El cámara de Telecinco José Couso murió por primera vez en Bagdad el 8 de abril de 2003. Lo mataron tres soldados americanos al atacar deliberadamente con proyectiles el Hotel Palestina, donde sabían que se alojaban los periodistas extranjeros. Fue asesinado en el ejercicio de su profesión. Ahora es también el periodismo el que nos revela su segunda muerte. Los documentos de la diplomacia estadounidense obtenidos por Wikileaks, y publicados en España por El País, revelan la complicidad del Gobierno español para asegurar la impunidad de los soldados: el segundo crimen.
La ofensa no reside en que la embajada americana tratara de lograr el archivo del proceso por todos los medios, presionando a la Justicia y al Gobierno. Eso entra dentro de lo esperable en un país que ha boicoteado abiertamente cualquier aspiración a una justicia universal. Lo vergonzoso es la incuria, el servilismo y la hipocresía de la parte española. “Conde Pumpido ha dicho que sigue haciendo lo que puede para que el caso se archive”, afirma un cable de la embajada. “El Gobierno español ha ayudado entre bastidores para que los fiscales apelen”, se lee en otro. En un tercero el embajador Aguirre relata que el Ejecutivo español prometió que “pondría todo su empeño en cuestionar la decisión del juez basándose en argumentos técnicos”. Ninguno de los afectados ha negado esas afirmaciones.
Los presuntos responsables de la primera muerte de José Couso fueron el sargento Thomas Gibson, que realizó el disparo desde el tanque, el capitán Philip Wolford, que estaba al mando de la unidad de blindados, y el teniente coronel Philip de Camp, que mandaba el Regimiento de Blindados número 64. Contra los tres dictó una orden de detención internacional el juez Pedraz de la Audiencia Nacional en octubre de 2005, y aún cabe la esperanza de perseguirlos judicialmente, pues el caso sigue abierto en el Tribunal Supremo.
Los presuntos responsables de la segunda muerte de José Couso son aquellos que han trabajado con denuedo por la impunidad de esos soldados, tratando de minar la independencia de la Justicia española y anteponiendo el interés extranjero a la defensa de un ciudadano español, a saber: Juan Fernando López Aguilar, entonces ministro de Justicia; Miguel Ángel Moratinos, ex ministro de Exteriores; y Mª Teresa Fernández de la Vega, a la sazón vicepresidenta. Y por encima de todos ellos, el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, quien a la vileza ha añadido mentira. Se ha escudado en que la fiscalía sólo informó. Y ha añadido: “Esa información es la misma que transmitimos a los opinión pública y a todos los españoles”. Falso. Ni la prensa ni la familia Couso fue informada de que él trabajaba por minar las acciones judiciales.
Un fiscal general no puede responder a acusaciones tan graves con palabras que parecerían un sarcasmo si no fueran una desfachatez. En la figura del fiscal general cobran cuerpo algunas de las ideas más nobles de todo sistema democrático: la Justicia, la igualdad de todos ante la ley, el interés público. Conde-Pumpido encarna hoy la impunidad, el trato de favor a los poderosos y el interés particular. Pero el juicio moral no es pertinente ahora. Lo más urgente es que se produzca su destitución fulminante. Para a continuación encausarle penalmente como presunto encubridor de un crimen de guerra, como coautor de la segunda muerte de José Couso.
Y Reporteros sin Fronteras, organozación que según esas mismas filtraciones de Wikilieaks despacha con la Embajada Americana habitualmente, recomendó a la familia Couso que dejara la vía penal e iniciara acciones civiles en los EEUU para conseguir una indennización monetaria.
El hermano de José Couso respondió que ellos no querían una reparación pecuniaria, si no moral y que se hiciera justicia. ¿Por qué recomendó Reporteros Sin Fronteras que abandonaran las acciones penales contra los asesinos de José Couso? ¿ había recibido esta orden de la embajada USA?
Determinados personajes del gobierno de ZP salen muy mal parados con estas filtraciones, pero Reporteros Sin Fronteras ha perdido definitivamente la poca credibilidad que como ONG independiente pretendía tener.
Gracias a Irene Lozano por esta síntesis, moralmente muy dolorosa, del estado de la cuestión. Estamos ante una bajeza que hiela la sangre. Saludos. Penella