La necesaria conferencia de presidentes autonómicos

Hace unos días, el presidente del Senado, Javier Rojo, reclamaba en una entrevista concedida al diario económico Negocio la celebración de una nueva Conferencia de Presidentes autonómicos en el Senado para antes de fin de año. Aunque la iniciativa debe ser del presidente del Gobierno, Rojo cree que ese organismo es “un foro muy adecuado para que entre todos ayudemos a superar esta crisis, objetivo en el que las Comunidades Autónomas son fundamentales”.

El presidente del Senado añadía que ya existen precedentes de cómo las distintas administraciones del Estado pueden sentarse a debatir, por ejemplo de Sanidad, y alcanzar acuerdos para mejorar el servicio a los ciudadanos. Y estima que en esta ocasión, aunque (o porque) las elecciones autonómicas y municipales de mayo están ahí al lado, el Gobierno central y los gobiernos autonómicos como parte del Estado, reunidos en la Conferencia de Presidentes pueden tener una buena oportunidad para superar los debates partidistas y acordar políticas que ayuden a paliar el endeudamiento público y lograr el objetivo de reducción de déficit.

Rojo tiene razón. Sería un buen foro para discutir, por ejemplo, la parte económica de la propuesta del líder del PP, Mariano Rajoy, de “revisar” el Estado de las Autonomías. El líder de la oposición podría apuntarse a la idea de Rojo y forzar que José Luis Rodríguez Zapatero proponga una convocatoria que podría zanjar por consenso asuntos como el que él mismo planteó sobre la conveniencia de acabar con "las patologías derivadas de un uso inadecuado del Estado de las Autonomías", esa “fragmentación normativa que obliga a una revisión profunda del marco institucional en el que opera nuestra economía", según dijo.

Sin embargo, no parece que Zapatero esté por la labor. No hay ningún síntoma de que ni al PSOE ni a CiU ni al resto de los partidos parlamentarios le guste la idea de abrir ahora un debate de tanto calado que presumiblemente obligaría a reformar algunos puntos de la mismísima Constitución y que toca la médula espinal de la política: la economía. De hecho, la vicepresidenta Elena Salgado descartó abrir el melón al asegurar que "no va a ser necesario tomar medidas adicionales para reducir el déficit". Es más, Salgado aprovechó la declaración de Rajoy para atacar al PP por ser capaz de criticar el aumento de la deuda pública y pedir al mismo tiempo que se permitan mayores autorizaciones de endeudamiento para los ayuntamientos.

La vice económica decía eso porque confía en que las CCAA cumplan el acuerdo sobre el objetivo de déficit que se alcanzó el pasado 16 de junio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por el que las autonomías se comprometieron, de forma unánime, a asumir nuevos ajustes y a reducir su gasto durante 2010 y 2011 en 11.000 millones de euros para acelerar la reducción de su déficit, que no podrá superar el próximo año el 1,3% del PIB.

El Gobierno lo tiene muy claro. Si todas las autonomías cumplen, incluidas las del PP, no hará falta modificar los planes ya acordados de reformas económicas. Y cree que cumplirán entre otras cosas porque del total de los 11.000 millones que las comunidades tendrán que dejar de gastar, una parte importante está ya incorporada en los planes de ajuste que establecían la rebaja salarial de los funcionarios, la reducción del gasto farmacéutico y los recortes en la Ley de Dependencia.

Sin embargo, como ya andan unos pidiendo moratorias de pago, otros que se les deje endeudar más y los reotros, fundamentalmente los ayuntamientos, se han sumado a las reclamaciones por aquello de el que no llora no mama, no estaría de más hacer caso a Rojo y convocar esa Conferencia de Presidentes. Aunque sólo fuera para fijar los puntos que, por razones de lucha contra la crisis, deben quedar fuera del debate partidista electoral. Que no está el horno para dejar que se chamusquen los bollos.