El gobierno no quiere más caravanas solidarias en zonas de alto riesgo
El debate sobre la seguridad en la zona del Sahel y las gestiones que se realizan para tratar de rescatar a los ciudadanos españoles secuestrados el 29 de noviembre de 2009 por Al Qaeda en el Magreb Islámico, Albert Vilalta y Roque Pascual –su cautiverio se convertirá mañana lunes en el más largo de cuantos ha realizado Al Qaeda en la zona–, está siendo silenciado de forma premeditada por el Ejecutivo y de acuerdo con las familias de ambos, “por razones de seguridad”, según han asegurado a cuartopoder fuentes gubernamentales. Pero, según estas mismas fuentes “es un debate pendiente, que habrá que abordar en cuanto los dos ciudadanos españoles estén a salvo”. Un miembro del Ejecutivo llegó a hablar de prohibir las caravanas solidarias y, aunque su propuesta fue rechazada de inmediato, sí existe consenso entre los ministerios afectados de que “hay que revisar y restringir esas caravanas solidarias, en aquellas zonas donde sus integrantes están poniendo en serio peligro sus vidas”, añaden fuentes diplomáticas consultadas por este periódico.
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no quiere precipitar ese debate y ha ordenado a los miembros de su gabinete que actúen con la máxima discreción. “La prioridad ahora – asegura un miembro del Ejecutivo- es traer de vuelta a casa a los dos secuestrados españoles”. Pero el debate se abrirá inmediatamente después de que se resuelva ese secuestro, el más largo en la historia de las acciones de Al Qaeda en el Magreb.
El Gobierno español descarta absolutamente una prohibición, o algo similar, como ha hecho el gobierno de Nicolás Sarkozy en la práctica, después de que Al Qaeda asesinara al súbdito francés Michel Germanau, el pasado 24 de julio, tras haber permanecido tres meses secuestrado y después de que Francia y Mauritania asaltasen de forma conjunta el campamento de este grupo islamista en Tassalit ( al norte de Malí). Las tropas de élite francesas y mauritanas no hallaron en el campamento a Michel Germanau, tal como creían que iba a ocurrir, pero el asalto se saldó con un balance de 6 muertos. Horas después, Al Qaeda haría pública, a través de la cadena Al Jazeera, que Germanau había sido ejecutado “en venganza por nuestros seis hermanos muertos durante la cobarde operación de Francia”.
El Gobierno español no piensa en prohibiciones ni en operaciones militares como las protagonizadas por Francia, pero sí baraja la posibilidad de exigir a los integrantes de futuras caravanas solidarias, que atraviesan zonas consideradas de alto riesgo, que blinden su seguridad personal y que, antes de emprender sus viajes, contraten costosas pólizas para asegurar su vida y su integridad física. En la práctica, eso supondría dificultar muchísimo la salida de esas caravanas solidarias.
Por el momento, aunque los diferentes ministros han tomado unos días de vacaciones, tanto el titular de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, como la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el propio presidente Zapatero siguen pendientes de las negociaciones que se están llevando a cabo desde Mauritania y Burkina Fasso. Del estado de dichas negociaciones, apenas se conocen detalles, salvo que las pretensiones iniciales de Al Qaeda de que el gobierno mauritano pusiera en libertad a presos de la cárcel de Nuakchott, podrían haberse abandonado y convertido en pretensiones económicas, tras el viaje que el ministro Moratinos realizara el pasado mes de junio a Mauritania y su encuentro con el mandatario mauritano, el general Mohammed Abdelaziz. Éste, al parecer, habría dejado claro al ministro español que no tiene ninguna intención de liberar presos de sus cárceles. Pero las negociaciones continúan a diario y en el Ejecutivo abrigan la esperanza de que este mismo mes pueda haber buenas noticias al respecto.
