El ‘bragasgate’ de Santa Cruz y la subcorrupción tradicional

Sostienen los clásicos del periodismo que una noticia siempre es una noticia aunque sea del siglo pasado. Incluso, de la legislatura pasada, se podría añadir ante el impacto del bragasgate, que ha abierto una nueva crisis en el PP de Tenerife. El alcalde popular de Santa Cruz, Miguel Zerolo, ha destituido fulminantemente a su correligionario y concejal de Recursos Humanos y Consumo, Ángel Llanos, por la supuesta filtración de las facturas de gastos privados con cargo al consistorio de dos concejalas y tres concejales de su grupo entre 2003 y 2007. Las notas, por un importe de 160.000 euros, eran de compra de ropa y complementos e incluían dos bragas Benetton.

Los ediles tinerfeños del PP no esperaban bolsos, trajes ni relojes de Correa y el Bigotes y se servían por sí mismos de una parte de la asignación del Ayuntamiento al grupo municipal, que fue de 640.000 euros en ese periodo, para ir elegantes a todas partes. Y la elegancia incluyó alguna prenda menor de las concejalas Maribel Oñate y Cristina Travío, que ahora ocupa la vicepresidencia del Parlamento de Canarias y es presidenta del PP tinerfeño.

Lo curioso del bragasgate es que la información llegó en un sobre anónimo a las redacciones de los periódicos y que, según el también concejal Alfonso Soriano, fundador del PP tinerfeño, el cese de Llanos obedece más a una vendetta interna de Zerolo y Travío que a la filtración propiamente dicha. ¿Cómo han descubierto el alcalde y la lideresa al taimado informador? ¿Acaso le han aplicado un CIA –Control Integral de Actividades--, como hace el CNI?

El interventor municipal manifestó en su informe: “Parece que son gastos personales que no guardan relación con la actividad del grupo municipal”. En la normativa interna de los ediles del PP no figura la compensación de lencería, trajes, gafas, camisas, corbatas y demás gastos de vestuario. Las dietas, idas y venidas, almuerzos de trabajo y otras obligaciones relacionadas con el cargo pueden pasar, pero los gastos privados son capítulo aparte. Y los concernidos intentan ahora por todos los medios que el fiscal anticorrupción no lea sus aventuras de boutic y grandes almacenes.

Si consideramos que el Tribunal de Cuentas del Reino, que preside el ex ministro de UCD y ex senador del PP Manuel Nuñez, viene reclamando desde el siglo pasado a los partidos políticos que incluyan en sus finanzas las aportaciones de los ayuntamientos a los grupos municipales, sin que éstos se hayan dado por aludidos, podemos alcanzar la conclusión de que el bragasgate de Santa Cruz se puede estar repitiendo en numerosos ayuntamientos.

Hace medio siglo el gracioso Julio Camba tituló un artículo “sobre los concejales corruptos” afirmando que el sustantivo y el calificativo eran sinónimos. Algunos ediles protestaron y, para evitar el daño de una querella “por desacato”, el periodista derechista escribió otro: “Sobre los otros”. Dice que estos últimos andaban siempre más tiesos que la mojama y si uno se los encontraba estaba perdido, pues tenía que pagarles el café, la copa y el puro. Aunque no eran muchos, eran un peligro para los corruptos y salían carísimos.