Los controladores exigen negociar su estatus con Blanco

Los dirigentes de USCA, el sindicato que agrupa a la mayoría de los controladores aéreos, han explicado que lo suyo no es una cuestión de dinero sino de condiciones de trabajo. Al presidente del sindicato, Camilo Cela, y al secretario de comunicación, César Cabo, se les nota afectados por la imagen insolidaria y miserable que han proyectado ante la sociedad con la amenaza de una huelga etérea para hacer daño, según ha dicho el vicepresidente Manuel Chaves, y perjudicar el turismo, que representa el 10% del PIB. Esto no quiere decir que los directivos de la patronal AENA y los responsables del Ministerio de Fomento hayan estado ágiles de reflejos.

Tras el respaldo masivo a un paro sin fecha, el ministro José Blanco les llamó a negociar, y AENA les garantizó una remuneración fija de 200.000 euros anuales hasta 2013. Ellos piden más. AENA se comprometió a admitir los cambios de turno siempre que sean autorizados y se garantice la seguridad y el derecho al descanso, a aplicar de inmediato los 30 minutos de descanso por cada dos horas de trabajo, a revisar la carga de operaciones de cada centro, a incluir el pago de las cantidades del seguro médico en la nómina de este año y a impulsar la formación.

Después de muchas horas de negociación, los dirigentes de USCA consideraron “positivos” los compromisos y comunicaron que era posible un acuerdo “hoy mismo”. A continuación pidieron una reunión con el ministro. El acuerdo incluye un mínimo de 80 horas extras a 300 euros la hora, lo que representará 24.000 euros más al año. Con independencia de que esa cantidad supere el salario anual de miles de maestros, funcionarios, policías…, el colectivo insiste en que su amenaza no es por dinero sino para mejorar las condiciones de trabajo.

Si examinamos esas condiciones, enseguida vemos que las 1.750 horas anuales de su jornada ordinaria  significan 36,4 a la semana, algunas menos de la jornada reglamentaria del resto de los trabajadores. Tal vez por eso se les permite hacer horas extraordinarias. Como su trabajo es muy duro y requiere una atención máxima, ya que la vida de miles de personas –87,3 millones de pasajeros el año pasado– depende de que no incurran en errores, no sólo ha de estar bien pagado (138 euros la hora reglamentada), sino bien medido para evitar el estrés. De ahí la media hora de descanso por cada dos de trabajo, establecida por Blanco.

Ante las pingües remuneraciones y las esmeradas condiciones de trabajo cualquiera diría que para llegar a la torre de control se requiere una inteligencia superior y una preparación intelectual como mínimo equivalente a los magistrados, de los que, si ya no depende la vida, depende la libertad. Pero no es así. Basta con ser diplomado, manejar bien el inglés, superar los test psicológicos y de personalidad, las pruebas médicas, una entrevista personal y realizar un curso de 18 meses –mitad teórico y mitad práctico– para ejercer el oficio.

¿Por qué, entonces, no hay controladores suficientes a los que apelar? Porque lo difícil es acceder a esos cursos de formación que en España sólo imparte SENASA, un organismo de Fomento manejado por determinados jerifaltes del gremio que deciden los perfiles y las admisiones a unas plazas tan cotizadas como escasas (114 en la última convocatoria). El curso cuesta entre 45.000 y 60.000 euros, lo que tampoco está al alcance de todas las economías domésticas, si bien para eso existen los bancos.

El sistema de capacitación es, por tanto, un cuello de botella tan injusto como endogámico, que impide el libre juego de la oferta y la demanda en este sector del mercado laboral. Los sucesivos ministros del ramo han tenido el problema ante la hipotenusa de su nariz, pero sólo Blanco se ha atrevido a abordarlo con el anuncio de la subcontratación de empresas de control aéreo por parte de AENA. La situación dará el vuelco. Alguna universidad privada ya ofrece cursos de controladores a un precio igual o inferior a SENASA. La quiebra del monopolio de la formación permitirá la oferta de profesionales y significará el principio del fin de los privilegios de un colectivo tan exigente como despiadado. Sus representantes lo saben y hoy pedirán al ministro que les garantice el estatus a perpetuidad.