El Congreso aprueba el 'despido preventivo'

Nunca una reforma laboral que afecta a todos los trabajadores y empresarios había sido aprobada por una comisión parlamentaria con agosticidad, en lectura única y mediante trámite de urgencia. Pero así ha ocurrido con la promovida por el Gobierno, a pesar de las protestas de algunos portavoces. “Este trámite express degrada al Parlamento hasta convertirlo en una caricatura”, protestó Gaspar Llamazares (IU-ICV). También se quejó Emilio Olabarría: “El decoro institucional se resiente”. Varios diputados manifestaron su disgusto en voz baja. ¿Cómo no va haber crisis política?, se preguntaban. El caso es que después de quince días de cabildeos y tres de tramitación, la reforma salió el jueves para el Senado con los únicos votos favorables del PSOE, la abstención de los nacionalistas de CiU y PNV y el rechazo del PP, IU-ICV, ERC y el Grupo Mixto, cuya portavoz, Olaia Fernández Dávila, se olvidó de fijar la posición de Coalición Canaria.

Los socialistas atendieron algunos argumentos de Olabarría y de Carles Campuzano (CiU) sobre el despido por “causas objetivas” y el “absentismo laboral”, respectivamente, y presentaron algunas enmiendas transaccionales para atraer su voto. No lo consiguieron. Donde antes colocaron como causa económica objetiva de despido “la disminución relevante de beneficios o la falta persistente de liquidez”, después escribieron: “La existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente del nivel de ingresos” de las empresas.

El debate de una reforma tendente a crear empleo se convirtió así en una discusión sobre las facilidades para despedir al personal por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. El resultado fue tan favorable a los empresarios que parece mentira que el PP no apoyara la reforma. A los empresarios se les exige “justificar la razonabilidad” de los despidos “para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado”, y a los trabajadores se les recorta la indemnización por año trabajado.

El vasco Olabarría clamó contra el concepto de “mínima razonabilidad” para facilitar el despido. “Esto es una vergüenza”, dijo. “Estamos ante otra vuelta de tuerca que nos va a situar al comienzo de la revolución industrial y va a eliminar el carácter tuitivo y protector del derecho del trabajo. Por este camino desaparecerá el derecho laboral y en el futuro todo será privado y mercantil”, advirtió. El desequilibrio en el trato al capital y al trabajo llevó a Llamazares a afirmar que pese a la luz de agosto era “un día negro para el Parlamento, por el trágala al que se veía sometido; para los trabajadores, por el asalto a sus derechos, y para la izquierda, porque en nombre de sus principios se imponen políticas de derechas, y la derecha no paga favores”.

Aunque el socialista Jesús Membrado se esforzó en explicar las medidas contra la dualidad del mercado del trabajo, las mejoras de los contratos temporales, de inserción, formación y a tiempo parcial, así como la aplicación de bonificaciones a la contratación, no consiguió atraer un solo voto ajeno a su grupo para apoyar una reforma que el portavoz del PP, José Ignacio Echaniz, tildó de “trabajo mal hecho” y describió como una mezcla de “cocido madrileño, potaje gallego y gazpacho andaluz”. Entre las enmiendas del PP que fueron rechazadas figuraba la prohibición del derecho a la huelga durante la negociación de los convenios colectivos.

Con la sensación de que, según Llamazares, “se amplía y consolida el modelo neoliberal, dígalo Agamenón o Zapatero”, y el objetivo de los nacionalistas de salir “lo menos magullados posible” del trance, según confesó Olabarría, se endosó el proyecto al Senado para que lo lea, mejore y lo devuelva antes de que la huelga general del 29 de septiembre pueda enmendarlo a la totalidad.