Repaso a la Sanidad entre volutas de humo

Para quienes se encuentren entre ese 27% de la población que fuma, sepa que los ‘culpables’ de la reforma que ha preparado Sanidad y que les expulsará próximamente de los bares cuando enciendan un cigarrillo han sido los camareros. Lo cuenta un alto responsable del Ministerio de Sanidad entre el humo que expelemos algunos de los que allí nos encontramos: “A raíz de las reivindicaciones de los trabajadores de hostelería, hicimos mediciones y comprobamos que sus índices de nicotina eran muy altos”. No se lo tengan en cuenta, porque la UE ya había dispuesto la restricción total del tabaco en lugares públicos a partir de 2012. Es decir, que sólo se ha adelantado lo inevitable.

De la reforma se conoce prácticamente todo, a excepción de su entrada en vigor, que es lo que ahora mismo se está discutiendo.  Existe, de hecho, un acuerdo informal con CiU, IU y Nafarroa Bai, entre otros, para sacarla adelante. Frente a la idea original, que era establecer dos plazos, uno prácticamente inmediato con carácter general y un periodo de carencia para los locales que hubieran acometido reformas para adaptarse a la ley actual, se ha impuesto la decisión de buscar una fecha común, por entender que lo anterior podría considerarse una forma de competencia desleal. En Sanidad están convencidos de dos cosas: que los 15.000 euros que como media se gastaron algunos establecimientos en reformar sus locales han sido ya suficientemente amortizados y que la prohibición total no influirá en su volumen de negocio. “Los hosteleros veían la reforma con prevención, aunque luego nos dimos cuenta de que quienes alentaban realmente el rechazo eran las tabaqueras”.

A los fumadores sólo les quedarán dos resquicios. Uno es el de los establecimientos que dispongan de un especio abierto, o sea una terraza, en donde se permitirá fumar; el segundo es que será posible echar humo en aquellos lugares que tengan la condición de espacios privados, del estilo de los clubs de fumadores, que empezarán sin duda a proliferar. Para compensar, se permitirá la venta de tabaco aunque no se pueda fumar.

Dice nuestro interlocutor que cada año nos gastamos 7.000 millones de euros en el tratamiento de enfermedades causadas por el tabaco, y que eso es mucho dinero. De hecho equivale aproximadamente al déficit sanitario, que está entre el 8 y el 10% de los 70.000 millones de euros que el país destina anualmente a la Sanidad y que viene a representar el 6% del PIB.

¿Es mucho este 6%? Desde luego es más que el 4,5% del PIB que representaba hace 30 años, si bien es cierto que en ese tiempo ha aumentado la población, las prestaciones y los avances tecnológicos que utiliza el sistema público. Reducir dicho gasto no es tarea fácil. Un 50% se lo lleva el personal sanitario y entre un 25 y un 28% la factura farmacéutica, un coste relativamente alto pese a que no pueda achacarse al precio de los medicamentos. En definitiva, un 75% de los 70.000 millones mencionados constituye un gasto estructural que difícilmente puede reducirse.

¿Se ha pensado en el copago?, le preguntamos. Radicalmente, no. Y lo explica. Suponiendo que a los usuarios del sistema se les cobrara 10 euros por consulta y 15 euros por urgencia, lo recaudado ascendería a 600 millones de euros, que es dinero pero que, obviamente, no soluciona el problema. Por no hablar de que causaría un notable perjuicio a unos usuarios que en un 80% son personas mayores, o lo que es lo mismo jubilados con recursos más limitados.

Tampoco se prevé meter la tijera al coste de la dependencia, que viene a significar entre 4.000 y 5.000 millones de euros al año, esto es un 0,4% del PIB. “El Estado del Bienestar no se pude recortar porque está amparado por la ley”, afirma. ¿Y si se cambia la ley? Ese es otro cantar que ni siquiera se ensaya.

La  conversación gira hacia la gripe A, que en estos días ha soplado las velas de su primer aniversario. La epidemia que nos iba a diezmar se quedó en un susto. Eso sí, nos dejó en el armario 10 millones de vacunas de los 13 millones que se encargaron. Y eso gracias a las cláusulas impuestas a las farmacéuticas por el secretario general de Sanidad, ya que en un principio se habían reservado 37 millones de dosis.

Se nos explica la estrategia seguida entonces. Se encuadró a un 20% de la población entre los grupos de riesgo, más un 10% adicional como reserva. Ahora nos salen las vacunas por las orejas, pero se nos recuerda que hubo comunidades que pidieron vacunas para toda la población y que la misma petición fue formulada por la responsable de Sanidad del PP, Ana Pastor, a la que la multinacional Sanofi Pasteur debería estar eternamente agradecida. Según parece, vamos a regalar un millón de vacunas a la República Dominicana y otro medio millón a Chile, si encontramos un frigorífico suficientemente grande.

Aprovechando el curso del Pisuerga, se le pregunta por la ministra Trinidad Jiménez, cuyo nombre suena entre los llamados a alcanzar metas más altas en una eventual crisis de Gobierno. “Lleva una año en el Ministerio y ahora no está en nada de eso”. Habrá que creer lo que nos dice.