El intolerable limbo del Sáhara

Tras la represión salvaje de la “intifada” saharahui por parte de Marruecos vuelve a situarse en primer plano la desvergüenza española por el abandono del Sahara Occidental con nocturnidad y alevosía. Una desvergüenza sólo superada por la actitud de los gobiernos españoles, uno tras otro, a la hora de mirar para otro lado cuando primero Hassan II y ahora su heredero, Mohamed VI, hacen y deshacen a su antojo en lo que se ha convertido en un auténtico genocidio de los saharahuis que no huyeron a los campamentos de Tinduf y se quedaron en su tierra confiados en que Marruecos respetaría sus derechos, siquiera como ciudadanos.

Ahora, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU aborda este lunes la cuestión de la “intifada” de El Aaiún se pone de relieve de manera patética, una vez más, la forma vergonzante en que España abandonó a su suerte al Sahara Occidental. Y se pone de relieve porque España sigue siendo el perro del hortelano que ni come ni deja comer.

Casualmente, ha caído en mis manos un documento que desnuda con crudeza la traición. Un documento de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 12 de marzo de 2010 en el que se revela la situación de limbo jurídico que vive el pueblo saharahui, cuya República Árabe Saharahui Democrática (RADS) reconocen la Organización de Estados Africanos y más de un centenar de países de todo el mundo, pero no España ni la ONU en su conjunto.

El documento en cuestión es el informe sobre los territorios no autónomos que transmiten anualmente las Potencias administradoras al Secretario General con arreglo al artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas. En virtud de ese artículo, “los Estados miembros de la ONU que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del Gobierno propio se obligan a transmitir regularmente al Secretario General información sobre las condiciones económicas, sociales y educativas de los territorios de los cuales son respectivamente responsables”. Esa información, dice la ONU, “se utilizará para preparar los documentos de trabajo de la Secretaría y será examinada en su período de sesiones anual por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de de la independencia a los países y pueblos coloniales”.

En el anexo del documento que relaciona las fechas en que se ha transmitido la información de las potencias administradoras figuran los informes entregados sobre 2008 y 2009. Y se relacionan los países administrados. EEUU envía informes sobre Guam, Islas Vírgenes de los EEUU y Samoa Americana; Francia sobre Nueva Caledonia; Nueva Zelanda sobre Tokelau; y Reino Unido e Irlanda del Norte sobre todos sus territorios no autónomos (Anguila, Bermudas, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat, Pitcairn y Santa Elena) entre los que incluye nada menos que a Gibraltar.

España también figura en la relación, vinculada al Sahara Occidental, pero nadie envía informe alguno con datos sobre la geografía, la historia, la población y las condiciones económicas, sociales y educativas que exige la ONU “para examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia”. Ni España, ni Marruecos.

El papel está en blanco. Pero el informe hace una acotación significativa en la que se dice que el 26 de febrero de 1976, el Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas informó al Secretario General de que “el Gobierno español, con fecha de hoy, da término definitivamente a su presencia en el territorio del Sahara y estima necesario dejar constancia de que España se considera desligada en lo sucesivo de toda responsabilidad de carácter internacional con relación a la administración de dicho territorio”.

En eso estábamos y en eso, al parecer, seguimos. Sobre todo si nos atenemos a los significativos despistes del ministro de las Presidencia, Ramón Jáuregui, que tuvo que corregir de mala manera la ministra de Exteriores Trinidad Jiménez. Si el Gobierno se pusiera a la cabeza de un sentimiento ampliamente sentido por los españoles, el de presionar a Marruecos democrática, pero enérgicamente, para que devuelva a los saharuis lo que es suyo (o, cuando menos, les ceda una profunda autonomía que les permita administrar libremente sus recursos naturales y su vida política), es muy probable que Mohamed VI no se atreviese a hacer las barrabasadas que está haciendo. Unas barrabasadas ante las que parece que José Luís Rodríguez Zapatero prefiere callar en vez de denunciarlas con la dureza que requieren.