Corbacho se ensaña con los parados

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha realizado su penúltima aportación a la vendimia de argumentos para preparar la huelga general. El fruto de su cepa o ceporro es tan jugoso que, según el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, con sólo exprimirlo, los sindicalistas tienen medio trabajo hecho para paralizar los tajos el 29 de septiembre. El empeño del ministro en hacer creer a los españoles que los cuatro millones de desempleados registrados en el Inem son cuando menos sospechosos de vagancia y abulia, se parece bastante al insulto y la provocación, afirman los sindicatos.

Con el fin de que los desempleados demuestren que están dispuestos a adquirir nuevas habilidades profesionales y a trabajar, los senadores del PSOE van a defender y votar hoy otra enmienda del ministro a la reforma laboral por la que si en el plazo de 30 días no aceptan el cursillo que les ofrezcan los llamados servicios de empleo o las ofertas de trabajo que les lleguen, serán sancionados, primero suprimiéndoles la paga por desempleo a la que tengan derecho y, segundo, borrándoles de las listas de demandantes de empleo.

Hasta ahora, lo que Corbacho llama “periodo de gracia”, era de cien días. En esos tres meses y diez días, el parado podía rechazar un cursillo y esperar otro más acorde con sus objetivos, estudios y cualificación profesional. También podía rechazar alguno de los escasos y miserables contratos que circulan por el Inem. El ajuste de cuentas a los desempleados permitirá demostrar, según Corbacho, que los parados no quieren aprovechar el tiempo ni, mucho menos, trabajar.

La acusación es tan fuerte que ayer saltaron como un resorte los responsables de acción sindical de CC.OO. y UGT, Ramón Gorriz y Toni Ferrer, para decir que la medida sólo pretende “maquillar las cifras del paro”. Ni siquiera eso, pues según Ferrer, el propio ministro sabe o debiera saber que en 2009 los desempleados sancionados por no aceptar cursillos y subcontratos fueron 8.000. Por tanto, la eficacia de la última aportación del ministro al grupo senatorial socialista sólo sirve para irritar a los más débiles y desamparados: los desempleados.

Aparte de ese artificioso intento de reducir las cifras del desempleo, borrando a unos cientos de parados, los sindicalistas denuncian el recorte de las prestaciones por desempleo. De momento, las nuevas condiciones arbitradas por el Ejecutivo para otorgar los 426 euros mensuales durante medio año a los desempleados que hayan agotado el subsidio excluyen a 70.000 parados de 30 a 45 años, según los cálculos sindicales.

Con ello, y tras la introducción del “despido preventivo”, fácil y barato, en una reforma sólo refrendada con los votos del PSOE debido a un trato tan desequilibrado a favor del capital y en contra del obrero que repugna incluso a los nacionalistas del PNV, el ministro Corbacho ha logrado que los sindicatos amplíen la acción sindical a las coordinadoras de desempleados cara a una huelga general que, según esperan, liquidará la reforma y colocará bajo mínimos al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.