Objetivo: no molestar a los ricos

El Gobierno se abstiene de molestar a los ricos. Desde luego no va a realizar la operación indolora que proponía Julio Camba, que no era rico sino un gracioso de derechas, de exigirles que calculen lo que necesitan para vivir ellos, sus hijos y sus nietos, y quitarles el resto. Según expuso el miércoles en el Congreso la responsable de ingresos y egresos, Elena Salgado, el Gobierno sólo les va a pedir “un pequeño esfuerzo”, y “si les preguntamos, seguro que dirán que sí”.

Según fuentes de la Moncloa, el proyecto de Presupuestos que será aprobado el viernes por el Consejo de Ministros puede contener una subida de tres puntos del tramo del IRPF para las rentas que superen 120.000 euros al año. El salto del 42% actual al 45% afectaría a 165.000 declarantes y reportaría unos 130 millones de euros, según datos de la liquidación de 2008. Si la subida se aplica a partir de 100.000 euros, la recaudación será de 185 millones, y si se aplica a partir de 150.000 euros, de 104 millones.

El “pequeño esfuerzo” contrasta con el infligido a todos los empleados del sector público, a las personas dependientes, a los pensionistas y a los no nacidos, y nada tiene que ver con los planteamientos de fiscalidad más justa que esta misma semana expusieron en el Congreso los responsables del Sindicato de Gestores y Técnicos de Hacienda (GESTHA) y los dirigentes de Izquierda Unida (IU) Cayo Lara y Gaspar Llamazares.

Sostuvo el presidente de GESTHA, Carlos Cruzado, que la economía sumergida ya representa una cuarta parte del PIB y si se lograse reducir un 10% se recaudarían 25.500 millones de euros vía impuestos y 13.000 en cotizaciones sociales. Los dirigentes de IU se conformarían con la mitad. Pero, ¿cómo conseguirlo? Con una mayor y mejor lucha contra el fraude y, acaso, como plantea el PP, con unas rebajas fiscales que animen a los defraudadores a poner las cuentas en regla.

Para IU, una política fiscal que no haga recaer la carga del ajuste sobre los más débiles y permita mantener los servicios sociales pasa por duplicar los ingresos de la deuda por fraude (6.115 millones de euros en 2011), aplicar una subida de los tramos del IRPF a partir de 60.000 euros de ingresos --lo que afectaría a 773.000 declarantes, el 3,98% del total, y permitiría un aumento de la recaudación en 2.500 millones de euros--, reponer el Impuesto sobre el Patrimonio --2.120 millones de euros--, elevar el Impuesto de Sociedades al 35% para los sujetos pasivos con una base imponible superior a 30 millones de euros –lo que afectaría a 700 grandes empresas, un 0,12% del total, y aumentaría la recaudación en 5.300 millones de euros-- y por aplicar un tipo del 5%  a las Sociedades de Inversión Colectiva, las famosas SICAV.

Pero todo eso sería fastidiar un poco a los menos ricos y demasiado a los más ricos. Y aunque el efecto electoral negativo sea nulo para el PSOE, pues los ricos no suelen votar a esas siglas y además el presidente Zapatero ha proclamado en la Universidad de Columbia (Nueva York) que “la política fiscal no es de izquierdas ni de derechas”, más vale no molestarles en fechas preelectorales. Por lo demás, ya conocemos la teoría del presidente y de los más listos, entre los que se inscribe el comisario europeo Joaquín Almunia, según la cual “lo verdaderamente de izquierda no son los instrumentos sino la redistribución de la riqueza”. La de los pobres y la clase media baja, se entiende.