Que esperen los etarras

La estrategia del Gobierno está clara. Si ETA y su brazo político, Batasuna, quieren participar en las elecciones municipales y forales del 22 de mayo, sólo tienen una salida: o la desaparición fehaciente de la banda o, cuando menos, que lleve a cabo una declaración tan firme que condene el terrorismo tan claramente como lo ha hecho Aralar, el partido independentista nacido de su mismo vientre. Y la cosa anda tan apurada que, incluso bajo esas circunstancias, el Gobierno lo examinaría con lupa porque, de momento, prima el interés electoral del PSOE. Las encuestas le van tan mal a José Luís Rodríguez Zapatero que no le dan para ir probando a ver qué pasa en ningún ámbito político. Y menos en este.

El rastro de acontecimientos que se inició con el anuncio del alto el fuego de ETA el 5 de septiembre abrió la puerta a la esperanza cuando la izquierda abertzale en la que se subsume la ilegalizada Batasuna reclamó que se le permita concurrir a las elecciones del año que viene. Inmediatamente después, el 25 de septiembre, Batasuna y la legalizada Aralar pidieron a la banda terrorista en Gernika una declaración sobre un abandono definitivo de las armas y, desde el diario Gara, dos etarras respondieron que ETA está dispuesta a dar el paso “si se crean las condiciones” y se articula un diálogo entre la banda y el Gobierno.

Significativamente, el 8 de octubre Patxi López abrió la puerta a la posibilidad de un dialogo entre los partidos democráticos sobre el fin de ETA, poco antes de que Arnaldo Otegi dijera desde la cárcel (en una entrevista que concedió a Brian Currin, el abogado sudafricano que se ha ofrecido como mediador internacional) que rechaza la violencia armada, la Kale Borroka y la extorsión económica que promueve ETA. Al tiempo, Otegi aprovechó para exigir a la organización terrorista que declare una tregua permanente y verificable, de acuerdo con el alto el fuego “permanente, unilateral, incondicional y verificable” que defiende la Declaración del 29 de marzo de 2010 que entregaron al Parlamento europeo, junto al propio Currin, 19 personalidades entre las que se encuentran cuatro premios Nobel de la paz, todos partidarios de que ETA deje las armas de una vez por todas.

Estaba muy bien, pero el Gobierno y el PSOE hicieron sus cuentas. Mientras el PP se oponga frontalmente a la legalización de las “listas limpias” de Batasuna, los socialistas no pueden jugar con fuego si las cosas no están radicalmente claras.

Visto el abismo electoral que empieza a crearse entre las expectativas de voto del PP y las del PSOE (7,9 puntos según el barómetro de octubre del CIS), a Zapatero sólo le faltaba eso, acudir a las urnas el 22 de mayo con una Batasuna aceptadamente camuflada que Mariano Rajoy presentase a los electores como el resultado de una bajada intolerable de pantalones del Gobierno.

Por eso, incluso si se diese el caso de que ETA anunciase en breve su disolución (nunca proclamará su rendición), lo que le interesa al Gobierno es dar largas al diálogo, la negociación o como quiera llamársele. Es decir, alargar el proceso de manera que el fin de ETA se plantee después del 22 de mayo, de cara a las elecciones generales de marzo de 2012 e incluso las próximas autonómicas de marzo de 2013, si para entonces no gobierna el PP.

De hecho, el nuevo ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, dijo hace dos semanas que, de cara a las municipales, ya "no da tiempo" ni siquiera a verificar si Batasuna ha cambiado, por lo que el Gobierno tampoco va a modificar su política sobre la presencia del entorno abertzale en estos comicios. Un mensaje que solemnizó, con vaguedad intencionada, el propio Zapatero la semana pasada, en el Senado, cuando dijo que si Batasuna tiene prisas para estar en las listas de mayo es su problema porque el Gobierno y los demócratas no las tienen.

Zapatero explicó en la Cámara Alta que, cuando dijo que los pasos de la izquierda abertzale no serían “en balde”, había realizado una consideración previa, la de que “son insuficientes, no sirven, no valen”. Y añadió que todos los demócratas tienen acordados un código y unas reglas para aceptar la vuelta de Batasuna a las instituciones, de manera que “o rompe definitivamente con ETA y rechaza la violencia o ETA desaparece”.

Por si acaso, el presidente se reserva un as en la manga: la tramitación urgente en el Congreso de la reforma de la Ley Electoral que pactaron hace unos días en la Comisión Constitucional Txiki Benegas (PSOE) y José Antonio Bermúdez de Castro (PP)). Una reforma cuyo texto persigue arrinconar aun más a Batasuna eliminando todos los resquicios legales que le permitan presentarse en mayo.

El texto incluso va más allá de la Ley de Partidos porque plantea una "incompatibilidad sobrevenida" que llevaría a la retirada del acta a un cargo público ya electo si no condena el terrorismo. Y, de remate, amplía el plazo para anular listas "contaminadas", de modo que la Fiscalía o el Abogado del Estado puedan presentar recursos contra una candidatura hasta una semana antes de la jornada de los comicios, cuando con la ley actual no se puede hacer después del comienzo oficial de la campaña electoral.

Zapatero no está de los nervios como piensan en el PP. Por lo que respecta a ETA, el presidente se ha instalado en la filosofía de que esperen ellos. O que espabilen y aceleren tanto, y tan contundentemente, que ni Rajoy pueda cuestionar su abandono de las armas.