El CGPJ sospechaba que Garzón quería la inmunidad para no ser juzgado
En la decisión de suspender a Garzón y aplazar una resolución definitiva sobre su fichaje como asesor externo del Tribunal Penal Internacional ha pesado la sospecha del Consejo General del Poder Judicial de que el magistrado pretendía obtener la inmunidad para no ser juzgado por el Supremo en las tres causas por prevaricación que mantiene abiertas contra él, una de las cuales le obliga ya a sentarse en el banquillo.
Comencemos por una precisión inicial de gran trascendencia. La petición de licencia por servicios especiales que solicitó Garzón para incorporarse al TPI no fue previa a la decisión del magistrado Luciano Varela de abrirle juicio oral sino posterior. De hecho, el auto del juez del Supremo tiene fecha del pasado martes y de su redacción definitiva existía constancia en el CGPJ desde algunos días antes. El escrito de Garzón en la que solicitaba su excedencia entró en el Consejo pasadas las 14,00 horas de ese mismo día, posiblemente tras conocer que Varela había estampado su firma en el auto que le llevará a juicio. Como se recordará, dicho auto se hizo público el miércoles.
La apresurada solicitud de Garzón hizo sospechar al Consejo de que su petición no obedecía a motivos inocentes. De hecho, rápidamente se cayó en la cuenta de que con la concesión de la excedencia para permitirle ser asesor del TPI no sólo eludiría la suspensión en sus funciones jurisdiccionales en la Audiencia sino que podría esquivar, incluso, al Tribunal Supremo. Bastaría para ello con que la Corte, una vez admitido como asesor, le designara para ocupar alguna de sus vacantes, con lo que automáticamente alcanzaría inmunidad de la que gozan todos y cada uno de sus miembros.
Esta sospecha se acrecentó cuando en la petición de ampliación de información que el Consejo solicitó a La Haya, el TPI eludió precisar que el cometido de Garzón se limitaría a una tarea de asesoramiento de la fiscalía. La suerte del juez dependía de qué asunto fuera tratado en primer lugar. Si era el de la suspensión no había margen para la duda. El artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que la suspensión de los jueces y magistrados tendrá lugar “cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”. En román paladino, que la suspensión es automática desde el momento en el que el juez que instruye la causa ordena la apertura de juicio oral.
Con ese orden procedió el Consejo. Primero decidió por unanimidad de todos los vocales la suspensión cautelar de Garzón. Ya por la tarde, volvió a reunirse para estudiar la petición de traslado a la Corte Penal Internacional. Fuentes jurídicas informaron a cuartopoder que existía un principio de acuerdo entre los sectores progresista y conservador del órgano de gobierno de los jueces para acceder a la demanda de Garzón. Sin embargo, y también por unanimidad, se acordó posponer la resolución hasta disponer de información suplementaria.
La de la Corte Penal Internacional no ha sido la única vía que se ha abierto a Garzón para sortear la suspensión cautelar de funciones. El juez ha rechazado los ofrecimientos que el Gobierno le planteó para designarle magistrado de enlace, primero en Colombia, y después, en Colombia y México. Dicho nombramiento exigía también su pase a la situación de servicios especiales, lo que le hubiera ahorrado el amargo trago de ayer. Garzón rechazó ambos ofrecimientos, aunque se propuso a sí mismo como magistrado de enlace para todo el Cono Sur, al frente de un cuerpo integrado por una docena de jueces. Su contraoferta fue rechazada.
Desde el Ejecutivo se ha seguido prácticamente en directo la suerte del magistrado. Tanto el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, como el de Justicia, Francisco Caamaño, mantuvieron contactos a lo largo de la tarde del jueves con varios vocales del Consejo, que ya en ese momento se inclinaba por abordar en primer lugar las consecuencias derivadas de la apertura de juicio oral decretada por Varela.
Para admitir finalmente la incorporación de Garzón al TPI, los vocales tendrán que ajustarse a las conclusiones de un informe elaborado por su secretario en el que aconsejaba desestimar el traslado por no cumplir los requisitos exigidos por la ley Orgánica del Poder Judicial, según la cual es preceptivo que el nombramiento tenga carácter previo. Esa es la razón de que se dirigiera ayer mismo un requerimiento al TPI para que ratifique el ofrecimiento del cargo a la vista de las nuevas circunstancias y para que acredite si dicho contrato lleva o no implícito "algún género de inmunidad procesal", que como se ha comentado ha sido la gran preocupación del Consejo. Asimismo, se ha preguntado al Supremo si dicha petición afecta a las actuaciones que hay en marcha contra Garzón. Antes de dar el sí, los vocales quieren curarse en salud.
La conclusió a la que llego despues de asistir a la caza y captura de un juez que investigó el Gal, el Gürtel y ahora también el franquismo,es que para llamar Democracia a esto que tenemos, necesitamos, entre otras cosas, que el Poder Judicial deje de ser dedocrático. y el que tenemos lo es.
Pues yo creo que la realidad es más compleja y plurisémica, Jose, y que requiere más análisis para evitar afirmaciones simplistas. Me cuesta creer que España tenga una justicia de república bananera. Dura Lex, ya se sabe.
Pues a mi me tranquiliza saber que Garzón y yo somos iguales ante la ley. Otra cosa sería de república bananera
Que nadie se confunda y sin entrar en la figura de Garzón. Tanto el PSOE como el PP lo han entregado porque los tiene cogidos por los huevos con los casos Gurtel y Pretoria.
Ahora parece que, después de habernos bombardeado con un supuesto complot de franquistas emboscados en la judicatura contra el «juez de la democracia», resulta que TODOS los vocales del Consejo General del PJ, incluida la mayoría de vocales propuestos por el PSOE, han votado a favor de suspender a Garzón en sus funciones. No por perseguir los crímenes del franquismo, sino por prevaricar (supuestamente). Lo primero no es un delito, lo segundo sí, y uno de los peores que puede cometer un funcionario público.
La verdad del «caso Garzón» que nadie cuenta.
Detrás de la persecución contra Garzón y en favor de que el franquismo sea el unico régimen fascista instaurado en los años treinta que no pague por el genocidio que cometió está la monarquía española. ¿Por qué?. Muy sencillo, si la invstigación contra los crímenes cometidos por el régimen franquista que nazis y fascistas ayudaron a conquistar el poder, pagada la ayuda con dinero y la División azul en el frente ruso, properara en el proceso abierto por Garzón, o en los recién iniciados en Argentina o Alemania, todo el franquismo sería cuestionado, y ese cuestionamiento trascendería más allá de los crímenes de lesa humanidad que son miles, llegando a todo el congolomerado jurídico de los 40 años de régimen, incluída la Ley de sucesión por la que Juan Carlos fue nombrado heredero del régimen franquista en 1969. De todos los crímenes franquistas cometidos de 1969a 1975 el rey actual sería cómplice, y los cometidos desde que asumió la jefatura de Estado jurando las leyes del Movimiento, de noviembre del 75 hasta diciembre del 78 sería responsable ese mismo monarca, jefe de estado del Franquismo sin franco.
La judicatura, los políticos y el empresariado franquista nunca depurado y que tanto poder tiene en la corte actual no pueden permitir que se tamballee y cuestione la figura del monarca al final evidente de su mandato.
No investigar el franquismo ni a su último jefe de estado en la etapa en que no era según la constitucion vigente «inimputable» es el objetivo. Y de paso se deja una viso para navegantes, ni el franquismo ni la corrupción del PP deben ser tratados como en su día el PSOE de FILESA y el GAL. !todavía hay clases en este país y no es lo mismo ejercer el terrorismo de estado y el poder corrupto desde unas siglas de origen republicano que desde unas de reconcido pedigrí del bando vencedor fascist!