Que discriminar no salga gratis

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El viernes pasado, por fin, el Consejo de Ministros dio el visto bueno al anteproyecto de la Ley para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, tan querida y postergada por José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente pensó convertirla en la primera ley que aprobase el Parlamento en esta legislatura. Pero topó, claro, con la Iglesia. Y en este caso, al tiempo, con el Ejército. Así que, ahora, ni siquiera sabemos si dará tiempo a ponerla en funcionamiento antes de las generales, aunque el Gobierno lo intente.

La ley tiene dos objetivos básicos. El primero, prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación por razón de nacimiento, de origen racial o étnico, sexo, religión, convicción y opinión, edad, discapacidad y orientación o identidad sexual. El segundo, proteger y reparar a las víctimas. En definitiva, según manifiesta el propio Gobierno, se trata de una Ley de Garantías para que discriminar no salga gratis. Porque, aunque la Constitución recoge el derecho a la no discriminación, lo que se quiere es garantizar que se cumple de manera efectiva.

Ahí, en la efectividad, está, por ejemplo, el problema fundamental en relación con la Iglesia y la milicia. Porque uno de los retos es que en el Ejército se trate por igual a los representantes de la Iglesia Católica que a los de otras religiones, de manera que deberían eliminarse en su funcionamiento –de momento no está claro- todos los símbolos y manifestaciones católicas (parece que podrían excluirse las que se corresponden con la tradición, como los desfiles en las procesiones de Semana Santa, algo que, no obstante, critican los parlamentarios laicos del PSOE porque consideran que debe erradicarse de una vez por todas la imagen de la fusión entre el fusil y la cruz, de tan infausta y lacerante memoria tras la Cruzada de la Guerra Civil).

En términos genéricos, la ley definirá conductas que constituyen una infracción de discriminación  y establecerá multas y otro tipo de sanciones para prevenir y erradicar esas conductas. No obstante, el propio Gobierno destaca que la ley “persigue tener un fuerte carácter pedagógico y por ello da prioridad a la mediación o la conciliación, por encima del carácter represivo o de sanción”. En línea con las existentes en la Unión Europea, la ley que elabora el Gobierno responde a la normativa europeade protección frente a la discriminación, la que obliga a todos los Estados miembros a tener un marco legal que incluya, al menos, la prohibición de discriminación y elementos definitorios, la previsión de infracciones y sanciones, la legitimación de organizaciones, el resarcimiento de las víctimas y la creación de un Organismo independiente para la defensa de la Igualdad de Trato y la No Discriminación. El texto gubernamental añade otros motivos de discriminación que responden a la evolución de la sociedad, como la discapacidad, la edad, la enfermedad o la identidad y orientación sexual.

La ley se aplicará a todas las personas, incluso las jurídicas, y en todos los ámbitos. Significativamente, el Gobierno hace referencia al del empleo, a los de las afiliaciones a patronales o sindicatos, la educación, la salud, los servicios sociales, el acceso a la vivienda y los establecimiento o espacios abiertos al público, donde pueden incluirse las iglesias, las mezquitas y otros centros de culto de todo tipo de religiones. De momento, el Ejecutivo no cita el ámbito castrense.

También se pretende regular el respeto a la igualdad de trato en los medios de comunicación y se considerará publicidad ilícita la que contenga elementos discriminatorios por las causas previstas en la ley. Para ejecutar el control, se creará un órgano independiente que preste asistencia a los afectados y promueva fórmulas de mediación o conciliación entre las partes, siempre con su consentimiento. Ese órgano podrá investigar por cuenta propia la existencia de posibles situaciones de discriminación, ejercitará acciones judiciales en defensa de los derechos derivados de la igualdad de trato y concentrará las funciones y recursos de otros órganos que velan actualmente por la no discriminación.

El Gobierno cree que, en definitiva, esta ley situará a España entre los Estados de nuestro entorno que cuentan con los mecanismos necesarios para luchar contra la discriminación. Habrá que esperar, no obstante, a ver cómo se aborda la igualdad de trato con la Iglesia Católica y en el Ejército. Además, claro, de tener en cuenta que su aprobación quedará en manos de los nacionalistas catalanes y vascos, de tendencias tan cristianas como las del PP. Por eso sólo cabe concluir con el habitual “continuará”.

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