La basura de Ceuta salpica a un diputado del PP

La nueva contrata de retirada de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Ceuta puede acarrearle “tarjeta roja” al diputado del PP por la plaza Francisco Antonio González Pérez. Su actividad parlamentaria ha estado muy relacionada con el dopaje en el deporte profesional y nadie sospechaba que podía incurrir en las trampas que denunciaba --no con epo y anabolizantes, sino con otras sustancias más viscosas-- hasta que el senador socialista y secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao, ha descubierto el enjuague.

Resulta que el diputado amplió su declaración de actividades privadas el 14 de febrero pasado y añadió a sus cometidos de asesoría el cargo de consejero de la naviera STAMP y el de también consejero de una empresa mediambiental de tratamiento de materiales inertes, cuyo nombre no consignó. Puesto que aseguró que “ninguna de las dos empresas tiene ningún tipo de contrato con la Administración Pública”, la comisión del Estatuto del Diputado que preside Francesc Vallès, un socialista tarraconense con fama de duro, dio el visto bueno, y lo propio hizo el pleno el 23 de febrero.

Apenas dos meses después, el 16 de abril, los correligionarios del diputado en el Ayuntamiento de Ceuta adjudicaron de forma provisional por 54.478.053 euros anuales la retirada de la basura a la empresa Urbaser, que a su vez contrata a la naviera STAMP, de la que él es consejero, para que traslade los residuos a la Península. Según las cláusulas administrativas del pliego de adjudicación, la relación de la subcontrata con la Administración Pública es manifiesta. Según la ley de contratos con el sector público, también. Pero González Pérez no se percatarse de una adjudicación tan insólita como, sin duda, ajena a su voluntad, y no renunció al consejo ni al escaño, casi siempre vacío por enfermedad.

Menos mal que el senador Carracao ha examinado con lupa el asunto y se dispone a informar a la comisión del Estatuto del Diputado para que le exija las aclaraciones y responsabilidades que procedan. También solicitará que se paralice y revise la adjudicación, con independencia de que alguna empresa perjudicada pueda apelar a los tribunales. “¿Por qué será que donde manda el PP huele mal?”, se pregunta Carracao.