perfecta que nos han contado sus hacedores. Ningún franquista tuvo que decir aquello de “si me tocan a un hombre se acaba el Estado de Derecho”, como Pinochet, porque Franco ya se aseguró de que en el embrión del Estado de Derecho se garantizara la impunidad a sus hombres.

Garzón, que ha batallado contra las leyes de punto final de dictaduras militares en Iberoamérica, no la acepta tampoco en España: proclama la prevalencia de la legislación internacional y aplica la idea de que los crímenes contra la humanidad ni prescriben ni pueden ser amnistiados. Hay un conflicto entre los dos derechos, el nacional y el internacional, pero se da la circunstancia de que los decretos de amnistía son preconstitucionales, por tanto, de dudosa legitimidad y difíciles de subsumir bajo la creencia de que las leyes constituyen un contrato social que todos acatamos.

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En todo caso, de esa colisión que se produce entre la ley nacional y la internacional, se pueden extraer diversas interpretaciones, como tan a menudo ocurre en Derecho. Algunas serán más acertadas que otras, pero ninguna de ellas puede constituir un delito cuando no ha tenido consecuencias para nadie, como es el caso de la decisión de Garzón de atribuirse la competencia para juzgar a los responsables. Cualquiera que maneje los rudimentos del Derecho Penal sabe que para que exista un delito ha de haber un sujeto activo (el delincuente) y un sujeto pasivo (la víctima). Si no hay víctima, no hay delito, en este caso el de prevaricación que se le imputa.

En todo caso, Garzón cometió un error, y de bulto, probablemente inspirado por éxitos anteriores. Consiguió detener a Pinochet y condenar a Scilingo, sí, pero fuera de sus respectivos países. Un proceso por genocidio o crímenes contra la humanidad sólo tiene posibilidades de prosperar en el mismo país donde se ha cometido cuando las víctimas han ganado la guerra, por una razón sencilla: se trata en el fondo de procesos políticos revestidos de un armazón jurídico, como lo fue el de Nüremberg. Y las víctimas de Franco fueron derrotadas dos veces: primero en la guerra y después en la Transición. El error de Garzón consistió en olvidar la historia.