El estado de alarma no impediría a los controladores convocar una huelga

Mientras Zapatero sugería este jueves la posibilidad de prorrogar el estado de alarma el tiempo que se juzgase necesario, el sindicato de los controladores recurría en el Supremo el decreto del Gobierno y la militarización del tráfico aéreo. Haría mal el Gobierno si se empeñara en resolver un conflicto laboral demorando en el tiempo la aplicación de esta situación de emergencia, porque las disfunciones a las que se podría dar lugar rozarían el surrealismo.

Ya se ha explicado aquí suficientemente algunos de los errores del Real Decreto por el que se declaraba la alarma, especialmente la delegación de competencias por parte del Gobierno en el jefe del Estado Mayor del Aire, una delegación que no está contemplada en la ley salvo en el supuesto del estado de sitio.

La regulación constitucional de la alarma no es, dicho sea de paso, un ejemplo de perfeccionismo. Establece como todo el mundo ha aprendido estos días una duración inicial máxima de quince días, que es un período completamente arbitrario, que igual puede bastar o resultar insuficiente. Para la prórroga se hace necesaria la autorización del Congreso de los Diputados, pero ni siquiera se precisa durante cuánto tiempo pueden prolongarse, por lo que sería teóricamente posible mantener indefinidamente el estado de alarma sobre el tráfico áereo.

En estos momentos, un colectivo cercano a los 2.400 civiles –cuya irresponsable conducta en este crisis no admite atenuantes, como ellos mismos han reconocido- está movilizado y puesto a las órdenes de una autoridad militar, pero esa movilización no les asimila a la condición de militares en cuanto al ejercicio de sus derechos constitucionales.

A diferencia del estado de excepción, en que el que pueden ser suspendidos, entre otros derechos, los referidos  a la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, la libertad de expresión, tránsito, residencia, reunión, manifestación y el derecho de huelga, y del de sitio, quer añade a los anteriores la suspensión de las garantías que tiene todo detenido, el estado de alarma no conlleva la suspensión de derecho alguno salvo una posible limitación de la libertad de circulación. En consecuencia, ni siquiera prevé la suspensión de los derechos de huelga o de conflicto colectivo, aun cuando puedan estar en el origen de la propia declaración de alarma.

Por tanto, los controladores podrían perfectamente convocar una huelga o plantear un conflicto colectivo sin contravenir  precepto legal alguno. En el supuesto de la huelga se daría pie a una situación realmente insólita, ya que sería el jefe del Estado Mayor del Aire el que tuviera que negociar con los controladores los servicios mínimos. Un militar, que no tiene reconocido este derecho, sería el encargado de limitar el ejercicio de la huelga a quienes sí lo tienen. ¿Quieren más surrealismo?